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Hipólito Contreras

Certificación de ejidos y la burocracia

De que  la  burocracia es lenta  para atender  los asuntos del campo y de todo tipo lo es, cuando  los grupos hacen peticiones, solicitan apoyos, presentan proyectos, las  respuestas  son tardadas de meses  y hasta años

Esto es  lo que  ocurre por  ejemplo con la certificación de  ejidos, son muchos  los  trámites, muchas las  vueltas de los  ejidatarios  para que un ejido sea  regularizado de acuerdo a las reformas a la ley  agraria   de 1994.

Han pasado casi quince años desde  que  fue  reformada la ley agraria sin que hasta  la  fecha se  haya  dado plena  validez jurídica a la totalidad  de  los ejidos  y  comunidades del país,  lo  que por supuesto,  representa un obstáculo más el campo,  los programas  federales y estatales están dirigidos para  ejidos regularizados, las instituciones  financieras   sólo prestan a parcelas  regularizadas o pequeñas propiedades.

Desde  el reparto  agrario hasta 1994  los ejidos  representaban  sólo  la entrega de la  tierra a  los campesinos, sin mayor documento que  el certificado de derechos  agrarios que los  reconocía    como  usufructuarios de  la  tierra,   no   propietarios,  a  partir de   la  reforma a  la ley  agraria, los ejidos podían ser regularizados,  con lo que se ponía a los ejidatarios a  un paso de   convertirse en pequeños propietarios, situación que llevó al riesgo de vendieran sus tierras.

De hecho la venta de tierras ejidales  venía ocurriendo  desde hace   muchos años  tanto en zonas rurales como  las absorbidas por las zonas urbanas, el mercado de la tierra siempre se  ha dado  sea  propiedad o ejido,  la   insuficiencia de los apoyos federales  y estatales  ha sido  sólo  uno de  los factores el por qué muchos abandonan  sus parcelas.

Lo que  los  ejidatarios piden es  seguridad  jurídica en  sus   tierras,  eso  no resuelve  por  supuesto   sus problemas, pero  le da  certeza  legal  como a cualquier persona que por  ejemplo  adquiera una casa  y  por  tanto  necesita  una escritura, de otra  forma,  nunca  será  dueña de  nada.

Eso es justo  lo que  los ejidatarios  piden   luego de que por  fin en  1994   el gobierno federal  dominado aún por  el PRI  decidió,  reformar la ley  agraria,  y no  precisamente por  reclamo campesino, no  hay que olvidar que en la era  de  los gobiernos  priístas se  daba un corporativismo  total, un sometimiento total  al gobierno en turno.

El gobierno federal se trazó  metas, regularizar  a  través del PROCEDE,  Programa de  Certificación de  Derechos  Ejidales,  a   los más de   cien  millones de  hectáreas  ejidales en el país,  el objetivo era que en  la administración anterior se  terminara  la  regularización  de la propiedad social y con ello  prácticamente  terminar con el  trabajo  y funciones de  la Secretaría de  la  Reforma Agraria.

La meta  no se  cumplió  por  la lentitud con que operan las dependencias federales,  no hay rapidez  en  los procesos, las  reglas  y normas son  complejas, enredadas, tardadas,  los ejidatarios  pasan  meses  y años para   el proceso de  regularización de los ejidos.

Solo un ejemplo,  los ejidatarios de  Huatlatlauca,  y que la  el pasado fin de semana recibieron sus certificados parcelarios de manos del  titular de  la Secretaría de   la  Reforma  Agraria, esperaron nada  más  cincuenta  y cinco  años para  que  sus ejido  fuera regularizado, algunos de  ellos son ya   hombres  y mujeres que superan los  setenta años.

Este  como   lo más de mil cien ejidos en el estado   tuvo que hacer  los mismo trámites para que después de  un  largo proceso recibieran  sus certificados  parcelarios que hacen  el papel de  una escritura  con lo  que  podrán ya  heredar,  hipotecar o vender si así  lo quieren.

El Procede   ha informado  que el  avance  en el estado de Puebla era  superior al setenta y cinco por ciento  en la regularización de  ejidos, la verdad  sólo  la saben  los ejidatarios,   los  trámites son tardados, el proceso es largo,  a los ejidatarios casi  no les alcanza  la vida  para  recibir sus documentos.

El que  los ejidatarios y comuneros  reciban  sus certificados parcelarios  y sus  títulos de propiedad es fundamental,  no porque  vayan a  resolver  sus problemas,  no  porque  ahora ya  vayan a  tener  los apoyos  federales  y  estatales y de financiamiento para   desarrollar proyectos  productivos,  sino porque sencillamente   reciben certeza  jurídica  en sus tierras, será  ya legítimos  dueños o propietarios de sus  parcelas, el que conserven o no  su patrimonio depende  de  varios  factores, entre otros el  apoyos institucional.

Es tiempo entonces  que el  gobierno federal liquide  ya este programa, no  tiene caso ya   que  siga retrasando  la entrega de  certificados parcelarios  y  títulos de propiedad, no debe  ser una estrategia  política parata tratar de controlar o chantajear a los  ejidatarios del país, los tiempos del corporativismo ya pasaron.

Con  la conclusión de la certificación ejidal habrá terminado la  función de  la  Secretaría de  la  Reforma  Agraria,  lo  fundamental será  ya  impulsar con todo a  la producción,  el campo  ya  no  está para tramitología agraria  sino para producir, para organizar, capacitar   e  invertir en  el sector productivo, mecanizar  y  elevar  los rendimientos con sin Tratado de  Libre  Comercio.

 Como siempre  habrá asuntos  menores de tierra, algunos conflictos por  la posesión aunque  jurídicamente estén definidos,  para atenderlos ya no se  requerirá  de  una Secretaría, sino quizás  una  comisión agraria.