Opinión


Pedro Gutiérrez

12/02/2009

Sobre la Constitución y su aniversario


La semana pasada leí con atención –como siempre lo hago por diversos motivos- el artículo de mi copartidario Raymundo García, relacionado con el aniversario XCII de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917. De acuerdo estoy con Raymundo en el sentido de la desvalorización cívica en la que hemos incurrido los mexicanos a tal grado que ya casi nadie recuerda una fecha tan significativa como lo es la del 5 de febrero –acaso los mexicanos de antaño recordaban mejor la fecha pero no por la conmemoración cívica, sino por la conmemoración religiosa relacionada con San Felipe de Jesús, cuyos restos descansan en la catedral metropolitana junto a uno de los padres de la patria, don Agustín de Iturbide-.


Sin embargo, desde este medio me permito disentir en lo que resta del artículo de tan respetado académico. Aclaro, de paso, que vale la pena disentir cuando se exponen argumentos objetivos; además, poco importa que ambos pertenezcamos al mismo partido, Acción Nacional, porque en todo caso la diferencia de opiniones enriquece la vida intelectual de nuestra institución.


Me parece que a la Constitución mexicana no se le puede asignar el adjetivo renovador o estabilizador del sistema político mexicano –en una especie de apología de la misma- y al mismo tiempo ser represora de los anhelos de libertad del pueblo de México y darle vida a la época de oro del agobiante modelo de partido hegemónico –como lo dice Raymundo García-. En efecto, la Constitución sirvió para legitimar, en el mejor de los casos, al sistema político mexicano impulsado por Plutarco Elías Calles, justificando un sistema autoritario que hizo nugatoria cualquier libertad política para los ciudadanos.


En todo caso, la Constitución fue adecuándose al tenor de las exigencias políticas del autoritarismo priísta: ha sido objeto de numerosas reformas desde 1917 hasta la fecha, que van desde las que aumentaron en su momento las facultades del Congreso (1921-1923), pasando por las que forjaron un sistema megapresidencial (1926-1977), hasta aquellas que paulatinamente fueron determinando un mejor equilibrio entre los poderes federales (1977-1996).


Todas las reformas constitucionales en sus diferentes etapas – aproximadamente 450 hasta el año pasado, aunque el número exige mayor precisión y siempre dependerá del criterio que se utilice, por ejemplo, si se toman en cuenta los artículos reformados, o las fracciones o los incisos de los artículos, o bien los decretos-, fueron implementadas bajo la realidad del autoritarismo mexicano que imperó en el siglo XX, lo que convierte a nuestra Carta Fundamental en una de las más reformadas y longevas del mundo, como dice Porfirio Muñoz Ledo: “…de los 30 Estados latinoamericanos y del Caribe, sólo México mantiene su misma Constitución desde antes de la segunda guerra mundial y  es una de las 5 más antiguas del planeta…”.


La reformabilidad de la Constitución no ha sido necesariamente pensando en la estabilidad del sistema político, sino en la permanencia de un grupo en el poder –la camarilla revolucionaria que nos gobernó el siglo pasado- para perpetuarse en él. Uno de los iconos de la revolución y el autoritarismo como lo fue Fidel Velázquez dijo en su oportunidad que así como llegaron por la vía de las armas al poder, sólo de esa misma manera podrían sacarlos del mismo. Se observa que la clase política era francamente irrespetuosa del orden constitucional porque nunca lo conoció o, en el mejor de los casos, porque como en todos los autoritarismos, no se acataba a cabalidad.


Las reformas que señalamos líneas arriba que confirieron a los poderes públicos un mejor equilibrio entre ellos no han sido suficientes para garantizar una gobernabilidad democrática eficaz o una democracia socialmente útil para los ciudadanos; y es que estamos en presencia del fenómeno en el que las mismas instituciones han regido para el México autoritario y para el México democrático. Y ahora que estamos instalados en este México democrático y plural, las instituciones comienzan a denotar ciertas fallas que por el momento no han provocado una crisis institucional, pero sí han arrojado parálisis y visos de ingobernabilidad. Más que estabilidad, orientación y transformación como le llama Raymundo, la Constitución ha soportado los embates de la nueva realidad política y social, pero sus pilares, me parece, pueden ser muy frágiles para garantizar la gobernabilidad en el futuro.

 

Todo lo anterior sin mencionar que la Constitución vanagloriada por su carácter estabilizador del sistema fue el instrumento represor de la lucha opositora en el país –entre otras, la lucha panista y la lucha de las izquierdas pensantes-. Somos los primeros en reconocer las enormes dificultades que implican las reformas estructurales del tipo político; pero también es cierto que el país está a tiempo para redefinir su andamiaje institucional, preservando lo mejor de nuestro constitucionalismo mexicano y, al mismo tiempo, insertando aquello que sea necesario para garantizar la gobernabilidad democrática o bien, como lo dicen no pocos autores, buscar un nuevo y mejor instrumento constitucional que sustente nuestra democracia vigente y olvide las reminiscencias del autoritarismo al que huele la conmemorada Constitución de la revolución.

 

PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ VARELA

Miembro del Comité Directivo Estatal del PAN

[email protected]

 



 
 

 

 
Todos los Columnistas