Puebla en Perspectiva


Mario Riestra Piña

01/03/2010

El servicio profesional de carrera en Puebla, una estrategia para el combate a la corrupción


El tema del combate a la corrupción en Puebla, derivado de los penosos lugares ocupados por nuestro estado en los indicadores estatales de corrupción elaborados por Transparencia Mexicana, deberá jugar un lugar preponderante en las campañas electorales de este año. Según datos de esta prestigiada organización, Puebla se ubica como el 4º estado con mayor corrupción a nivel nacional.


La corrupción es un cáncer que aqueja nuestras instituciones y, en el caso del gobierno, redunda en una menor eficacia del gasto público ya que una importante porción del presupuesto estatal es malgastado. En lugar de que cada peso recaudado por las arcas gubernamentales sea ocupado en beneficio de las mayorías, la corrupción genera que un porcentaje muy significativo se destine a acciones que benefician intereses personales o de grupos.


Hasta ahora, las propuestas de campaña en torno a la búsqueda de una mayor transparencia y rendición de cuentas en Puebla han quedado a deber. Al respecto, considero oportuno poner sobre la mesa dos propuestas legislativas que podrían contribuir eficazmente al combate a la corrupción:

 

La reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado expedida desde 1966.

 

Dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Puebla.

 

La primera propuesta consiste en dotar a nuestro estado de una Ley de Servicio Civil de Carrera. El servicio público es percibido por muchos, lamentablemente, como una forma cómoda de escalar socialmente y no como una vocación de servicio. Resulta indispensable transparentar los criterios de contratación de los servidores públicos. El gobierno de Puebla requiere a los mejores hombres y mujeres a su servicio, por lo que el otorgamiento de plazas no debiera depender de otro tipo de variables.


Actualmente, los criterios políticos y humanos definen el futuro de los servidores públicos. Sin embargo, una Ley de Servicio Civil de Carrera, además de transparentar los movimientos de personal, podría también dotar al gobierno de un componente mucho más meritocrático. Aquellos funcionarios públicos más capacitados y que hayan también probado ser capaces de dar buenos resultados deberían verse favorecidos por encima de aquellos que privilegian las relaciones personales como medio de ascenso profesional.


Asimismo, el vincular la permanencia de los servidores públicos a los resultados obtenidos en su desempeño tendrá importantes efectos positivos para el gobierno. En primer lugar, se esperaría que la productividad laboral gubernamental se incrementase y, por otro lado, todo esto redundaría en una reducción de la corrupción. Los servidores públicos tendrían certidumbre respecto a su permanencia sin importar el inicio o final de sexenio por lo que habrían de concentrar su interés en mejorar su desempeño en lugar de encontrar fuentes adicionales de financiamiento. Entidades como Aguascalientes (2005), Baja California Sur (2007), Distrito Federal (2008), Quintana Roo (2002) y Veracruz (2003), ya cuentan con normatividades similares.


En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno de Puebla, resulta indispensable otorgarle una verdadera autonomía de gestión. Actualmente, esta entidad funge como un órgano desconcentrado de la SEDECAP, por lo que su capacidad de sancionar servidores públicos al interior del poder ejecutivo del estado resulta mermada. Dudo mucho que esta fiscalía fuera capaz de sancionar a aquellos funcionarios con capacidad de incidir directamente en su conformación. El hecho de que esta institución dependa directamente del gobernador a través de la SEDECAP, en el mejor de los casos, dispara las alarmas de un posible funcionamiento incorrecto.

 

Hago votos para que estas propuestas legislativas tengan eco en el Congreso del Estado y sean también adoptadas por los candidatos que habrán de buscar el voto de la ciudadanía en las próximas elecciones de julio; solamente a través de propuestas concretas podremos identificar a los mejores candidatos. Resulta indispensable que los ascensos al interior de la administración pública estatal no sirvan como garrote político sino como expresión de una verdadera vocación de servicio.

 



 
 

 

 
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