Poder y Política


IVÁN GALINDO
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13/04/2012

 

La reunión en Casa Aguayo


La semana pasada ocurrió un hecho que pasó cuasi desapercibido para la opinión pública. Resulta que, en un día hábil, en horario laboral, en una oficina pública, y con la presencia de funcionarios públicos, asistieron dos candidatos panistas a diputados federales. ¿Sus nombres? Néstor Gordillo (ex Secretario de Desarrollo Social) y Blanca Jiménez Castillo (ex Directora del Instituto Poblano de la Mujer); ambos, ex funcionarios de la actual administración estatal.


Más allá de la violación a la ley (y las consecuencias legales que se tendrían que dar), lo preocupante es el descuido de las formas de un gobierno que se dice “diferente”, o mejor dicho: las malas prácticas de un gobierno que prometió “honestidad y apego a la ley…”


Analicemos primero la parte legal: Si un ex funcionario público se presenta en una dependencia pública, para participar en una reunión oficial, comete un delito. Pero si ese mismo ex funcionario es además candidato a un cargo de elección popular, entonces se trata de un delito electoral.


De acuerdo a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, los funcionarios públicos están obligados a utilizar exclusivamente para los fines a que estén afectos, los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo (artículo 50 fracción III).


¿Utilizar una oficina pública como Casa de Campaña (de dos candidatos) es hacer un uso responsable de los recursos?


La justificación de los organizadores de dicha reunión fue absurda: dijeron que se trató de “una reunión de funcionarios y ex funcionarios de varias dependencias, debido a una reestructuración que se va a realizar en la administración estatal…”


¿Usted les cree? Yo tampoco. Pero suponiendo que así haya sido (suponiendo sin conceder) esto también representa una falta legal, ya que, de acuerdo a la misma Ley de Responsabilidades, los funcionarios deberán de abstenerse de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión, después de concluido el periodo para el cual se le asignó o después de haber cesado, por cualquier otra causa en el ejercicio de sus funciones (artículo 50 fracción IX).


Los organizadores de la reunión dijeron que, convocaron a los ex funcionarios porque “tenían dudas acerca de las dependencias que tuvieron a su cargo…” ¿no acaso hubo un proceso de entrega-recepción? Y de ser cierto que existían “dudas” ¿no acaso es la Contraloría la encargada de citar a los ex funcionarios?


Pero el asunto no termina ahí, de acuerdo al Código Penal Federal, “se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato (sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado); o proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.


Como se podrá ver, la dichosa reunión de la semana pasada estuvo plagada de irregularidades, y quienes la organizaron tienen un menudo problema legal, claro, si es que alguien presenta la denuncia correspondiente


Por lo anterior, no es casual que Fernando Manzanilla, Secretario General de Gobierno (titular del área donde se desarrolló la reunión) haya dicho que “él no tenía conocimiento de dicha reunión…”


¿Usted le cree? Yo tampoco. ¿Cómo es posible que el hombre más poderoso del estado (después del gobernador) no haya tenido conocimiento de la reunión? ¿La hicieron sin su consentimiento? ¿Se lo saltaron? ¿Le querían dar una sorpresa? ¡Por favor!


No sé qué es más grave, que el Secretario no haya tenido conocimiento de la reunión (entonces de qué sirve), o que haya tenido conocimiento y la haya autorizado.

 

Lamentable por donde se quiera ver la reunión en Casa Aguayo…

 



 
 

 

 
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