Opinión


Pedro Gutiérrez


El Supremo Poder Conservador: Primer Tribunal Constitucional en México


La Carta Fundamental expedida en 1836 al amparo de la vorágine centralista, cuenta con una gran calidad en materia de dogmática constitucional. En el campo de la organización de los poderes públicos, divide el ejercicio de aquellos en cuatro ramas: el supremo poder conservador, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. No se trata, luego entonces, de la clásica división del ejercicio del poder que conocemos desde Locke y Montesquieu e, incluso, los grandes clásicos griegos, pero tampoco nos encontramos en puridad constitucional ante cuatro poderes ejerciendo el poder desde el punto de vista formal.


Para entender mejor lo anterior, vamos a explicar someramente la organización institucional de la referida Constitución. La segunda ley de la Carta Fundamental de 1836 establece la organización y funcionamiento del supremo poder conservador; el artículo 12 de la segunda ley establece, entre otras facultades, las siguientes: “…I. Declarar la nulidad de una ley o decreto…cuando sean contrarios a artículo expreso de la Constitución…;…II. Declarar, excitado por el poder legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la Constitución o a las leyes…;…III. Declarar en el mismo término la  nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes y solo en el caso de usurpación de facultades...”.


Puede percibirse la importancia superlativa de todas las facultades anteriormente escritas relacionadas con el Suprema Poder Conservador, que lo convirtieron en la institución más relevante de los poderes públicos que consagró la Constitución centralista de 1836. Es importante la primera de las facultades enunciadas, relacionada con la atribución de sancionar las leyes congresionales, esto es, de autorizar o no su expedición y consecuente vigencia; en la actualidad, dicha facultad se encuentra en la órbita del Poder Ejecutivo, quien puede hacer observaciones a las leyes que le envía el Congreso de la Unión –observaciones conocidas coloquialmente como veto-.


Ahora bien, no sólo frente al Poder Legislativo el Supremo Poder Conservador tenía un control político, sino que también frente al Poder Ejecutivo realizaba funciones controladoras con respecto a sus actos administrativos; lo mismo sucedía con respecto a los actos de la Suprema Corte de Justicia. Con estas dos atribuciones, es claro que el Supremo Poder Conservador se erigió como un “súper poder”, con facultades de control constitucional a partir de su naturaleza de órgano político, en razón de que tenía la capacidad de revisar los actos de los poderes legislativo y ejecutivo. En el supuesto caso de que los poderes ejecutivo, legislativo o judicial desapareciesen o resultasen disueltos, el órgano político encargado de restituirlos en su funcionamiento era el mismo Supremo Poder Conservador.


Como puede apreciarse, el Supremo Poder Conservador era un órgano político de control constitucional; tenía un ánimo de permanencia y definitividad, es decir, de erigirse en una institución vigente independientemente de los vaivenes a los que estarían expuestos los otros poderes y con la última palabra en materia política y del orden constitucional mexicano.


También es necesario señalar que el Supremo Poder Conservador ha sido históricamente malinterpretado, esto es, que a partir de su misma denominación muchos juristas e historiadores han apuntado que consistió en una creación de la facción conservadora del siglo decimonónico para mantenerse perpetuamente en el poder. Nada más alejado de la verdad que lo anterior, pues como dice el maestro José Barragán Barragán, “…la Segunda Ley se ocupó de la organización del famoso y mal comprendido (sin estudiarlo, casi todos los autores habla mal de él) Supremo Poder Conservador)…”. Acto seguido, el mismo maestro Barragán señala que el Supremo Poder Conservador es pionero de los actuales tribunales constitucionales, en su carácter de tribunal de control político: “…después de  valorar la importancia de los tribunales que conocen de la constitucionalidad de los actos de todos los poderes y autoridades de un Estado, no debe parecernos sino que el Supremo Poder Conservador fue el primero en la historia de estos tribunales constitucionales, lo cual lejos de ser un vituperio, fue un gran adelanto…”.

 

Más allá de filias y fobias, me parece oportuno dedicar esta entrega al estudio de tan relevante institución en el sistema constitucional mexicano; lo anterior porque nadie duda cuán lamentable puede ser que, por cuestiones meramente políticas y maniqueas, nos sustraigamos del análisis del que fue, sin duda, el primer Tribunal Constitucional en el sistema jurídico mexicano.

 

PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ VARELA

Miembro del Comité Directivo Estatal del PAN

 



 
 

 

 
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