Pulso Político


Gabriel Sánchez Andraca

18/11/2009

La falta de realismo de los panistas


Humberto Aguilar Coronado, senador de la república por el PAN, es un hombre bien intencionado, con ideología panista firme y además es un hombre congruente entre lo que piensa y lo que hace, entre el pensar y el actuar. Pero en el tercer informe de su actuación como legislador, demuestra que como la inmensa mayoría de sus correligionarios, está fuera de la realidad.


“Festejamos, dijo, que en México hayamos logrado equilibrios entre poderes que han frenado el abuso y el autoritarismo”.


Señaló que la alternancia, ha logrado una auténtica representación popular y plural.


Acusó a los gobiernos estatales y municipales, de ser cínicos en su discurso y de “disfrazar y distorsionar la realidad”.


Cualquier observador imparcial de la realidad nacional, diría que no hay nada que festejar: los “equilibrios entre poderes que han frenado el abuso y el autoritarismo” (se refiere al gobierno federal) no existen y la prueba está en esa guerra absurda, criticada por todos los expertos en la materia, contra el narcotráfico, que solo ha venido a desencadenar la etapa más violenta que el país haya vivido después de la Revolución.


La desaparición de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, en la forma en que se hizo, demuestra una falta absoluta de sensibilidad social y política, un autoritarismo brutal y la campaña televisiva contra los trabajadores, evidencia un desesperado esfuerzo por disfrazar y distorsionar la realidad.


La alternancia no ha logrado ninguna auténtica representación popular. Nunca la ciudadanía se ha sentido peor representada, nunca el descontento contra diputados y senadores, partidos políticos y funcionarios públicos en general, se había hecho tan evidente.


Tal vez el senador, que repetimos, es un hombre bien intencionado (pero su partido no le ayuda) nunca se enteró de un estudio, realizado hace años a nivel de países latinoamericanos, en el que una gran mayoría de ciudadanos expresaban que preferían mejorar sus condiciones de vida, tener trabajo, escuela para sus hijos, servicios de salud eficientes, seguridad social, antes de que hubiera respeto al voto. Nuestra primitiva y costosísima democracia, ha quedado en eso, en buscar el respeto al voto y nada más. Ha aumentado la pobreza, los servicios de salud se han deteriorado, la educación pública también, el desempleo prevalece en todas partes y no se diga la inseguridad.


Creemos sinceramente que el Tigre Aguilar Coronado, dice lo que dice de buena fe, pero está fuera de la realidad. Su partido tuvo una participación relevante para el mejoramiento del sistema electoral, pero hasta ahí se quedó. En los dos gobiernos federales que ha presidido, ha sido un soberano fracaso. Esos gobiernos panistas, el de Fox y el de Calderón, han contribuido muy entusiastamente a arruinar al país, proceso que iniciaron los gobiernos tecnocráticos priístas de Miguel de la Madrid , Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Ni siquiera han intentado cambiar el sistema económico neoliberal que pese al fracaso que se percibe por todas partes, lo siguen manteniendo vigente en forma autoritaria.

 

Se solidariza el PRI, con defraudados de SITMA

 

Alejandro Armenta Mier, dirigente estatal del PRI, expresó su solidaridad con los defraudados de Sitma, la financiera que durante años actuó sin permiso de las autoridades federales y ofreció intervenir, a través de sus diputados federales y locales, para exigir a las autoridades federales del ramo, que den solución al problema.


Tanto este asunto como el de la financiera Cofia, que también defraudó a mucha gente de buena fe, está siendo politizado por politiquillos que esperan sacar raja para las elecciones del 2010.


Pretenden culpar al gobierno estatal de su situación, sin darse cuenta que el permitir el funcionamiento de ese tipo de negocios (financieras) es de competencia federal. La federación debió dar las autorizaciones correspondientes o clausurar a los que no tenían esas autorizaciones en regla.


Ahora resulta que los agraviados, la mayor parte de ellos gente que con sacrificios hizo un pequeño capital que “puso a trabajar” en esas empresas, por los atractivos réditos que ofrecían, pretende que el gobierno estatal les pague el cien por ciento de lo que perdieron.


El gobierno del estado, ha ofrecido apoyarlos en sus reclamos y cubrir, por tratarse en su mayor parte de gente de escasos recursos económicos, el 70 por ciento de su depósito, siempre que éste no fuera de una cantidad superior a los 30 mil o 50 mil pesos. Pero ya fueron acelerados por políticos interesados en aprovechar el problema, para llevar agua a su molino.


Dicen que en la guerra y el amor todo se vale, pero debería evitarse involucrar en esa guerra completamente interesada, a gente pobre, angustiada por el problema que ha surgido y que tanto les afecta económica y moralmente hablando.


También el líder de los diputados federales de Puebla, Juan Carlos Lastiri, se ha solidarizado con los defraudados y dijo que los representantes populares, “en el ámbito de nuestra competencia, procuraremos que el estado de derecho les asista a las familias afectadas”.


Dejó claro, que no es un asunto que competa al gobierno estatal resolver. Ese tipo de empresas dependen de una normativa federal que regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en coordinación con la Secretaría de Hacienda.

 

La diputación poblana, dijo, impulsará en el Congreso de la Unión que se realice una investigación  precautoria de las empresas que siguen operando, para prevenir un mayor número de afectados por situaciones como éstas.

 



 
 

 

 
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