Pulso Político

Gabriel Sánchez Andraca

12/03/2009

Dos criterios en la reforma al artículo 18 de la Constitución estatal

Los no muy duchos diputados locales, acaban de proponer reformas al artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Puebla, referentes a la familia, que jurídicamente son impecables. Se ajustan a lo que establece el artículo cuarto de la Constitución General de la República que dice: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

“……..Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral; Los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos; el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

En opinión de dos abogados amigos nuestros, lo que se propone en la iniciativa, no contradice en nada lo establecido en la Constitución General de la República. La oposición de diputados y líderes políticos a esta propuesta, se debe más que nada a los tiempos políticos que corren. Es decir, los diputados que presentaron la propuesta, no pudieron explicar su importancia y su apego a derecho. La lanzaron al viejo estilo, cosa que a estas alturas ya no se puede hacer, sin causar una reacción negativa de grupos y corrientes con otra forma de pensar.

Además, la propuesta se presenta en el momento menos oportuno, cuando acaba de conmemorarse el día internacional de la mujer y todavía resuenan los discursos sobre los derechos de las mujeres.

SE PRESERVA LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Dicen los juristas consultados, que en el proyecto presentado en el Congreso local, queda garantizada la libertad de los conyugues para decidir el número de hijos y su espaciamiento, como lo establece el artículo cuarto de la Constitución General de la República.

Señalan que sobre el asunto del aborto y muerte asistida, así como la reglamentación de uniones entre personas del mismo sexo, la reglamentación debe hacerse en los códigos civil y penal y no en la Constitución Política del Estado.

Si se establece en el proyecto que la organización de la familia, se basa en el matrimonio, es porque ha sido lo tradicional.

Y si en  la premisa IV del proyecto se establece que la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, es porque desde siempre, el Estado tiene esa obligación.

Hay un principio del Derecho Romano que establece: “Al infante concebido, se le tiene por nacido para todos los efectos que establezca la ley”.

Eso no impide que en el Código Penal, se pueda hacer una reforma para establecer en qué casos puede realizarse un aborto.

La muerte natural es la que tienen todos los seres humanos, cuando no hay causas externas que la provoquen, como en el homicidio, en los accidentes, en la irresponsabilidad médica. Ahora bien, la llamada “muerte asistida” se da cuando a un enfermo terminal, se le suspenden los tratamientos médicos que prolongan su vida en forma artificial. Esto puede ser, en opinión de los abogados, reglamentado en el Código Penal.

Vistas así las cosas no hay problema.

ASUNTO POLITICO Y MEDIATICO

Pero, la forma y el momento de abordar este tema en el Congreso del Estado, no fue la adecuada. De ahí que hayan surgido problemas dentro de la misma bancada priísta, de la que solo 11 diputados han firmado la iniciativa; tampoco la firmaron, los dos diputados del PRD.

Los que sí firmaron alegremente, fueron los panistas y eso da pábulo para que se diga que la iniciativa es de derecha, etc.

En opinión de otro amigo nuestro, éste no es abogado sino economista y político de carrera, el problema radica en la forma poco profesional en que los diputados interesados en el asunto, presentaron la iniciativa. No hablaron, no explicaron, no convencieron. Ahora les estalló el problema: hasta la presidenta nacional del PRI y la presidenta municipal de Puebla, se están oponiendo.

Y es que si los diputados siempre deben tener cuidado al abordar estos temas, deberían ser mucho más cuidadosos cuando estamos viviendo tiempos políticos difíciles y complicados.

Esta iniciativa se va a prestar al escándalo mediático si no es retirada inmediatamente. Total no va a pasar nada si se aprueba o no se aprueba porque de hecho la propuesta no cambia en nada la situación actual.

Dice nuestro amigo, que los únicos cambios que ha habido en el país desde la llegada del PAN al poder, es que ha surgido un grupo numeroso y muy activo de izquierda, que actúa ruidosamente cada vez que la derecha pretende hacer cambios que considera lesivos para el ejercicio de las libertades individuales.

JORGE MORENO VALLE Huitrón, es un joven economista egresado de la UDLA donde hizo la licenciatura y dos maestrías, una en Finanzas y otra en Administración y que aspira a ser el próximo presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla.

Se registró ayer como candidato y estuvo acompañado de muchos de sus compañeros de profesión. Los dos o tres aspirantes que había, han declinado a su favor por lo que su triunfo, como candidato de unidad, está asegurado.

El sábado ofrecerá un desayuno a representantes de los medios de comunicación, para dar a conocer su plan de trabajo.

Dada su juventud, su entusiasmo y preparación, se cree que el Colegio de Economistas, dará un nuevo giro a su actuación, para servir a la comunidad poblana en estos tiempos de crisis económica, dando orientaciones valiosas a los ciudadanos para superar las dificultades que se le presenten