Política y Economía


Luis Antonio Godina Herrera


04/07/2011


Programa para México


En días pasados se llevó a cabo en nuestra ciudad un foro de análisis sobre la propuesta de la Fundación Colosio del PRI para construir lo que llama Programa para México, tuve la oportunidad de participar en el mismo y en esta ocasión presento una síntesis de lo que expuse en ese evento.


A partir del 2012 el PRI tendrá que enfrentar una labor titánica: sacar del estancamiento de doce años a nuestro país. Es una tarea que no podrá emprender sólo, para ello deberá contar con la sociedad quien debe ser desde ya su mejor aliado.


Uno de los ejes de Programa para México es el que señala que debemos ir “por una economía competitiva y promotora del desarrollo”. Es urgente cambiar el paradigma pues de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, la tasa media anual de crecimiento de la economía en los años recientes ha sido de 1.71 por ciento, al tiempo que la población, según el último censo, creció en promedio 1.4 por ciento anual, lo que mantiene prácticamente estancado el producto interno bruto por habitante. Hay estancamiento económico y una mayor iniquidad social.


En efecto, según los últimos datos oficiales, la pobreza aumentó en 6.1 millones de personas. Ello a pesar de que año con año se han incrementado los recursos para combatir la pobreza: mientras que el gasto programable ha crecido en diez años a una tasa real  de 5.2 por ciento, el presupuesto de Sedesol lo ha hecho en 12.0 por ciento y el de la Secretaría de Salud en 11.2 por ciento. El Congreso aprueba cada año más recursos y hay más pobres, menos crecimiento y más desigualdad. Esta ecuación es insostenible.


Una de las preguntas que nos hace Programa para México es: ¿cuáles son los rubros en los que se pueden hacer recortes significativos al gasto y cuáles deben ser las cinco prioridades en las que se debe expandir?


Al respecto debemos partir de que nunca en la historia reciente y no tan reciente, el gobierno había contado con tantos recursos. La combinación de precios altos del petróleo con los recursos provenientes de nuevos impuestos, han perfilado un gasto superior al que ejercieron otros gobiernos. Pero esos recursos no se han gastado con eficiencia.


Sin duda hay que recortar el gasto público y reasignar ese recorte a otras prioridades. Pero no solamente eso, se debe rediseñar el presupuesto federal, eliminar la “caja negra” en que se convierte la SHCP durante el proceso de elaboración del mismo y partir prácticamente de un presupuesto base cero.


El PAN ha creado distorsiones enormes en el gasto público, menciono una de ellas: en sueldos, salarios y gastos de operación, el gobierno eroga actualmente más de 1 billón 300 mil millones de pesos; en cambio, para la inversión carretera, una de las más importantes para la economía nacional, el gobierno destina directamente recursos por 54 mil millones: el 4.1 por ciento del gasto en sueldos y operación.


En cuanto a las prioridades de gasto: propongo revisar el gasto en educación. En diez años el presupuesto de la SEP central ha crecido a una tasa real de 3.6 por ciento (4.8% en este gobierno) mientras que el FAEB lo ha hecho a una de 1.5%; asimismo, se deben canalizar mayores recursos para la inversión pública, debemos tener de nueva cuenta un estado activo, la proporción de inversión pública debe crecer en el tiempo a un nivel cercano a 10 puntos del PIB, debemos flexibilizar el uso del déficit público; por otra parte, el gasto para atender la pobreza debe reorientarse a funciones productivas, un dato que debe preocuparnos: las dádivas a través de Sedesol crecieron en esta administración a una tasa real de 22.7% mientras que el FAIS, que son los recursos que los estados y municipios emplean para la infraestructura en regiones rezagadas lo hizo en 4.2%. Se tiene que corregir reformando de manera radical la Ley de Coordinación Fiscal.


Otra de las preguntas torales en materia económica es la que se refiere a la eliminación de los tratamientos fiscales especiales. Estos tratamientos para este año equivalen a más de cinco puntos del PIB. Son tan elevados porque consideran la tasa cero del IVA, el subsidio para empleo y la gasolina, así como beneficios en el ISR a sectores como el agropecuario o el de la construcción.


¿Deben desaparecer? Considero que primero hay que evaluar cuáles son pertinentes por su aportación al crecimiento de la microeconomía o por proteger a los menos favorecidos. Pero sin duda el debate permanece: sí o no al IVA generalizado, o bien a un IVA de control para el mercado informal.


Sin embargo, considero que si bien es cierto que debe reorientarse el gasto público y que los ingresos deben fortalecerse, el punto de partida no debe ser ese, sino el compromiso con la rendición de cuentas.


Si la sociedad no sabe quién y cómo se gasta, en qué se gasta y con qué justicia se recauda, si la sociedad no se siente involucrada con la toma de decisiones públicas, ninguna estrategia en estas materias tendrá éxito.

 

Se debe reformar la fiscalización hacerla mucho más oportuna y penalizar el mal desempeño de los servidores públicos. Mucho se ha avanzado en transparencia pero aún falta más por hacer. Si no se empieza por un compromiso con la rendición de cuentas, el próximo gobierno del PRI verá reducido su margen de maniobra en cuanto a finanzas públicas se refiere.

 

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