Política y Poder


Manuel Cuadras

 

DUDAS SOBRE LOS PARQUÍMETROS


¿Por qué el tema de los parquímetros ha causado tanto ruido?


¿Por qué la insistencia (necedad) de las autoridades de implementarlo?


¿Por qué si es una medida tan impopular no se echa a la basura?


¿Qué hay de cierto de que “a fuerza” se tiene que concesionar so pena de una indemnización millonaria?


Vayamos por partes.

 

Primero: Es un hecho que NADIE ESTÁ DE ACUERDO con la instalación de los famosos parquímetros, y ¿quién habría de estarlo si representa pagar por algo que es un derecho? ¿Acaso usted pagaría por tramitar su credencial de elector? (derecho votar); ¿pagaría por querer hablar con un funcionario público? (derecho de audiencia); ¿pagaría por presentar una denuncia ante el Ministerio Público? (derecho de impartición de justicia); ¿pagaría por estacionarse en la vía PÚBLICA? (derecho de tránsito). La respuesta definitivamente es NO.

 

Ahora bien, si es una medida que A NADIE CONVENCE (empresarios, sociedad civil, franeleros, medios de comunicación), ¿por qué insistir tanto en implementarla? ¿Será que las autoridades enloquecieron y quieren ganarse el odio de la ciudadanía, o será que representa un negocio multimillonario que bien vale aguantarse tantito la pena y unas cuantas mentadas? Y es que ninguna medida ha resultado tan polémica y tan impopular en los últimos años, desde que Paredes nos quería convencer de las bondades de sus estacionamientos subterráneos (los cuales por cierto, también iba a concesionar y representaba un negocio millonario).

 

Desde el punto de vista técnico la instalación de los parquímetros no resuelve el problema de ordenamiento vial en el Centro Histórico, esa es simplemente la justificación que le quisieron dar para “vender el proyecto”. Se puede hacer un reordenamiento vial en el C. H. sin necesidad de gastar recursos públicos. ¿Cómo? Eliminando los privilegios para instituciones como la BUAP, el Sol de Puebla, el Congreso del Estado, etc., que gozan de estacionamientos “privados” en plena vía pública, eso sin contar el secuestro de cajones a cargo de los franeleros o las fastidiosas dobles filas, producto de falta de presencia de elementos de seguridad vial, o bien complacencia y corrupción de los mismos.


Entonces, volvemos a la pregunta: ¿por qué implementar los parquímetros? Otra de las justificaciones que se han creado es el decir que se tiene que “completar la concesión porque como la administración anterior lo aprobó por Cabildo, si se decide echar abajo, se tendría que pagar una indemnización millonaria. FALSO!

 

El acuerdo de Cabildo de fecha 27 de Julio de 2007, en el punto que concierne al TÍTULO DE CONCESIÓN A LA EMPRESA JAJOMAR, se establece lo siguiente:

 

“14.7  Condición Suspensiva. El “Concesionario” acepta que para que la presente concesión surta sus efectos, exista y tenga plena eficacia y validez jurídica entre las partes y frente a terceros, se deberá contar con aprobación expresa del Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y del H. Congreso del Estado de Puebla, en el sentido de aprobar la concesión del servicio objeto de la misma, así como las condiciones establecidas en el presente título. La presente concesión será reputada inexistente en caso de que no sea aprobada por las autoridades competentes.”

 

¿Se da cuenta? ¿Leyó bien la parte que dice: “será reputada inexistente en caso de no ser aprobadas por las autoridades competentes”? ¿Cuáles son esas autoridades competentes? Arriba lo menciona: El Honorable Cabildo y el H. Congreso del Estado. Que yo sepa, hasta el momento sólo lo ha autorizado una de esas autoridades competentes, es decir, el Honorable Cabildo, por lo tanto, falta aún la aprobación del Congreso del Estado, ¿eso qué quiere decir? Que hasta el momento dicha concesión es INEXISTENTE, por lo tanto, no se puede revocar algo que no existe y mucho menos indemnizar por algo que todavía no surte efectos legales. ¿Se da cuenta?

 

Pero vayamos más allá: anteriormente los Ayuntamientos debían solicitar autorización al Congreso del Estado para suscribir convenios, concesiones y de más, cuando éstos excedieran el periodo para el que fueron electos (3 años), sin embargo, derivado de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal en 1999, las legislaturas de los Estados tuvieron dos años para adecuar las modificaciones y permitir esa libertad a los Ayuntamientos. En el caso de Puebla, fue en el año 2001 cuando se derogó la fracción VI de la Constitución local que impedía dicha medida a los Ayuntamientos, a partir de ese momento, bastaba con la aprobación de las dos terceras partes del Cabildo para suscribir convenios de dicha naturaleza, cosa que sucedió en el Cabildo de la administración pasada, entonces, si el Ayuntamiento pasado no necesitaba pedirle permiso al Congreso para concretar dicha concesión, ¿por qué incluirlo como requisito para el título de concesión? Más aún, si las relaciones entre el Ayuntamiento pasado y el gobierno del estado nunca fueron buenas, y si (como todos saben) las decisiones del Congreso del Estado son tomadas en casa Aguayo, ¿por qué mandar al Congreso el proyecto de concesión con el riesgo de que pudiera ser votado en contra por recibir línea de “una instancia superior” (como ahora con la Ley de Acceso a la Información)? ¿No cree usted que si fuera un negocio de la administración pasada, lo hubieran aprobado únicamente por el Cabildo? Aquí la pregunta es: ¿quién pidió que se llevara también al Congreso y por qué? La respuesta es simple: ¿Quién manda en el Congreso del Estado? ¿A quién le convenía que el balón estuviera en su cancha y con todos sus jugadores?

 

Ahora, supongamos que efectivamente se trata de un negocio frustrado del Ayuntamiento pasado y que el actual lo quiera retomar ¿Usted cree que Marín, les haría el caldo gordo, permitiendo que sus diputados aprobaran la concesión de los parquímetros?

 

Hay otro elemento clave: el día de ayer un columnista aportó un elemento esencial para todo este acertijo: Fue Jacobo Martínez el responsable de llevar a Mario Marín Torres a la silla de Carlos Loret de Mola en los inicios de la crisis de Lydia Cacho. El empresario le dijo a los operadores del gobernador que no se preocuparan, una vez que Loret actuaría de acuerdo a las indicaciones de Bernardo Gómez, alter ego de Emilio Azcárraga Jean. Y así ocurrió: Loret salió con todo a destrozar a Marín, siguiendo las indicaciones del primo de Jacobo Martínez” Hasta aquí la cita. Es decir, de acuerdo a lo manifestado por el columnista, Jacobo Martínez (uno de los socios principales de JAJOMAR) fue quien “empinó” a Marín ante la masacre sufrida en Televisa, algo que Marín jamás en su vida va a olvidar. La vida entonces le pondría así a Marín frente una bonita oportunidad de vengarse del empresario dando línea en el Congreso para que se votara en contra de la concesión y con ello, la oportunidad de que JAJOMAR se hiciera de un jugoso negocio.

 

Sin embargo, la duda vuelve a matar, ¿por qué entonces la insistencia de aprobar la concesión? ¿Por qué no el ejecutivo (como de costumbre) “le recomienda” a Blanca Alcalá dejar de impulsar el proyecto y matar definidamente el tema? ¿Sería una bonita venganza para Marín no? De que lo puede hacer lo puede hacer, ya vimos que jurídicamente no hay inconvenientes, ni representa pago de indemnización alguno. Además ¿cree usted que Blanca Alcalá iba a impulsar con todo una concesión millonaria con un enemigo del gobernador?

 

Luego entonces señores, si se le ha dado mucho impulso al proyecto de los parquímetros, aún calculando el costo político y aún considerando que se trata de una empresa de un eventual “enemigo del gobernador”, es porque quien toma las decisiones y quien ordena absolutamente TODO en el estado (desde el movimiento de una hoja de un árbol, hasta aprobar una concesión) está consciente de lo que representan los parquímetros, los tolera y los avala. ¿Por qué? Quizá porque los rencores se acaban cuando se llegan a buenos acuerdos ($) ¿O no?

 



 
 

 

 
Todos los Columnistas