La frase histórica de Vicente Fox con la que pretendió definir a su gobierno: «Este es un gobierno de empresarios y para empresarios», la tomaron en serio los dueños de los medios electrónicos de comunicación y los directivos de los organismos empresariales, que exigen una ley electoral a su gusto y plena satisfacción y como siempre, se asumen como representantes del pueblo.
En las últimas elecciones federales, se puso de manifiesto hasta qué punto, los dueños de los medios electrónicos, pueden influir, para su beneficio, en un resultado electoral y por eso, el Congreso de la Unión, decidió tomar las medidas necesarias para frenar esa influencia, basada en el dinero que partidos y candidatos y grupos de interés que los apoyen, invierten en propaganda política, a través de esos medios.
La reacción que los empresarios afectados tuvieron, fue semejante a la que tuvo la Iglesia Católica, cuando el Congreso aprobó las Leyes de Reforma; semejante también fue la reacción de las empresas petroleras, cuando Cárdenas nacionalizó el petróleo.
Se olvidan que, como les recordó en senador perredista Pablo Gómez, de acuerdo con la Constitución (el artículo 27) la nación es propietaria del suelo y del subsuelo y del espacio aéreo y que ellos disfrutan de una concesión, para usar ese espacio, que les concede el Estado.
Alegan que la ley es un atentado a la libertad de expresión, lo cual es absolutamente falso. Prohibir el gasto excesivo en propaganda política electrónica, no es atentar contra la libertad de expresión. Es colocar en igualdad de circunstancias a todos los ciudadanos de este país, para poder aspirar a un puesto de representación popular. Es impedir que grupos de interés, poderosos economicamente, puedan influir en el resultado de una elección, para su beneficio personal o de grupo.
SE LES VAN 3 MIL MILLONES DE PESOS
La reacción de los medios electrónicos que parece exagerada y lo es, no se debe a que esté en peligro la libertad de expresión, a que se ponga en riesgo la democracia, a que se atente contra la autonomía del IFE, como han pretendido hacer creer, no, el enojo se produce por el freno que se pone al excesivo gasto en anuncios televisivos, que en la última campaña política federal, representó nada menos, pero nada más, que 3 mil millones de pesos, independientemente de lo invertido por empresas y particulares, al márgen de los partidos.
Por mucho que los representantes de los grandes grupos de la comunicación electrónica se esforzaban por ocultar que su interés era el dinero, no podían disimularlo. Una y otra vez se ponía en evidencia que ese era el meollo del asunto.
Ante los directivos de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, de las dos cadenas televisivas más importantes, destacaron las participaciones de los senadores Pablo Gómez Alvarez, del PRD; Jesús Murillo Karam, del PRI; Dante Delgado, de Convergencia; María de los Angeles Moreno, del PRI; Castro Trendis, del PRI y Ricardo García Cervantes del PAN.
Las reformas electorales fueron aprobadas ayer, enmedio de una tormenta mediática en contra, por radio y televisión, en la que se hablaba de atentados a la libertad de expresión, de retrocesos de la democracia, etc.
A lo largo de sus trasmisiones del día, la radio y la televisión, hacían críticas a la decisión tomada por los legisladores a quienes exigían un referendum, figura que no contempla nuestra máxima ley, la Constitución y por tanto, imposible de llevar a cabo.
Los dueños de los medios electrónicos de comunicación y sus aliados, tuvieron una reacción no de ciudadanos, sino de propietarios del país. Los gobiernos tecnocráticos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo y el gobierno panista de Vicente Fox, los hicieron creer que en torno de ellos giraba el país, que sin ellos no eramos nada y ahí están las consecuencias.
Los empresarios son necesarios en toda nación moderna, como son necesarios los obreros, los campesinos, los maestros, los profesionales, etc., pero en un plano de igualdad. Nadie es superior a otro, todos somos ciudadanos con derechos y obligaciones, todos somos mexicanos que en la medida de nuestras posibilidades, aportamos algo para el avance social y económico de nuestra comunidad nacional.
No hay, ni debe haber, privilegios para nadie. Ante la ley, todos somos iguales y tan dueños son ellos del espacio aéreo, como lo son los indígenas de la sierra negra y es el Estado, el que debe regular el uso de ese espacio.
LAS INCONGRUENCIAS SALEN A FLOTE
«Al diablo con las instituciones», fue una frase de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que le fue criticada con dureza por los grupos empresariales como la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Concanaco, etc., como por los medios electrónicos de comunicación.
Nuestro país, tiene leyes, tiene instituciones aceptadas por todos y respetadas, decían. ¿Quién es ese señor para mandarlas al diablo solo porque no se someten a su voluntad?. Eso decían en sus críticas al entonces candidato presidencial.
Ahora resulta que ellos mandan al diablo a las instituciones, que expresan su falta de respeto al Poder Legislativo y que exigen que para anular un proyecto de ley que no les conviene, que se recurra a un sistema de consulta popular, el referendum, que no está contemplado en la Constitución. No hay congruencia entre lo que dicen: que defienden a la democracia y lo que hacen o dicen.
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