Poder y Política


Manuel Cuadras

10/06/2010

 

 

La historia detrás de… Román Lazcano, el síndico culpable


El día de ayer culminó un largo capítulo de la novela entre el Ayuntamiento de Puebla y la empresa Desarrollo Iberoamericano SA de CV (DISA). El resultado fue claro y contundente: el gobierno de la ciudad tendrá que pagar más de 40 millones de pesos a la empresa. Hagamos un poco de historia.


Todo comenzó en la administración del panista Luis Paredes. Gracias a los sueños de grandeza del polémico exedil, el Cabildo de aquél trienio (controlado por Paredes) aprobó la construcción de una obra carísima que no era prioritaria para la ciudad, ¿su nombre? Distribuidor Vial Juárez-Serdán. Obra suntuosa, de aspecto faraónico, hecha para satisfacer el enorme ego (y algunos bolsillos) del entonces presidente municipal y sus amigos.


La obra estuvo valuada inicialmente en 550 millones de pesos (aproximadamente) pero, como suele ocurrir en estos casos, la obra sufrió innumerables retrasos y con ello un incremento en los costos originales, arrojando un saldo final de más de 700 millones de pesos.


El Ayuntamiento capitalino (2002-2005) pagó la cantidad señalada, sin embargo, a decir de la empresa hubo un remanente de 26 millones de pesos que nunca fueron cubiertos.


Así las cosas, termina la gestión de Paredes y la empresa reclama el pago del adeudo a la nueva administración, encabezada por Enrique Doger quien, a su vez, solicita un informe detallado al Cabildo y a su propio secretario de Obras y concluye que no existe tal adeudo, que el monto fue cubierto en su totalidad.


La empresa comienza el litigio ante las instancias judiciales locales, basándose en un acta de Cabildo de fecha 12 de diciembre de 2004 (dos meses antes de concluir la administración paredista), en la cual se detallan los pasivos generados con cargo a la siguiente administración, es decir, la deuda que le heredó Paredes a Doger.


Los tres años de administración dogerista fueron de litigio, hasta que finalmente, ya en la gestión de Blanca Alcalá, un juez de distrito le otorga la razón a la empresa y condena al Ayuntamiento al pago de los 26 millones de pesos restantes. Sin embargo la historia no terminó ahí, ya que DISA exige además el pago de 10 millones adicionales por concepto de gastos generados por la querella (intereses).


En ese momento el Ayuntamiento de Puebla (de la mano de Ernesto Ramírez y no de su síndico Román Lazcano) promueve un amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Materia Administrativa para deslindarse de los intereses y pagar solamente la suerte original. El Tribunal les acepta el amparo.


DISA recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar un recurso de inconformidad ante el amparo presentado por el Ayuntamiento y la SCJN le da la razón a la empresa, es decir, declaró infundado el amparo que le concedieron al Ayuntamiento.


Y es justamente en ese momento donde aparece nuestro personaje en cuestión, el flamante síndico Román Lazcano.


Aun a pesar de haber ganado el amparo ante el Tribunal Colegiado, el Ayuntamiento, por procedimiento, por oficio, por agotar las instancias, por responsabilidad pública, por deber ciudadano, o incluso si usted quiere “por no dejar”, debió presentar ante la SCJN un recurso de revisión ante el amparo presentado, esto es, pedir a la Suprema Corte que revisara todo el proceso (desde su origen) para demostrar que el Ayuntamiento estaba exento no solamente del pago de los “intereses”, sino del supuesto adeudo original.


Basta ya de verborrea jurídica, planteémoslo ahora en términos llanos y comunes: el Ayuntamiento ganó una importante batalla al obtener el amparo que lo eximía del pago de los intereses, sin embargo, debió haber seguido litigando para conseguir la absolución total del pago, eso es lo que haría cualquier abogado que se preocupa (interesa) por su cliente, cosa que no hizo Román Lazcano. ¿La razón? “Era innecesario, era una pendejada presentar el recurso (de revisión), de todos modos nos lo iban a negar”. Eso fue lo que dijo el síndico, esa fue su “explicación”.


¿Se imagina usted a su abogado diciendo eso? “¿Para qué lo defiendo, si de todos modos lo van a meter a la cárcel…?” ¿O qué tal si su doctor le dijera: “¿Para qué lo atiendo, si de todos modos se va a morir…?”. ¿Cómo que para qué? Primero porque para eso le pago (para que me salve), y segundo porque es su deber profesional!


Lamentablemente, su abogado, mi abogado, el abogado de todos, el que debería ser “el abogado del pueblo”, el síndico Román Lazcano, no piensa de la misma manera. Para él “no tenía caso” presentar el recurso. Aun a pesar de todas las recomendaciones, sugerencias, opiniones y hasta presiones que recibió de otros colegas suyos como Ernesto Ramírez para que lo hiciera (como lo muestran los documentos que hoy exhibe CAMBIO). ¿Por qué no lo hizo? ¿Desidia? ¿Negligencia? ¿Falta de pericia? ¿O será que llegó a un acuerdo con DISA para que no moviera un dedo? Son preguntas.

 

Termino con tres reflexiones:

 

1. Ante su craso y “sospechoso” error, Lazcano intenta justificarse diciendo que “el que llevaba todo el asunto era Ernesto Ramírez”. Yo me pregunto: ¿quién es el responsable jurídico del Ayuntamiento: un asesor, o el que cobra como síndico?


2. Decía un político poblano: “Siempre que exista algo sospechoso y tengas dudas del comportamiento de alguien, pregúntate ¿quién es el beneficiario?”. ¿Quién se benefició con la pasividad del síndico? La respuesta es simple: DISA. ¿Coincidencia o complicidad? Juzgue usted.

 

3. ¿Le hubiera dado la razón la SCJN al Ayuntamiento (y con ello ahorrarnos los poblanos más de 40 millones de pesos)? Nunca lo sabremos, gracias a Román Lazcano…

 



 
 

 

 
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