Política y Economía


Luis Antonio Godina Herrera


03/03/2011


Coordinación fiscal


En 1997 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su mayoría en el Senado de la República se mantuvo. Con el resultado de julio de ese año se inició un cambio radical en la conformación de las mayorías en el Congreso mexicano; los diferentes partidos de oposición encabezados por Porfirio Muñoz Ledo modificaron de forma y de fondo la operación de la Cámara Baja.


Nuestro marco constitucional otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto federal anual, lo que con el gobierno dividido (es decir, el Ejecutivo de un partido y la mayoría de diputados de la alianza opositora) ese proceso es de suyo complicado. El primer experimento en México fue en el año que nos ocupa, 1997. Resulta indispensable recordar que en ese año la mayoría de los estados de la República eran gobernados por el PRI, pero las principales ciudades —entre ellas Puebla— lo eran por el Partido Acción Nacional (PAN); en la ciudad de México se había impuesto el PRD. Además, en el ámbito nacional el tema del rescate de la banca por la crisis de 1994-1995 tenía que resolverse en el Legislativo.


En este nuevo escenario, como parte de la negociación para aprobar el presupuesto federal de 1998 y sin tomar en cuenta a los gobiernos estatales, se decidió adicionar un Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se crearon los siguientes fondos que en conjunto dieron forma al Ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para la Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo para el Fortalecimiento (Fortamun), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Fondo para la Seguridad Pública (FASP). Estos recursos fueron denominados como aportaciones federales y tienen las características de ser subvenciones condicionadas, por lo que se anula la potestad de los estados sobre los mismos.


Ante estos hechos de los cuales el gobernador del estado en ese entonces, Manuel Bartlett, conformó un grupo de trabajo para evaluar el impacto de esta ley en nuestro estado y cómo se podía hacer frente a la misma. La lógica de distribución de recursos había cambiado, y la población y las condiciones de pobreza eran las principales variables para determinar la asignación de recursos a los municipios. Para un estado con los niveles de pobreza como lo es Puebla, eso era insostenible.
Pero un debate también de fondo era el de determinar la validez de que los gobiernos estatales fueran tan sólo cajeros de los ingresos aprobados en el Congreso Federal. En 1997 el grupo de trabajo consideró que no, y se definió la necesidad de crear una ley no solamente fiscal sino hacendaria, es decir, que cubriera los aspectos de ingreso, gasto, deuda y patrimonio. Así nace la Ley Federal para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. Fue una ley que muchos estados tomaron en cuenta para ajustar su marco legal e incluso fueron más lejos que la ley poblana.


Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal no dieron resultados concretos para el fortalecimiento del federalismo fiscal. Las adiciones a esta ley han ocasionado graves problemas para los estados de la República, de los cuales destacan dos: primero, el hecho de que el Congreso de la Unión determina los montos, plazos y usos de recursos que serían ejercidos por los estados, más allá de las atribuciones constitucionales de cada Congreso local, lo que se muestra en un ejemplo concreto: el FISM se tiene gastar en los mismos rubros en Tulcingo y en la ciudad de Puebla; segundo, la forma que tomó la descentralización de gasto fue sin duda anárquica. Cada sector tenía sus formas y fórmulas para distribuir los recursos entre los estados.


Esto último dio lugar a que las inercias prevalecieran por encima de una más eficiente canalización del gasto público federal y estatal. La actual Ley de Coordinación Fiscal contiene más de 160 criterios diferentes para distribuir recursos entre estados y municipios. Su reforma es urgente. La discrecionalidad en el uso de los recursos del FAEB reportada por la Auditoría Superior de la Federación así lo indica. La ley poblana marcó en su momento un camino que se confirma con la operación de la coordinación fiscal a lo largo de 13 años, por lo que ahora la lucha que las entidades federativas deben dar se orienta a tener pleno control sobre los recursos que ingresan a su tesorería y dar cuenta de su ejercicio con transparencia y oportunidad. Mientras la responsabilidad sea compartida poco podrá hacerse para asegurar el buen uso de los recursos federalizados.


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