Política y Economía


Luis Antonio Godina Herrera


03/11/2010


La transición y sus costos


El fin de un gobierno y el principio de otro trae aparejada siempre una costosa transición. A escala nacional, cómo olvidar el cambio de Zedillo a Fox, en donde por primera vez se estableció un grupo para acercar a ambos gobiernos. Se tuvo el tiempo suficiente para que el gobierno electo planteara un cambio radical en las políticas públicas, pero no fue así. El periodo de julio a diciembre fue desperdiciado y Fox nunca presentó ni tuvo un plan de gobierno sólido.


Seis años después Calderón tampoco sacó ventaja de los meses entre la elección y la toma de posesión debido, en buena medida, a que la lucha electoral llegó al extremo y, como pudo, apenas asumió el cargo protestando ante el Congreso de la Unión en una ceremonia cuestionada y deslucida. Todo eso es cierto, pero el hecho es que tampoco entre panistas se pudieron poner de acuerdo y Calderón llegó a la Presidencia sin proyecto: el barco a la deriva y el timón y el timonel extraviados.


En nuestro estado, en las últimas cuatro administraciones los cambios tampoco fueron tersos, pero el caso paradigmático es el de Manuel Bartlett, pues desde la campaña destinó un equipo para pensar, diseñar y armar los proyectos que presentaría cuando tomara posesión. El ejercicio fue aleccionador. Los resultados del diagnóstico se tuvieron durante la campaña y los proyectos terminados antes de que iniciara el gobierno. El producto de ese ejercicio fue un gobierno que sabía qué hacer en los sectores clave de la economía del estado, en las regiones, en la política social. Mucho de lo que se hizo después en Puebla tuvo su origen en los meses de campaña del candidato Bartlett.


Me tocó vivir con intensidad la transición de Bartlett a Melquiades Morales; no fue fácil. El experimento se repitió y durante la campaña se identificaron proyectos, muchos de los cuales fueron instrumentados en los seis años posteriores. A pesar de todo se pudo establecer un curso de acción común entre la elección y la toma de posesión. Como todo proceso de cambio se dieron problemas, pero el talento político del gobernador entrante y saliente hizo posible un cambio relativamente ordenado.


Mario Marín arribó con un equipo propio, sin muchos espacios y con la experiencia de haber sido presidente municipal. El proceso de cambio entre Melquiades y Marín fue intenso y no ajeno a disputas. No obstante, privó el buen juicio entre ambos líderes y no hubo al final mayor sobresalto. Cabe señalar que en los tres casos referidos la elección fue en noviembre y la toma de posesión en febrero.


Todo esto viene a cuento porque por primera vez en la historia reciente de Puebla han convivido el gobernador en funciones y el electo por un largo periodo. La elección fue en julio y Rafael Moreno Valle iniciará su gobierno en febrero del año entrante. Han sido meses muy largos para unos, los que llegan, y muy cortos para otros, los que se van. A lo largo de estos días se han dado diferencias por razones de distinta índole, pero que tienen que ver con la toma de decisiones de política pública.


Así, por ejemplo, ambos gobernadores (en funciones y electo) asistieron a la Cámara de Diputados a presentar los proyectos prioritarios para Puebla en 2011, y a demandar más recursos federales para el estado. Esto sin duda es positivo y logró concretar acciones en torno a objetivos específicos, independientemente de la filiación partidista de los legisladores. El mensaje a la ciudadanía fue claro: nos podemos poner de acuerdo y Puebla está primero. Pero, siempre hay un pero, cuando el gobierno de Marín toma decisiones en materia de deuda o de venta de terrenos, se cuestiona que lo haga.


No voy a juzgar la pertinencia del hecho, pero sí hay que tener claro que un gobierno debe ejercer sus funciones desde el primero hasta el último minuto de gestión. El problema, a este nivel de análisis, es de percepción. Cuando van al Congreso están de acuerdo, cuando pasan de Río Frío las contradicciones se vuelven a manifestar. Ese cambio de señales no es bueno ante los ojos de la ciudadanía: van juntos en esta transición o no. La convivencia entre dos poderes reales sin duda es compleja. Cuando la Suprema Corte ordenó el cambio de fecha de la elección, no contempló estas consecuencias, o si lo hizo las minimizó de manera brutal.


A tres meses del cambio de gobierno esperemos que el acuerdo se imponga al conflicto; aunque ambos son componentes del fenómeno político, Puebla reclama el primero, pues ya pasaron los tiempos del segundo. Los votos así lo dejaron ver hace exactamente cuatro meses. El nuevo gobierno tendrá tiempo suficiente para armar su programa y empezar a dar resultados de inmediato. No puede hacer menos.

 

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