Opinión


Pedro Gutiérrez


TRANSICIÓN POLÍTICA Y TRANSICIÓN JURÍDICA


México ha ido evolucionando aceleradamente su transición política al menos desde la pasada década. Desde 1917, año en el que el Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza expidió la Constitución vigente, nuestro país se desenvolvió al amparo de un régimen autoritario y bajo el dominio de un partido dominante y hegemónico.


La transición política comenzó a labrarse a partir de acontecimientos aislados pero relevantes: las grandes huelgas de los médicos, los ferrocarrileros y, sobre todo, las manifestaciones estudiantiles que de a poco se fueron extendiendo en el país. El punto culminante de estos movimientos fue el acontecimiento preolímpico del 2 de octubre de 1968, día en el que las armas de la política fueron rebasadas por la política de las armas para reprimir a decenas, centenas y hasta miles de jóvenes universitarios. La coyuntura de 1968 –que incluso el propio Presidente Díaz Ordaz aceptaría como responsabilidad política y moral suya- sembró el germen de una sociedad que se comenzaría a liberalizar. Las transiciones políticas –dicen los teóricos de la transición- pasan por dos etapas preclaras: la liberalización de las sociedades y la democratización de sus instituciones. Con los movimientos estudiantiles de 1968, el régimen inició su liberalización. Muchos acontecimientos posteriores como las crisis económicas, los procesos de nacionalización y estatización, las devaluaciones, la explosión demográfica y el incremento de la competencia electoral en los estados y municipios, fortalecieron la liberalización societal arrojando una mayor conciencia entre los hombres y mujeres de nuestro país.


No es sino hasta la década de los noventa que nuestra Constitución sufre sendos cambios que van generando paulatinamente el proceso de democratización de la transición política. La reforma al campo mexicano (art. 27 constitucional), a la situación jurídica de las iglesias (art. 130 de la Ley Fundamental), la autonomía de los órganos electorales, del Banco de México, de los órganos defensores de los derechos humanos y la independencia del Tribunal Electoral para pasar a formar parte del Poder Judicial de la Federación fueron consolidando y fortaleciendo las instituciones nacionales. La alternancia en el poder verificada en el año 2000 reforzó nuestra transición política y detonó muchas variables que en el camino los diversos actores han tenido que sortear.


La transición jurídica es posterior a la transición política; de hecho, las transiciones jurídicas se comienzan a verificar en la etapa democratizadora de las transiciones políticas. Y es que la democratización de los regímenes es fundamentalmente un fortalecimiento de las instituciones elementales del Estado, y ese fortalecimiento pasa por un conjunto de cambios jurídico-constitucionales que los actores de la transición deben impulsar.


México se encuentra a las puertas de consolidar esta transición jurídica; al menos, esa es la tarea del Congreso, del Presidente de la República, los partidos y en general los actores políticos del sistema para los próximos años. La transición política ya se consolidó pero ésta ha venido demostrando que la apertura y libertad democrática no es compatible con las reglas del juego que establece la Constitución vigente de 1917.


Las reglas del juego con las que los poderes públicos y actores políticos deben actuar en el siglo XXI no comparten la esencia democrática del escenario vigente. Y es que dichas reglas del juego sirvieron para operar un régimen hiperpresidencial durante la mayor parte del siglo XX, pero no son funcionales a un régimen de gobierno dividido con amplia pluralidad política como el que hoy vivimos. Por ello, es menester que la transición jurídica acabe por echar sus raíces y coadyuve con la transición política que ha venido consolidándose. La transición jurídica implica adentrarse en las reformas que requiere urgentemente nuestra Ley Fundamental para hacer más efectivo el sistema electoral, insertar los instrumentos que refuercen la cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo, incentivar el régimen de rendición de cuentas y la transparencia y, en general, hacer de nuestra democracia una democracia socialmente eficaz.


Si nuestros legisladores y el Presidente Felipe Calderón asimilan esta coyuntura, México podría comenzar el siglo XXI con el liderazgo global suficiente que le urge a la región más atrasada del orbe, es decir, América Latina. Sólo se requiere voluntad política para encontrar los puntos de coincidencia entre los actores nacionales y una auténtica prueba de fuego lo es el posible consenso en materia petrolera. Los poderes públicos y los partidos deben dar la muestra –ahora o nunca- de tener disposición para emprender cambios que nos arrojen a la transición jurídica. Ésta última, luego entonces, será la punta de lanza para un México más fuerte en sus instituciones, un México que privilegie la democracia y el estado de derecho.  

 

PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ VARELA

Miembro del Comité Directivo Estatal del PAN

 



 
 

 

 
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