Opinión

Pedro Gutiérrez

La figura de jefe de Gabinete en las relaciones Ejecutivo-Legislativo

Mucho se habla en estos días de nuestra Constitución, de su longevidad, de su diseño, su redacción, su articulado, instituciones y dogmática en general. El debate sobre nuestro constitucionalismo es amplio;  lo mismo discuten sobre la Ley Fundamental académicos que políticos, ciudadanos y estudiosos del derecho. En la realidad política nacional de inicios del siglo XXI, el diseño institucional que tenemos los mexicanos es motivo de amplias disquisiciones, razón por la cual los estudiosos de la materia —desde el punto de vista científico— debemos aprovechar la coyuntura para hacer mejores análisis de nuestro marco constitucional y determinar, consecuentemente, si es posible adaptarlo y en su caso mejorarlo para su mejor funcionamiento.

En este contexto, una de las partes torales de nuestra Constitución que más se analiza es la relativa a la parte orgánica, es decir, al apartado que diseña y establece la estructura y funcionamiento de nuestro sistema político. Los académicos y la clase política han venido señalando la necesidad de adecuar el diseño institucional  de nuestra Carta Magna e, incluso, se habla de una reforma profunda que modifique nuestro régimen presidencial por uno del tipo parlamentario. Los académicos —en este ámbito de ideas— aprovechan para discutir también sobre la pertinencia de cambiar nuestra Constitución, basados en la argumentación de que si se cambia la forma de gobierno ha de cambiarse, consecuentemente, el continente mismo, es decir, la Ley Fundamental. Es el caso de Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas y otros, quienes apuntan la necesidad de modificar nuestro sistema presidencial y, por tanto, aprovechar la coyuntura para impulsar la redacción de una nueva Constitución para un México cada vez más democrático. El que esto escribe era partidario de dicha hipótesis, pero dicha posición reconozco que ha evolucionado con el paso de los años.

Lo cierto es que las discusiones sobre el cambio de Constitución han venido a menos, y mucho de ello ha sido motivado por la inercia de un amplio sector todavía predominante en México que creció con el discurso histórico de las bondades de nuestra Constitución social de derecho, su carácter revolucionario y lo mucho que en teoría le ha dado al pueblo. También se ha caído la discusión por la falta de mecanismos claros que posibilitarían el cambio integral de la Ley Fundamental, y que deja como única vía —legítima o no— la de la revolución. Finalmente, también ha disminuido considerablemente el debate después de que los actores políticos han constatado que la transición se ha desenvuelto sin sobresaltos y que el clima de gobernabilidad, si bien no es el óptimo, tampoco ha provocado una parálisis tan profunda como muchos pronosticaban.

Resulta que el diseño gubernativo que hoy en día tenemos los mexicanos —por razones históricas y geopolíticas— es el del sistema presidencial. Como tal, el sistema presidencial ha servido a los gobernantes del México autoritario del siglo XX para justificar un poder omnímodo y metaconstitucional; nuestra hipótesis en este ensayo consiste, por lo tanto, en señalar que ese mismo sistema presidencial debe subsistir en la nueva realidad política más plural, diversa e incluyente. Pero no solo debe subsistir, sino que además debe demostrar que funciona para el sistema democrático y que es base y sustento de la gobernabilidad.

Para que el sistema presidencial sea el continente de una gobernabilidad democrática eficiente y eficaz, el texto constitucional debe adaptarse para hacer más flexible el ejercicio del poder en aras de un mejor clima de entendimiento entre las fuerzas políticas nacionales. Y es que, desde hace no pocos años, la integración de los poderes ejecutivo y legislativo mexicanos se ha radicado en la pluralidad, arrojando como consecuencia la posibilidad de un escenario que llegó para quedarse: los gobiernos divididos o sin mayoría.

¿Cómo lograr que nuestra democracia sea eficaz y rinda cuentas a los ciudadanos? ¿Cómo podemos alcanzar, en el contexto de nuestro sistema presidencial, una relación más efectiva entre los poderes de la unión? Al final del camino, lo que no podemos permitir es que, habiendo logrado una democracia electoral y una transición pacífica, los mexicanos no seamos capaces de instrumentar mejores mecanismos de colaboración entre los agentes gobernantes que integran los poderes públicos. La parálisis e ineficacia de las instituciones serían los verdugos de la propia democracia, porque terminarían matándola ante el desencanto de todos.

La figura de primer ministro o jefe de Gabinete podrían insertarse en el texto constitucional para garantizar una mejor gobernabilidad democrática, antes de seguir pensando en caminos más sinuosos y tortuosos como los serían el cambio de forma de gobierno o, peor aún, el cambio de Constitución. En los archivos de las cámaras legislativas existen no pocas iniciativas que proponen la creación de una figura constitucional de esta naturaleza. Me parece que la figura de primer ministro o jefe de Gabinete implicaría una reforma política de segunda generación que generaría mejores condiciones de gobernabilidad. En este orden de ideas, durante los próximos años debería repensarse el andamiaje institucional que facilite, indefectiblemente, las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo.

PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ VARELA

Miembro del Comité Directivo Estatal del PAN