Puebla en Perspectiva

Mario Riestra Piña

17/11/2009

El Instituto Estatal Electoral, un árbitro con mucho por demostrar

El pasado 10 de noviembre inició formalmente el proceso electoral que habrá de culminar con la elección del próximo gobernador del estado, la renovación del congreso local y el nombramiento de las 217 presidencias municipales que comprenden la geografía electoral del estado de Puebla. Se trata pues del periodo electoral más importante a nivel local.

La opinión pública, en su inmensa mayoría, se ha centrado exclusivamente en los partidos políticos y sus potenciales candidatos dejando a un lado a los otros dos actores fundamentales para el éxito del proceso electoral, a saber: los votantes y el Instituto Estatal Electoral (IEE). En este espacio he abordado con anterioridad mi visión sobre la ciudadanía poblana y el papel específico de sus votantes, por lo que en esta ocasión centraré mi atención en el árbitro de la contienda electoral.

La elección del gobernador del estado es, sin duda, la joya más preciada de las próximas elecciones. El IEE debe tener claro que esta jornada electoral es distinta, que es mucho lo que se juega, y que a medida que se acerque el día de la votación la complejidad de la competencia política se habrá de incrementar. Por ende, el IEE debe asumirse inmediatamente (en realidad debió de hacerlo desde hace tiempo) como la máxima autoridad electoral. Su fortaleza e independencia serán fundamentales para asegurar transparencia, equidad, capacidad de sanción y certidumbre, durante todo el proceso electoral.

Hasta este momento, diversos hechos ponen en duda la existencia de tales requisitos por lo que, si bien resulta prematuro argumentar que el desarrollo del proceso electoral está en juego, es indispensable subrayar las debilidades y deficiencias que ha evidenciado el IEE. La desconfianza que diversos partidos políticos han hecho pública respecto a la máxima autoridad electoral resulta ilustrativa. En consecuencia, la principal tarea del IEE debiera ser la de construir y recobrar la confianza de todos los actores involucrados a fin de dar certeza sobre el desenlace de la competencia electoral. Aunque nadie cuestiona su autoridad legal, su liderazgo moral se ha venido deteriorando gracias diversas acciones carentes de firmeza y, sobre todo, gracias a diversas omisiones en su actuar.

La legislación electoral es perfectible, sin duda. Sin embargo, resulta inadmisible que el IEE utilice los vacios legales existentes para pasar como inadvertidos los actos anticipados de promoción política que diversos precandidatos y partidos han llevado a cabo desde hace ya varios meses. Bajo el argumento de que el proceso electoral no había formalmente iniciado, el IEE busca hacer caso omiso a toda queja relacionada con este tipo de acontecimientos. Se trata pues de una actitud cómoda que ha privilegiado el evitar cualquier tipo de desgaste sin importar que se generen precedentes negativos para los siguientes meses. Gracias a este tipo de justificaciones meramente procedimentales, la confianza en el árbitro electoral se ha venido deteriorando.

Además de las omisiones antes mencionadas, la carencia de criterios claros y universales que rijan la conducta de precandidatos y partidos durante los meses subsecuentes constituye un riesgo latente. Diversos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, han dado cuenta de las estrategias de persuasión telefónica que algunos precandidatos han empleado como un medio más para incrementar posicionamiento.

Este tipo de estrategias promocionan tanto a las figuras políticas en lo individual como a las acciones derivadas del ejercicio de recursos públicos y, por ende, redundan en una fórmula explosiva que termina por minar la confianza en las autoridades electorales además de deteriorar la equidad entre los participantes. El IEE debe dejar claros cuáles serán los criterios para sancionar aquellas conductas que laceren la equidad en el proceso o redunden en actos violatorios de la legislación electoral. En la medida en que se marquen claramente los límites a dichas acciones, desde un inicio, todos los actores gozarán de una guía certera que podrá regir su actuar.

De igual forma, otra de las responsabilidades del IEE consiste en informar a la ciudadanía e incentivar su participación. Diversas encuestas muestran que más de dos terceras partes del electorado poblano desconoce aún que el próximo año se habrá de elegir al ejecutivo del estado. Los electores son el ingrediente principal de todo proceso democrático, por lo que su participación informada resulta indispensable.

Corre el minuto cinco del proceso electoral y el árbitro debe ejercer ya su autoridad. El IEE ha ignorado fuertes entradas de los competidores y existe un latente malestar. El partido se le puede ir de las manos sino se establecen claramente las pautas para la marcación e interpretación de futuras faltas. El diálogo entre el árbitro electoral y los capitanes de los equipos debe ser constante. Sin importar que corran apenas los primeros minutos, el árbitro debe mostrar las tarjetas de amonestación pertinentes en caso de que las acciones así lo ameriten. Lo peor que puede suceder es que los jugadores y los espectadores terminen por ignorar y descalificar a la máxima instancia electoral.