Política y Economía


Luis Antonio Godina Herrera


14/04/2011


¿Quién es el culpable?


El poeta Javier Sicilia ha puesto el dedo en la llaga: se tiene que revisar la estrategia en seguridad que el gobierno federal instrumenta desde su llegada al poder en 2006. La muerte de su hijo detonó reacciones en todo el país y a la voz de “¡Ya basta!” ocuparon las plazas de las principales ciudades. La reacción de las autoridades no fue lo que la demanda ciudadana requería.


Ante la violencia en el puerto de Acapulco, se decide hacer itinerante el tianguis turístico que desde hace 35 años se desarrollaba en esa ciudad; ante el reclamo, la respuesta fue “depuren sus policías” y platicamos. Por ello la pregunta, ¿qué nivel de gobierno es responsable del aumento incontrolable de la violencia? La primera respuesta podría ser todos, pero se precisa de un análisis un tanto más fino.


Por ejemplo, Luis Rubio, en su editorial de Reforma el pasado domingo, establece como responsables básicos a los gobiernos locales por la debilidad de sus policías y debido a que no entendieron el proceso descentralizador que se dio en el país en los últimos 15 años. Ante la eliminación de una Presidencia fuerte, los gobernadores no tomaron las previsiones del caso. El contraargumento obvio es: ¿por qué no hicieron lo mismo el gobierno de Fox primero, y el de Calderón después?


Culpar a los gobiernos locales es solamente ver una parte de la película. Se trata de luchar en contra de grupos que poseen armamento que nadie previó (ni siquiera el Ejército) podría entrar a México. Pero lo metieron a través de la amplia frontera compartida con el vecino del norte, así como por las aduanas, como quedó demostrado en el multicitado operativo “Rápido y furioso”. Por cierto, las aduanas son una responsabilidad exclusiva del gobierno federal y en estos años se han convertido en una coladera por la que pasan desde elefantes hasta cargamentos de armas de alto calibre.


Asimismo, no se tomaron las medidas apropiadas para enfrentar la guerra. No se modificaron las leyes ni se fortalecieron los cuerpos de seguridad, tampoco se fortaleció la coordinación entre las instancias responsables de la seguridad. Nadie en su sano juicio debe estar a favor de pactar con la delincuencia, pero sí de afinar la puntería en donde duele: en su bolsillo. Mientras eso no suceda el número de muertos crecerá y entre ellos los llamados, de manera por demás eufemística, daños colaterales.


Estos últimos son el tema más preocupante. Los niños, las mujeres, los hombres y los jóvenes inocentes que pierden la vida en un tiroteo. Si bien es cierto que han sido los menos, soy de los que cree que la muerte de uno solo es inaceptable. El Estado es el único que puede ejercer el monopolio de la fuerza, y en México ese monopolio está siendo cuestionado de manera sorprendente. Los tres órdenes de gobierno tienen que reaccionar de manera coordinada, pero no se vale echar culpas o pedir imposibles. Si desde arriba no hay condiciones para sostener y ganar la guerra, en los niveles inferiores menos.

 

Un cuarto orden, la ciudadanía, está expectante. No sabemos el paso siguiente ni los tiempos de la guerra (García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno federal estima siete años más), pero sí sabemos que debe haber un límite. Desconocemos cuál es o bien quién determinará el fin de esta guerra. Ni cómo ni quién dará los siguientes pasos. Noche a noche, a pesar de pactos firmados, nos enteramos de fosas clandestinas, bloqueos, tiroteos, extorsiones, asesinatos. Lo que se dice es un equivalente a “voy derecho y no me quito”; la necedad y la falta de imaginación es la respuesta hasta ahora. ¿Cuánto aguantará el pueblo de México? Esa, esa es la gran pregunta. Mientras tanto, esperemos a ver el espectáculo de las culpas repartidas y las responsabilidades evadidas.

 

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