Poder y Política


Manuel Cuadras

09/07/2009


Blanca Pilatos


El pasado Domingo ocurrió un suceso trágico que cobró la vida de una menor. El hecho lo conocemos todos: un árbol seco en pleno zócalo de la ciudad, se partió debido a las intensas lluvias de los últimos días, a lo añejo del árbol, y por supuesto a la negligencia e incapacidad de las autoridades municipales.


En torno a este lamentable suceso existe toda una historia de omisiones, displicencia y errores del Ayuntamiento capitalino, ¿quién es el responsable de todo ello? ¿Se pudo evitar? ¿Cuál ha sido la postura de los funcionarios? Veamos.


Por principio de cuentas, es necesario aclarar que no se trata de hacer leña del árbol caído (literalmente), mucho menos cuando existe una familia afectada de por medio, lo que ésta desafortunada experiencia nos debe dejar, es reflexionar qué es lo que se está haciendo en materia de prevención y protección ante las contingencias naturales.


Mucho se ha hablado sobre estos temas: “El Ayuntamiento se preocupa por sus ciudadanos”. “En Puebla sí hay una cultura de la prevención”. “Se están tomando las medidas necesarias…” Bla, bla, bla. Lo cierto es que, es justamente ante este tipo de desgracias, cuando nos damos cuenta lo ineficientes e irresponsables que son las autoridades.


Cierto es que se trató de un accidente, pero no por ello se justifica la labor (u omisión) de los responsables. Prevenir significa: conocer de antemano un daño o perjuicio y tomar las medidas necesarias para evitarlo. ¿Se tenía conocimiento del daño que podía causar ese árbol? SÍ. ¿Se tomaron las medidas necesarias? Lamentablemente NO. ¿Dónde estuvo el error? Vayamos por partes.


A finales del año pasado, el Ayuntamiento modificó su estructura orgánica, concretamente en lo referente a la prestación de los servicios públicos. Estas modificaciones surtieron sus efectos a partir del 1 de enero de 2009, fecha en que entraron en vigor las reformas hechas al Código Reglamentario Municipal (Coremun). Entre otras cosas, las modificaciones incluían la creación de una “Agencia Municipal de Protección al Ambiente”, que sería la encargada de “mejorar los servicios públicos municipales, cuidando el entorno ambiental de la ciudad”. El surgimiento de esta nueva dependencia hay que entenderla en el marco de la “guerra fría” que se vivía (y se vive) entre el Gobierno municipal y el sindicato de trabajadores del ayuntamiento, la llegada de Juan Carlos Morales Páez a la nueva dependencia, surgió de la idea de quitarle el control de los servicios públicos al Sindicato, control que por cierto, se lo otorgó la propia alcaldesa al nombrar a un sindicalizado como director de Servicios Públicos.


Cabe decir que en la sesión de Cabildo en que se aprobaron las modificaciones al Coremun, los regidores priistas no quisieron debatir el Reglamento Interno de la Agencia recién creada, ¿por qué? Sólo ellos lo saben, pero haciendo uso de su aplanadora mayoritaria, votaron para que el reglamento fuera “discutido y analizado” en la oscuridad y lejanía de las comisiones (y no en el pleno de Cabildo ante los medios de comunicación).


Con la creación de la dichosa Agencia comenzaron las confusiones y duplicidades. ¿Quién decidía qué servicio otorgar, el director de Servicios Públicos o el director de la Agencia? ¿Quién priorizaba las acciones, Servicios Públicos o la Agencia? En suma, el personal operativo ¿a quién obedecía: a Odilón Hernández (sindicato) o a Juan Carlos Morales (enviado de la presidenta)?


Así las cosas, entre jaloneos y disputas por el control interno, llegaron los tiempos de lluvias. El personal de Parques y Jardines solicitó al director de la Agencia: materiales, maquinaria y equipo para realizar los trabajos que la presidenta anunció en diversos medios de comunicación, ante eso, Juan Carlos Morales Páez NO suministra el material solicitado, aduciendo falta de recursos (…), sin embargo, otorga un contrato por 10 millones de pesos a una empresa particular para que se encargue de la poda, despunte y derribo de árboles en la ciudad. ¿Por qué otra vez otorgar contratos a empresas privadas por trabajos que puede realizar el Ayuntamiento? ¿Y la política de austeridad? ¿No hubiera sido mejor dotar de las herramientas necesarias al personal del Ayuntamiento, en lugar de darle un jugoso contrato a un particular? ¿Será por “amiguismo”?


Pero eso no termina ahí, una vez contratada la empresa, los trabajos se comenzaron a realizar sin un plan de trabajo, es decir, ¿por qué no se derribaron primero los árboles detectados como de alto riesgo? ¿Bajo qué criterio se guiaron para podar, despuntar y derribar árboles? ¿Al ahí se va? ¿De tín marín? ¿No era más lógico iniciar con un árbol reportado desde octubre de 2008? ¿Por qué Juan Carlos Morales no ordenó el derribo de ese maldito árbol aún cuando la directora de Turismo le advirtió (2 meses antes) que representaba un riesgo?


El 21 de Abril la directora de Turismo le solicita a Juan Carlos Morales que derribe el árbol; el oficio duerme el sueño de los justos por espacio de un mes en el escritorio de Morales Páez; no es sino hasta el 1 de julio (4 días antes de la desgracia) que se libera el dictamen de factibilidad; y cuando por fin se autoriza derribar el árbol, esto no se puede llevar a cabo porque los vehículos oficiales (por instrucción del Cabildo) deberían estar guardados. ¿Así o más negligencia?


¿Quién fue el responsable de esto? Por lo pronto tres cabezas ya rodaron: la del director de la Agencia, el director de Servicios Públicos y el titular de Parques y Jardines. ¿Y qué decir de la Dirección de Protección Civil Municipal? ¿Qué no es esa su función? En lugar de estar extorsionando pequeños negocios (que carecen del dictamen de protección civil) ¿no sería más honesto que se aplicaran en estos temas? ¿No hay coordinación entre las dependencias municipales? Si la Agencia no cortó el árbol por negligencia, si la Dirección de Servicios Públicos tampoco lo hizo por no tener las herramientas, ¿no hubiera sido profesional por parte de la Dirección de Protección Civil acordonar (por lo menos) la zona, en lo que se ponían de acuerdo los demás? ¿A eso le llaman prevenir? Y si eso pasó en el primer cuadro del Centro Histórico (en la Puebla “bien”), ¿qué se puede esperar en colonias marginadas que nadie atiende?


Y ya que hablamos del Centro Histórico, ¿qué no se supone que su remodelación, ha sido la “obra magna” de la actual administración? ¿Los trabajos que tanto ha presumido la presidenta municipal, fueron sólo de relumbrón? ¿Cómo es posible que un proyecto de “rescate” del Centro Histórico no incluya un plan de seguridad básica? ¿Ahí de quién fue el error? ¿A quién van a correr? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Al Gobierno del estado? ¿Al sindicato? ¿A la administración anterior?


Para cerrar el análisis de éste trágico suceso, es necesario plantearnos las siguientes preguntas y reflexiones: ¿Por qué se toman decisiones tibias como “solicitar licencias” en vez de renuncias? ¿Por qué no llamar a cuentas a los responsables ante el Cabildo? ¿Por qué la presidenta elude su responsabilidad en este asunto? ¿Por qué se lava las manos diciendo que fue ineficiencia de sus funcionarios? ¿Qué no es ella la titular (y por tanto RESPONSABLE) de todos los actos de Gobierno? Imagine lo siguiente: si un familiar suyo fallece en una mala operación, ¿a quién demandaría, al doctor o a la enfermera? Si su casa presenta grietas, ¿a quién reclamaría: al ingeniero o al albañil? ¿Quién es la responsable de brindar los servicios públicos en el municipio? La Ley Orgánica Municipal parece darnos una idea:

 

Artículo 91. Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales:


XXVII. Vigilar que el corte de los árboles se sujete a lo que sobre el particular se disponga en las leyes y evitar que los montes se arrasen.


Sólo como dato: en Guadalajara hace 17 años rodó la cabeza de un gobernador y un presidente municipal por una tragedia, no importando que la negligencia provino de sus subalternos. Aunque obvio, siempre será más cómodo lavarse las manos como Poncio Pilatos…

 



 
 

 

 
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