Puebla en Perspectiva


Mario Riestra Piña

12/10/2009

El Viaducto Elevado, una oportunidad para incluir la participación ciudadana en las políticas públicas municipales


Durante las últimas semanas he seguido con especial interés el debate en la opinión pública en torno a la construcción de la obra municipal que ha sido denominada como Viaducto Elevado. Se trata, sin duda, de una obra pública necesaria debido al vertiginoso desarrollo económico y urbano del suroeste de la ciudad de Puebla.


Como no muchas veces ocurre en nuestro estado, la sociedad civil, la academia, las asociaciones de profesionistas, los medios de comunicación y gobierno se han visto involucrados en un debate respecto a las mejores condiciones para la realización de este magno proyecto. Si bien existe un consenso respecto a la conveniencia de llevar a cabo acciones para reducir el tráfico vehicular en la zona, diversas voces han apuntado la necesidad de generar algunas modificaciones al proyecto original a fin de alcanzar los mayores beneficios para la ciudadanía en general.


En México como en el mundo, las obras municipales suelen despertar gran interés en los grupos académicos y de vecinos, mismos que suelen demandar transparencia e información sobre los proyectos de gran impacto. Hace unos meses, por ejemplo, diversos grupos ciudadanos se opusieron con gran determinación a un proyecto vial en la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal. Se trató, sin duda, de un importante movimiento ciudadano que buscó impedir la realización de las obras en Paseo de la Reforma y Avenida de las Palmas, debido a la falta de información pública, su impacto en el paisaje urbano, la tala de un gran número de árboles, el papel marginal de los medios de transporte público, entre otros aspectos.


En ese entonces, al igual que ahora, los hechos reseñados me hicieron recordar una política pública municipal de la mayor relevancia que se ha implementado, entre otros lugares, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El proyecto denominado “Auditoría Ciudadana de la Obra Pública”, hubiera evitado diversos contratiempos y conflictos legales a las autoridades competentes del Distrito Federal y, en el caso del Viaducto Elevado, serviría como garantía de acceso a la información e involucramiento de la sociedad en general en la toma de decisiones.


El proyecto denominado Auditoría Ciudadana de la Obra Pública tiene como objetivo maximizar el impacto de la obra pública, logrando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad e incorporando a la sociedad civil en los procesos de toma de decisión. En otras palabras, se busca instalar consejos en donde confluyan sociedad civil, academia y gobierno, a fin de evaluar los aspectos técnicos, económicos, medioambientales, jurídicos y sociales de cualquier obra pública.


De esta forma, la ciudadanía estará continuamente informada, por un lado, y coadyuvará en la vigilancia integral de las obras públicas durante su diseño, licitación, ejecución y entrega, por el otro.


Este procedimiento garantiza a las autoridades, además, la aceptación ciudadana del proyecto finalmente elegido, debido a que las opiniones de la sociedad civil y la academia se presume han sido previamente asimiladas o aclaradas. Las obras públicas gozarían, por ende, de una legitimidad de origen que minimizaría la potencial oposición.


La Auditoría Ciudadana de la Obra Pública incorpora, asimismo, una fase en la que las diversas alternativas técnicas del proyecto son sometidas a evaluaciones socio-económicas. De esta forma, la ciudadanía podrá estar segura de que la obra en cuestión ofreció las mejores características y beneficios sociales. En otras palabras, no se trata únicamente de construir obras rentables socioeconómicamente hablando, sino de asegurar que el proyecto finalmente aprobado y ejecutado resulte aquel cuya evaluación previa ofrezca los mejores resultados, una vez que todas las alternativas posibles fueron igualmente analizadas.


Bajo esta misma óptica, la calidad de proyecto quedaría salvaguardada también durante el proceso de licitación y ejecución, a través de la vigilancia tanto de las autoridades como de la sociedad civil organizada. Este hecho tiene además un importante componente preventivo ya que permite anticipar posibles fallas técnicas que, en otros esquemas, muy probablemente no habrían sido detectadas sino hasta la puesta en marcha y operación de las obras.


En virtud de lo antes señalado, el debate surgido en la opinión pública como consecuencia del anuncio de la construcción del Viaducto Elevado no debe ser desalentado. Las autoridades municipales, más que un riesgo, tienen frente a sí mismas una gran oportunidad. La implementación de un esquema de colaboración como el descrito favorecería la construcción de un consenso respecto a la utilidad y pertinencia del proyecto seleccionado, además de brindar certidumbre a toda la ciudadanía mediante la transparencia de la toda la información.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
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