Política y Economía


Luis Antonio Godina Herrera


18/03/2011


El debate fiscal


El PRI en el Senado de la República presentó una iniciativa para reformar el esquema fiscal del país. La misma se finca en disminuir el Impuesto sobre la Renta (ISR), pero gravar más a quien no reinvierta utilidades; generalizar el IVA en el país, salvo en una canasta básica de alimentos, y se retorna el tres por ciento a quienes pidan factura y tengan una cuenta bancaria; así como modificar el régimen fiscal de Pemex para estimular la recuperación de pozos. El aumento de la recaudación lo estiman en un punto del Producto Interno Bruto (PIB) en un primer año (en 2013 entraría en operación la reforma) y de medio punto más una vez que la reforma madure.


Por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el miércoles pasado una estimación de los efectos de esta iniciativa en las finanzas públicas tanto del gobierno federal como de los estados y municipios, pues no olvidemos que el 20 por ciento por lo menos de los recaudado en ISR, IVA y derechos de Pemex se distribuye a estos últimos conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.


La SHCP sostiene que, de aprobarse esta iniciativa, el costo para los tres niveles de gobierno ascendería a 1.6 punto del PIB es decir 220 mil millones de pesos, de los cuales 154 mmp corresponderían a la Federación y 66 mmp para entidades federativas y municipios. Llama la atención la confesión de parte de la SHCP al considerar que el IVA de la canasta básica de alimentos propuesta por los senadores del PRI para no ser gravada equivale 0.7 del PIB o sea 99.5 mmp, ése es el tamaño del golpe que en otras ocasiones se ha querido propinar a la mayoría de la población de menores ingresos del país y que se evita en la propuesta senatorial priista.


Con tal tamaño de diferencias no hay punto posible de encuentro. A pesar de lo cuidadoso del texto de la autoridad hacendaria, resalta el desacuerdo y la pretensión de hacer públicas las debilidades de la iniciativa. Por ejemplo, SHCP señala: “La exposición de motivos de la iniciativa estima un incremento en la recaudación ‘del orden de un punto porcentual del PIB […] y medio punto porcentual del PIB de la mayor eficiencia recaudatoria’, pero no es posible conocer el detalle de las estimaciones”. La pregunta obvia es, ¿por qué no solicitaron esa información, qué no hay diálogo entre poderes?


Considero que lo importante, además de precisar los efectos en la economía del país y no solamente en las finanzas públicas (es uno de los faltantes tanto de la propuesta senatorial como de la SHCP), es el hecho de abrir una vez más la discusión sobre la necesidad de una reforma hacendaria en el país. Los tiempos políticos no son los más propicios pero, sin duda, es positivo ventilar estas cuestiones sin ataduras ideológicas.


Para el ciudadano el pago de impuestos no necesariamente se ve reflejado en buenos servicios públicos, en educación de calidad o bien en un sistema de salud que además de costar mucho sea bueno, por el contrario, estamos lejos de eso en los tres órdenes de gobierno. Por ello, la discusión no debe empezar por el ingreso, pues es un error reiterado desde los primeros intentos de reforma fiscal. Los tres órdenes de gobierno deben tener claridad sobre el para qué requieren más recursos, y cómo van a dar cuenta de su uso de manera transparente y oportuna. Ese es el debate.


Un ejemplo basta para poner el acento en este enfoque. La Cámara de Diputados estableció en el Decreto de Presupuesto federal para 2011 la obligación de que el gobierno federal, presentara un reporte sobre el avance de su programa de reducción de gasto, éste se envió a dicha Cámara el 15 de marzo pasado. Un dato es revelador, el ahorro en cuanto a pago de sueldos de la burocracia equivalió al 0.1 por ciento del presupuesto total para ese rubro. Mientras no exista un compromiso del gobierno federal para apretarse en serio el cinturón, las cosas no van a caminar. Ningún gobierno ha tenido tantos recursos como las dos últimas administraciones, tan sólo de ingresos excedentes sobre los estimados suman más de cuatro puntos del PIB, según la Auditoría Superior de la Federación, la mayor parte de ellos se destinó a gasto corriente.


La discusión fiscal debe empezar por el gasto, la rendición de cuentas y la transparencia, no hacerlo así condenará al fracaso cualquier intento por cambiar la realidad hacendaria del país. Más allá de cualquier ideología, se trata de que la gente tenga mejores servicios, el camino tomado en los últimos años va en sentido contrario. Es tiempo de rectificar.


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