Puebla en Perspectiva


Mario Riestra Piña
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11/10/2010

Los alcaldes de 4 años no son la solución


En Puebla, nuestra legislación está rezagada. Prácticamente en todos los frentes la realidad es siempre la misma. Nuestro estado no innova en materia legislativa y, por lo general, tarda demasiado en asimilar las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. En el caso de la reforma política las cosas no son distintas. Mientras San Luis Potosí ha experimentado con la segunda vuelta a nivel estatal y Yucatán ya hace posible la postulación de candidatos independientes en elecciones locales, pareciera que en Puebla somos ajenos al planteamiento de estos debates.


De ahí que, de entrada, la mera discusión de la propuesta del Diputado Local Pablo Fernández del Campo para ampliar el mandato de los alcaldes poblanos, de tres a cuatro años, se agradezca, aunque no esté de acuerdo con ella. No se trata de algo nuevo, también hay que decirlo. En Coahuila, por ejemplo, los presidentes municipales duran en sus encargos ese mismo periodo, desde hace ya algunos años.


Sin embargo, la solución de fondo no consiste en otorgar a los ediles la posibilidad de permanecer un año más en sus encargos. Se trata de una solución muy limitada que busca abonar la falta de profesionalización de las burocracias municipales, así como ampliar el horizonte temporal de las administraciones a fin de crear incentivos para el desarrollo de proyectos de gran alcance. Hasta ahí el diagnóstico pareciera adecuado pero, insisto, el ampliar un año más las gestiones de los alcaldes abona realmente muy poco en este sentido. Los beneficios serían mínimos.


En cambio, la reforma política plateada conlleva una gama muy amplia de costos para la sociedad. En primer lugar, el número de elecciones por año se incrementaría, y con ello el presupuesto público destinado a los partidos políticos también crecería. En el caso de que se aplicara, a partir de las próximas elecciones locales, entre el año 2016 y el año 2022 los ciudadanos poblanos apenas descansaríamos un verano sin elecciones. En los otros 6 años veríamos como los partidos, candidatos y ejércitos electorales buscan el voto popular tanto en elecciones locales como federales.


El contar con elecciones que no convergen entono a un mismo calendario electoral, además de conllevar mayores presupuestos para los partidos políticos (como se ha señalado), genera otras consecuencias indeseadas. Para nadie resulta nuevo el que, de acuerdo a la costumbre y legislación actuales, las campañas saturen el mobiliario urbano de publicidad. Por ende, el vivir constantemente en campañas generaría una mayor contaminación visual.


En este mismo sentido, si bien cada día es más frecuente que la publicidad sea de material reciclado (en mi caso todos los pendones utilizados durante la reciente campaña tuvieron este origen), aún resta mucho por hacer. Debido a la premura y costos, muchos partidos y candidatos deciden apostar por el material tradicional, altamente dañino para el medio ambiente. Asimismo, resulta probable que al reducirse la competencia por los mejores espacios para la colocación de propaganda, se incremente también la cantidad de publicidad bajo este esquema.


Por si esto no fuera poco, para nadie resulta desconocido que los periodos electorales afectan negativamente el desempeño legislativo. Las elecciones suelen contaminar las discusiones en el congreso por lo que la eficacia en el trámite de las leyes disminuye. De tal suerte que la implementación de la reforma en cuestión, debido a la dispersión de las elecciones a lo largo del calendario, reduciría las ventanas de oportunidad para discutir temas de gran aliento en el poder legislativo.


Tomando en cuenta todo lo anterior, la puesta en marcha de la reforma planteada por Fernández del Campo resulta inapropiada. Las ventajas asociadas a su implementación son mínimas. Tanto en 3 como en 4 años resulta verdaderamente complicado llevar a cabo una real profesionalización municipal y ambos periodos son igualmente insuficientes para echar a andar obras de infraestructura de gran alcance como la construcción de un sistema de transporte metro o un nuevo relleno sanitario.


En mi opinión, la solución de fondo consiste en la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores, además de hacer convergentes los calendarios electorales locales y federales. Estas dos reformas permitirían el ahorro de presupuesto público, incrementarían la eficacia del poder legislativo y los municipios, y brindarían a los políticos incentivos para llevar a cabo magno proyectos, tomando en consideración que su positivo desempeño podría asegurarles la permanencia en sus encargos. Durante el sexenio de Fox, por cierto, la propuesta de reelección fue ampliamente discutida en el legislativo federal y con el voto en contra del PRI fue desechada en el Senado, con 51 votos en contra y 50 votos a favor. Esa es la verdadera discusión en la que el PRI se ha negado a avanzar.

 



 
 

 

 
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