Pulso Político


Gabriel Sánchez Andraca


Por ley, revocación de mandato


Tan pronto como se tuvo evidencia clara, de que el señor Rubén Gil Campos, presidente municipal de Izúcar de Matamoros, estaba detenido en los Estados Unidos, “por existir proceso por delito intencional”, de acuerdo con la fracción II del artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal, el Congreso del Estado debió haberle revocado el mandato y llamar al suplente para sustituirlo. Eso, hubiera evitado muchos problemas.


Las autoridades hicieron bien en no proceder hasta en tanto no se comprobara oficialmente la detención del señor Gil, pero una vez obtenida la información oficial correspondiente, debieron aplicar la ley que señala: “Los miembros de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos en los cargos para los cuales fueron electos o designados, o revocado el mandato que se les haya asignado, en los siguientes casos: I.- Por incapacidad legal declarada por autoridad competente; II.-Por existir en su contra proceso por delito intencional calificado como grave. En este caso la suspención surtirá efecto a partir del momento en que se dicte auto de formal prisión y quedará sin efecto si llegare a dictarse sentencia absolutoria; y por las demás causas establecids en esta Ley (Orgánica Municipal) y disposiciones aplicables”.


El señor Gil Campos fue declarado formalmente preso y sin derecho a fianza y entonces debió procederse en la forma en que la ley lo inidica.


En vez de proceder a la revocación del mandato, como lo establece la ley de la materia (artículo 56, fracción II) se aplicó el artículo 52, que se refiere a las faltas temporales y que señala que las faltas de hasta 30 días, del presidente municipal, serán suplidas por el regidor de Gobernación.


Cuando todavía faltaban 14 días para que terminara el interinato del regidor de gobernación, Rubero Suárez Matías, el Cabildo lo quita con el pretexto de que había recibido una solicitud de licencia del señor Gil, para separarse del cargo por tiempo indefinido y llama al suplente, señor Arturo Herrera.


EL APRESURAMIENTO DEL CABILDO, LO COMPLICA TODO


La suplencia del señor Herrera está muy cuestionada no solo por los partidos de oposición, sino incluso por el PRI y por sectores importantes de la población, ya que es cuñado del presidente municipal en problemas legales en los Estados Unidos.


El ocupaba el cargo de tesorero municipal y de ahí, brinca a la presidencia que deja vacante su cuñado.


Los perredistas de Izúcar estaban demandando un nuevo proceso electoral, previo plebiscito a la población, para que lo aprobara o lo rechazara, cosa que no está contemplada en nuestras leyes.


Lo que se ha provocado con la actuación de los regidores, es una movilización social que podría tener graves consecuencias si no se actúa con la rapidez que el caso amerita.


Se rompió ya la unidad del ayuntamiento, pues regidores del PRI y del PRD, no aprueban la decisión del Cabildo. Pero hay algo peor, ahora no solo es el PRD el que está convocando a la movilización social, sino incluso priístas de todos los sectores, como la central obrera CROM y miembros del sector popular, aunque también hay quienes apoyan al señor Herrera, como los hermanos Vargas Bello, uno de ellos ex presidente municipal.


Hay un importante grupo de panistas, que está también en contra de la situación imperante, pero lo mas preocupante, es que los barrios que rodean a Izúcar y que en cuestiones políticas han tenido un peso específico, se han unido a la protesta.


Para que usted se de cuenta de la gravedad del problema le diremos que el señor Arturo Herrera, presidente municipal suplente y los regidores que lo apoyan, hicieron un paseillo a pie por las calles del centro al medio día de ayer, rodeados por una veintena de policías con metralleta en mano.


¿CUAL ES LA SOLUCION? ¿UN CONCEJO MUNICIPAL?


Historicamente Izúcar de Matamoros ha sido un municipio politicamente conflictivo. La gente de ese municipio y en general de la región sur del estado, se rebela con mucha facilidad. Ha habido pruebas relativamente recientes de eso. Entonces se impone una actuación rápida y efectiva de las autoridades para evitar que el problema se complique.


La ley establece en su artículo 60, que la suspención o revocación del mandato de un ayuntamiento, es facultad exclusiva del Congreso del Estado.


Izúcar tiene dos representantes en el Poder Legislativo: uno del PRI, la profesora Erika Suck Mendieta y uno del PRD, el profesor Melitón Lozano, que deben informar objetivamente del problema para que todos los diputados, después de analizarlo y discutirlo, tomen las medidas que consideren más adecuadas para solucionarlo.


Hay quienes proponen, dadas las circunstancias, que se revoque el mandato al actual ayuntamiento y se nombre un Concejo Municipal, en el que tengan cabida representantes de los diferentes sectores. Las funciones de un Concejo, son las mismas que las de un ayuntamiento y deberá tener también un presidente y el mismo número de concejales, que el que hay de regidores.


Los diputados deberán comprobar que se cumplan las condiciones que la Ley Orgánica Municipal establece en su artículo 57, fracción II, para declarar la desaparición del ayuntamiento: “Por conflicto suscitado entre los integrantes del Ayuntamiento o entre éste y la población del municipio, que haga imposible el cumplimiento de los fines del mismo o el ejercicio de sus funciones o (fracción III) por cualquier causa grave que impida el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento, conforme al orden Constitucional federal o local.


FRENAR ESCANDALO MEDIATICO APLICANDO LA LEY


El gobierno estatal ha sido víctima de un escándalo mediático de proporciones desconocidas, por razones meramente políticas, según lo hemos comentado aquí, aprovechando el caso de la señora Lydia Cacho.


Ese problema, propiciado por el Yunque, cuya finalidad era reducir la votación para el PRI en las pasadas elecciones federales, fue desproporcionadamente inflado.


Y aunque el caso jurídicamente ya terminó, hay quienes se han ensañado contra el gobernador Mario Marín al grado de aprovechar cualquier problema, por pequeño que sea, para golpearlo mediaticamente.


Los panistas tuvieron en Morelos un gobernador que fue acusado de narcotráfico y pese al escándalo, nunca fue despuesto.


El caso del señor Gil, cuya acusación en contra es grave, podría ser inflado mediaticamente también, si no se actúa con estricto apego a la ley.


Ni el gobernador ni funcionarios públicos estatales, tienen nada que ver con las actividades delictivas de que se acusa al alcalde matamorense. El que haya fotografías en las que aparece el señor Gil con funcionarios o amigos políticos, no índica complicidad o cosa por el estilo. En todo caso, el señor Gil fue secretario general del ayuntamiento perredista de Tepeojuma, después de la trágica muerte de su señor padre y por eso ¿vamos a decir que el PRD protege a narcos? porqué el señor Gil, siendo candidato del PRI a la presidencia municipal de Izúcar, apoyó a la planilla perredista de Tepeojuma ¿vamos a decir que el PRD es cómplice de lo que se acusa a don Rubén?.


Aplicar la ley, pero también actuar con sentido político, es lo que se requiere en estos casos.

 



 
 

 

 
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