El día de ayer se escribió otro capítulo penoso para la democracia en Puebla. ¿Los protagonistas? Nuevamente los diputados. ¿Los afectados? Los ciudadanos y la justicia. Veamos.
La democracia no solamente es un sistema de elecciones justas, sino una FORMA DE VIDA que busca la construcción de instituciones dignas; con gobernantes capacesy honestos; dentro de un estado que garantice la división y autonomía de poderes; con gobiernos que respeten los derechos políticos y sociales; con mecanismos que garanticen la rendición de cuentas de las autoridades, así como el acceso a la información pública en un marco de transparencia; con medios de comunicación que informen objetivamente, SIN CENSURA; y con una sociedad interesada y participativa en los asuntos públicos.
Eso es, en términos generales, un estado democrático moderno, y eso es justamente lo menos que ha propiciado la actual legislatura local.
¿Cómo podemos tener los ciudadanos la certeza de que el próximo año habrá elecciones justas si los diputados eligieron como consejeros electorales a personajes vinculados con el actual gobierno? Mismo caso con los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Cómo vamos a tener acceso a la información pública de manera transparente si los propios diputados bloquearon la participación ciudadana en la renovación de la comisión encargada para tal fin? ¿Cómo confiar en la división de poderes en Puebla si el Poder Legislativo —en lugar de legislar— sólo aprueba lo que les manda el Ejecutivo? ¿Y cómo confiar en nuestras instituciones si la máxima instancia de impartición de justicia en Puebla (ahora) también presenta personajes vinculados al gobernador?
Parece reiterativo escribir, semana tras semana, acerca de los actos incongruentes e inverosímiles de los diputados, y cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo y que no podía haber algo más grotesco, siempre nos sorprenden con algo más.
Tal es el caso que el día de ayer, las y los diputados eligieron a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado, de entre los cuales destaca un caso muy particular. Se trata de Roberto Grajales Espina, expresidente estatal del PAN y operador político del hoy gobernador durante la campaña de 2010, motivos que por sí solos serían suficientes para hacer inviable su postulación; pero por si eso fuera poco, hay que destacar también que el señor Grajales carece de experiencia (trayectoria) en el Poder Judicial, ya que como se puede constatar en su currículum, ha sido diputado local, delegado federal de Relaciones Exteriores, delegado de la SCT, abogado postulante, y director general del Consorcio Mexicano de Servicios Legales (sic).
¿Puede una persona con estas características alcanzar una nominación tan alta como la de magistrado? ¿Garantiza una adecuada impartición de justicia? ¿No acaso los juzgadores tendrían que ser apartidistas para garantizar imparcialidad? ¿Y su cercanía con el gobernador tampoco le resta imparcialidad? Los diputados opinaron que no. Quizá pensaron que estaban escogiendo a un coordinador administrativo en lugar de un magistrado. Sólo así se entiende su decisión.
Imagine que el gobierno del estado lo demanda a usted, amigo lector (que no sería descabellado, como en el caso de los periodistas), y que su asunto llegue al escritorio del flamante magistrado Roberto Grajales. ¿Usted se sentiría protegido por la justicia sabiendo que el encargado de impartirla fue operador del gobernador? Yo no.
Lo que aprobaron ayer los diputados no fue algo menor. Escogieron a un magistradopanista que durará en funciones alrededor de ¡¡veinte años!! ¿Habrán pensado en eso los diputados? Debido a la importancia del cargo y a la duración del mismo, resulta fundamental garantizar la imparcialidad de quien lo ostente, algo que pasaron por alto los señores legisladores, quienes el día de ayer, literalmente, hipotecaron la justicia por tres sexenios; algo simplemente imperdonable.
¿Qué más sigue, que los diputados aprueben la reelección de Moreno Valle hasta por tres periodos? Sólo eso les falta…
