Puebla en Perspectiva


Mario Riestra Piña
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28/07/2010

El cambio de estafeta


El largo periodo entre las elecciones y la toma de protesta de los gobernantes siempre ha significado un desafío para nuestro sistema político. El hecho de que se tengan gobernantes electos reduce inevitablemente la autoridad moral de las autoridades en funciones. Después de cualquier elección, aún continuando el mismo partido en el gobierno, las circunstancias cambian. Es por eso que en otros países, el periodo entre ambos acontecimientos suele ser más corto. En México, por el contrario, el cambio de estafeta en el ejecutivo federal suele durar cinco meses.


Debido a la adecuación del calendario electoral en nuestro estado, mismo que contempló el adelanto de las elecciones, en esta ocasión habrán de coexistir gobernador constitucional y electo por casi siete meses. Este hecho, junto con la alternancia del partido en el poder, hace de la actual transición en Puebla una situación extraordinaria. 


El reto no es menor. Las decisiones del gobierno constitucional durante este periodo afectan de manera muy especial a las autoridades electas. Durante el cambio de gobierno entre los presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, el primero en cuestión decidió nacionalizar la banca poco antes de entregar el poder a su sucesor. Sin siquiera haber informado al presidente electo, López Portillo implementó esta medida económica que a la postre resulto muy perjudicial. Se trató de un desplante que buscó evidenciar que era él y nadie más quien todavía ejercía en su totalidad el amplio poder presidencial.


Nadie cuestiona a Mario Marín su autoridad constitucional. Él es el gobernador en turno. Pero una verdadera actitud demócrata demanda mucho más que el simple apego al calendario electoral. Así como se tienen ejemplos lamentables de transiciones de gobierno, también se tienen ejemplos positivos en nuestro México. Durante el año 2000, Ernesto Zedillo dispuso de una partida especial para la creación de una Comisión de Transición, misma que incluyó todo tipo de facilidades físicas, humanas, financieras y de información para el equipo de Vicente Fox. Todos apreciamos ese democrático gesto del presidente Zedillo, mismo que abonó muy positivamente para la gobernabilidad del país. Aún a pesar de este acto, nadie regateó la autoridad conferida a Zedillo hasta el momento en que entregó el poder a Fox. Lo cortés no quita lo valiente, se diría coloquialmente.  


En otras palabras, el cambio de gobierno en Puebla más que un riesgo, representa una oportunidad. Sobre todo en esta ocasión donde se tiene más de medio año entre uno y otro acontecimiento. Depende de la voluntad política, principalmente de las autoridades constitucionales, el aprovechar al máximo estos casi siete meses para asegurar las mejores condiciones del inicio del nuevo gobierno. Los resultados de la elección deben quedar atrás. El hecho de que en el pasado la entrega – recepción entre diferentes administraciones se organizara en poco más de dos meses no debe ser justificación válida para esperar hasta noviembre para iniciar estas acciones.


La información debiera fluir sin obstáculos. Ese es el primer requisito para una transición ordenada. Por otro lado, por más cómodo que resulte para el gobierno actual, los problemas del estado no deben postergarse ni heredarse a la próxima administración. Especial mención merece la discusión en torno a la potencial alza del precio del transporte. Hace seis años, Melquiades Morales asumió el costo político del alza al costo del transporte y decidió incrementar su precio después de la elección de gobernador, antes de que Marín asumiera al gobierno. No se explica el por qué en esta ocasión se busque postergar la discusión de esta demanda.


Por último, las decisiones que busquen reducir el margen de maniobra el gobierno siguiente deben de revisarse minuciosamente. En todo caso, debemos preguntarnos ¿por qué hasta ahora? pues pareciera no existir pureza de intención en tales iniciativas. Tal es el caso de la propuesta para modificar la ley para hacer posible la aprobación, tan atropellada, de las cuentas públicas del gobernador Marín antes de la entrada de la nueva administración. La temporalidad es un aspecto fundamental y las disposiciones actuales fueron diseñadas para que fueran las legislaturas siguientes las que aprobaran la gestión de los gobernadores (al menos para los últimos años de su administración). Esto garantiza una mayor independencia, hecho que se agradece enormemente en contextos como el poblano donde existe una excesiva concentración del poder en manos del ejecutivo. Absolutamente reprobable resulta la justificación enunciada por algún diputado local en el sentido de que tal acción se sustentaba en la poca experiencia de la próxima legislatura.

 

El pueblo decidió el pasado 4 de julio en las urnas y ahora compete a las autoridades el cooperar para lograr un cambio de gobierno ordenado. Pasado julio, la recomendación de tomar vacaciones realizada por el ejecutivo local a los secretarios de estado no debiera ser argumento para postergar el flujo de información. Los intereses de Puebla son superiores a cualquier otra consideración.

 



 
 

 

 
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