Pulso Político


Gabriel Sánchez Andraca


Tienen cien días para dar resultados


La designación de Guillermo Hidalgo Vigueras, como secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, ha provocado muchas críticas tanto en los medios informativos como en los comentarios de amigos que se escuchan en los cafés y en los corrillos políticos. Una de las razones de esas críticas, es la fuerte relación que existe entre el recien nombrado funcionario y Alejandro Fernández Soto, secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de quien se dicen muchas cosas.


Pero la presidenta municipal Blanca Alcalá, tiene razón: hay que darles a los nuevos funcionarios municipales, el beneficio de la duda. Ya lo había dicho en su toma de posesión, que tienen cien días para dar resultados.


Las críticas a funcionarios recien nombrados pueden tener dos orígenes: un real rechazo de un aplio sector de la población por conocer antecedentes de deshonestidad, ineficiencia o arbitrariedad del recien nombrado o ataques de grupos políticos cuyo objetivo es llevar agua a su molino.


Cien días al frente de una dependencia serán suficientes para que la presidenta municipal pueda evaluar el trabajo realizado por el funcionario que nombró y en base a los resultados que haya dado, confirmarlo o pedirle su renuncia.


Hay un dicho que establece, que la recomendación termina, cuando el trabajo empieza. Si el señor Hidalgo Vigueras es recomendado por alguien poderoso e influyente, debe responder con trabajo, con eficiencia y con honradez a esa recomendación. La primera mujer que llega a la presidencia municipal de una ciudad tan importante como Puebla, no puede darse el lujo de sostener en un puesto que es de la máxima importancia para la ciudadanía, a un inepto, deshonesto o arbitrario, por la sencilla razón, de que la primera perjudicada sería ella misma, pues los tiempos que corren, ya no permiten sostener al frente de una dependencia a nadie, contra viento y marea.


LOS MILITARES RETIRADOS SI PUEDEN SER FUNCIONARIOS


Lo dicho a la prensa local por el general retirado José Francisco Rodríguez Gallardo, en el sentido de que es anticonstitucional designar a militares retirados en puestos de jefatura policiaca, no corresponde a la verdad, asegura el capitán retirado y abogado, Melchor Fernández Merino.


Afirma que un militar en retiro o jubilado, es un civil con formación militar y como mexicano puede dedicarse a lo que él quiera y puede ocupar cualquier puesto, hasta el de Presidente de la República.


El haber sido militar, es una honra, no una deshonra, señaló.


Por otra parte, en el caso del nuevo jefe de la policía municipal, José Ventura Rodríguez Verdín, quienes lo conocen saben que efectivamente fue militar, pero tiene formación policiaca. Ha desempeñado ya con eficiencia cargos de esta naturaleza en varios gobiernos estatales y fue un aventajado discípulo de otros dos ex militares y magníficos funcionarios de policía, como lo fueron Flores Narro y Alvarez Moguel, ya fallecidos.


Quienes protestan por su designación, nos dice un priísta, son los de la “28 de octubre” porque fue Rodríguez Verdín quien detuvo a Simitrio, líder de los ambulantes, y agrupaciones de izquierda que acusan de represivo a cualquier funcionario que hace cumplir la ley.


Al frente de una institución policiaca, no puede quedar una hermanita de la caridad, tampoco un patán, sino una persona con experiencia y con caracter para desempeñarlo.


EMPLEADOS MUNICIPALES PIDEN SEGURIDAD EN EL EMPLEO


Cada trienio es de angustia para los empleados municipales, de todo el estado, que no son de confianza, pues con esto de la democracia, les ha ido como en feria.


Si el ayuntamiento saliente es de PRI y llega uno del PAN, van p’fuera todos y llega nueva gente. Si el ayuntamiento es panista y lo sustituye un priísta, todos los empleados se ponen a temblar, pues carecen de la mínima seguridad en su empleo y están sujetos a las veleidades de la política.


A veces hasta la entrada y salida de ayuntamientos del mismo partido, provoca estas angustias.


Por eso muchos trabajadores municipales de varias partes del estado, están demandando que se establezcan normas para respetar a quienes ocupan puestos de trabajo que no sean de confianza o que en todo caso, se les liquide de acuerdo a lo que establece la ley.


La Ley Federal del Trabajo, es letra muerta para los trabajadores de la mayor parte de los ayuntamientos de Puebla. No tienen ninguna garantía y ningún servicio médico y encima de eso, son dados de baja con la mano en la cintura, sin ninguna liquidación, cuando llega un presidente municipal dispuesto a “cambiarlo todo”.


En el municipio capital del estado, hay un sindicato que protege a los trabajadores llamados de base. En el interior de la entidad, la mayor parte de quienes laboran en los ayuntamientos, no solo nunca llegan a tener base, sino que están expuestos a todas las arbitrariedades, aunque sean eficientes en el trabajo que desempeñan.


Cuando preguntamos porqué no pedían a sus respetivos diputados que tomaran cartas en el asunto y legislaran al respecto, nos dijeron que la mayor parte de ellos teme represalias, sobre todo la pérdida de su empleo y por eso nadie se arriesga.




 
 

 

 
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