Sociedad abierta


Violeta Lagunes


06/10/2010


¿Y la deuda con las mujeres Sr. Gobernador?


He escuchado mucho en los últimos días que nuestro Estado es uno de los más endeudado en todo el país, con un pasivo de 9000 millones de pesos, ¿en qué pudo gastarse tanto dinero el Gobernador pues no hizo ninguna obra de gran magnitud ni mejoró la situación económica de los poblanos? pero lo que más me sorprende es que nadie hable sobre la deuda que tienen Mario Marín Torres y los poderes  Legislativo y Judicial con las mujeres.


Jamás he visto un gobernador en Puebla que sea capaz de mejorar la situación de las mujeres, a pesar de que a nivel internacional se han dado grandes avances en nuestro beneficio, entre otros, la creación de un observatorio de los tratados internacionales en materia de equidad de género, que inclusive aplica sanciones a los Gobiernos Soberanos por violación a éstos, y la creación de ONU-Mujer, que une en una sola entidad cuatro programas de Naciones Unidas: el Fondo de la ONU para el Desarrollo de la Mujer (Unifem), la División de la ONU para el Avance de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (Instraw), así como de la Oficina del Asesor Especial en Asuntos de Género (Osagi), esta agencia está presidida por una mujer admirable, la Ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet.


Asimismo, a nivel federal se destina anualmente un presupuesto de 9 mil millones de pesos a cuestiones de apoyo a las mujeres y a la equidad de género, mismos que se encuentran etiquetados en varios programas federales previstos en el Anexo 9-A del Presupuesto de Egresos de la Federación.


Sin embargo, un gran porcentaje de este presupuesto es administrado por los Gobiernos Locales, y para el caso de Puebla, casi todos los Secretarios de Estado y titulares de órganos administrativos son hombres, y no terminan de conocer -ni de entender- las necesidades de las mujeres en cada rubro, por lo que terminan destinando a otros servicios dicho presupuesto.


Por otra parte, la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, constituyen un catálogo de buenas intenciones, que no tienen mayor ejecución.


En el Presupuesto de Egresos que aprueba cada año la legislatura local, no existe un capítulo especial destinado a equidad de género, ni se etiquetan recursos para favorecer a las mujeres que más lo necesitan, por ejemplo, en las poblaciones donde más se quebrantan sus derechos no existen institutos municipales de la mujer, ni unidades médicas y hospitalarias para la atención de sus enfermedades, seguimiento a los casos de violencia en su contra y de readaptación de sus agresores, entre otros; y las autoridades festejan porque han creado 3 o 4 estancias para mujeres maltratadas cuando debería de haber una por cada 100 000 mujeres.


En materia laboral, los porcentajes de desempleo son muchísimo más elevados en las poblanas que en los poblanos, a pesar de su capacidad, sentido de responsabilidad y honestidad, y los programas de empleo temporal prácticamente se han destinado a contratar a hombres, por lo que las mujeres han padecido en mayor medida la crisis económica; de la remuneración que se les da el tipo de puesto desempeñado, mejor ni hablamos, peor es la situación de las mujeres con hijos o embarazadas.


Nuestras instituciones también deben ser replanteadas, pues a través de la historia, el origen del matrimonio, fue el rapto y el estupro, y todavía tenemos en México y en Puebla, leyes arcaicas en materia civil, penal y familiar en las que se extingue la acción penal si el raptor o el estuprador contraen matrimonio con su víctima, lo que promueve una mayor violencia frente a ellas; para demostrar varios tipos penales, se exige a las mujeres demostrar elementos subjetivos o se establecen cargas  procesales innecesarias para denunciar delitos cometidos contra ellas, como la obligación de presentar una querella, cuando muchas veces están privadas de su libertad o con temor fundado de recibir un daño mayor, tampoco existe como delito del fuero común ni federal, el feminicidio; en muy pocos lugares existen fiscales ni defensores de oficio, ni agentes del M.P. o juzgadores realmente especializados en la materia.


En las agencias del M.P. no existen espacios especiales para la celebración de audiencias y diligencias en las que las víctimas requieren privacidad o protección, ni se da atención y seguimiento a los daños físicos, psicológicos y legales que han padecido por motivos de discriminación, o lesión a sus derechos, ni tienen acceso a la reparación del daño causado por sus victimarios, empezando por el derecho a que su honor no se vea quebrantado al denunciar hechos ilícitos cometidos en su contra.

 

Estos son solo algunos ejemplos de la inequidad que a diario viven nuestras poblanas, ejemplos que no han conmovido en forma alguna a nuestros gobernantes, menos a nuestro Gobernador Mario Marín. De otros daños que él ha cometido contra las mujeres, no hablaré el día de hoy, ya no tiene caso, el daño que les hizo, no lo puede reparar, sólo me queda pedirle a Dios que lo maldiga por tales hechos.

 



 
 

 

 
Todos los Columnistas