Mundo Rural

Hipólito Contreras

09/03/2009

Una cementera en una región agrícola

No parece contradictorio, lo es; el que se haya autorizado el funcionamiento de una planta productora de cemento en una región eminentemente agrícola como es la de Palmar de Bravo, Quecholac, y otros municipios de la zona productores de hortalizas.

Bueno, dirán  los que autorizaron  la instalación de la planta  de la Cruz Azul, es que se trata de una empresa que generará desarrollo para la región y las comunidades, fuentes de empleo para miles de trabajadores.

Hasta aquí  todo estaría bien si la planta se ubicara en una zona semidesértica, no idónea para la agricultura, con una baja población y con ricos yacimientos de piedra y otros materiales como ónix y mármol, su explotación sustentable y compatible con el medio se justificaría.

No, lo que se autorizó en Palmar de Bravo y Quecholac  fue  la construcción de una planta cementera en una zona eminentemente agrícola, productora sobre todo de hortalizas bajo riego, cuya producción de miles de toneladas genera miles de empleos para la población, esa por esto que aquí el fenómeno migratorio es mínimo, donde hay producción existe reactivación económica, la gente está ocupada.

La zona, que es parte de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, cuenta con recursos minerales, bancos de piedra y otros materiales, que son una riqueza que debe beneficiar a las comunidades. Lo cierto es que no es así, la empresa cementera de la Cruz Azul compró a  muy bajo precio 575 hectáreas ricas en materiales, de hecho, una mina de grandes proporciones que le generará  muchos cientos y miles de millones de pesos.

Se supone que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales federal y estatal tienen perfectamente claro las normas ambientales que se deben respetar, las condiciones que deben darse para autorizar el funcionamiento de una planta de este tipo, una cementera que aún cuando utilice sistemas modernos, es contaminante del medio ambiente, además de que requiere grandes cantidades de agua.

Este punto importante, el del agua, en el convenio firmado el  9 de enero de 2007 se dijo que se resolvería con la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, esa agua utilizaría la empresa e incluso regresaría excedentes para beneficio de las comunidades. No fue así, la empresa no cumplió, por lo que usa agua del acuífero de la región, lo que pone en peligro las reservas.

Si la planta está absorbiendo grandes cantidades de agua, para lo que en el convenio no se dice que cuente con pozo autorizado, en el corto plazo la zona agrícola resultará seriamente afectada, sin agua la producción se desplomará con todas las consecuencias que esto genera.

Los productores se preguntan ¿Cómo es que se autorizo  el funcionamiento de una empresa cementera en una región con vocación agrícola? Suena ilógico que donde existe producción se autorice una empresa que consume grandes cantidades de agua y contamina todo con las fuerte emisiones de polvo, además del daño a la salud de la población, se habla incluso de hasta posible riesgo de cáncer, sobre todo en mujeres.

La organización internacional Greenpeace ha intervenido en este problema por el problema ambiental que se genera en la región.

También se  ha integrado la Asociación Ecológica “Eco Tuzuapan A.C.” y que preside don Maurilio Rosas, un dirigente natural preocupado y ocupado en la problemática que ha generado la planta cementera.

Son cada vez más los ciudadanos de la rica zona  productora de hortalizas los que se suman a la lucha de la asociación civil por la protección de los recursos, sobre todo el agua. Una primera acción de a asociación fue la movilización del pasado 28 de febrero cuando además de exigir a la empresa el cumplimiento del convenio, procedieron a la clausura simbólica de la planta.

En el convenio que la empresa, que se denomina CYCNA Oriente S.A de C.V, será la única responsable de reparar los daños y perjuicios que puedan causarse a los cultivos o productos agrícolas de la región, así como los que se generen a los manantiales que proveen de agua a las comunidades y que sean atribuibles a su actividad.

La empresa se comprometió impulsar el desarrollo de un centro de monitoreo ambiental, construir una clínica y un complejo ecoturístico en las hectáreas que sean parte del la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.

A más de dos años del convenio firmado la empresa nada ha cumplido. En la cláusula décima se establece que el incumplimiento del acuerdo será motivo de clausura definitiva de la cementera. Las comunidades exigen la clausura tal y como se acordó.

Todo dependerá de la movilización de las comunidades, que hoy tienen el apoyo de la  asociación civil “Eco Tuzuapan” y la organización internacional Greenpeace, para que la cementera cumpla lo que firmó, o en su caso se proceda a la clausura.

Por supuesto que  la Semarat  ni Profepa van a clausurar la planta porque existen ahí muchos millones de pesos invertidos, sólo lo harán si las comunidades se organizan y lo exigen; si se movilizan, si se mueven.

Aseguran los productores que las emisiones de polvo que genera la empresa son tan grandes que el aire se enrarece en las madrugadas cuando entran en funcionamiento los equipos de la empresa, ese fino polvo, aseguran, es el que está dañando la agricultura y la salud de la población.

La cementera de Palmar de Bravo es  un caso más que demuestra que en este modelo económico primero están los grandes empresarios, después los empresarios, y al último también los empresarios. El campo no está en la agenda de este modelo económico.