Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
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03/08/2011


Ya tenemos Torquemada


Se acabó la leyenda urbana. El gobierno morenovallista ya tiene a su disposición los elementos jurídicos para iniciar la cacería de periodistas y demandarlos por daño moral. O mejor dicho: los ha creado al darle la personalidad necesaria al director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, para conducir todos los recursos legales para garantizar el derecho de réplica y demandar por daño moral para salvaguardar los derechos tanto del gobierno estatal como de sus funcionarios. En otras palabras, le dio poderes de un Torquemada, Supremo Censor de la libertad de expresión. De acuerdo con el valioso documento presentado hoy por CAMBIO, y al que todavía le hace falta un reglamento interior, Sergio Ramírez tendrá en sus manos el destino de periodistas y empresas de la comunicación. Será él quien determine las notas que merecen carta aclaratoria, censura tuiteriana, o de plano la demanda por daño moral ante los casos graves. Un Gran Inquisidor que tendrá en sus manos el arma mortal de la Rafamordaza.


Alrededor del decreto que oficializa la temporada de caza hay varias consideraciones jurídicas importantes. Si en el primer semestre no hubo demandas de daño moral contra periodistas, comunicadores y empresas, quizá no fue falta de voluntad. En realidad, al interior del gobierno se abrió un amplio debate sobre la personalidad jurídica idónea para presentarlas, y si podía proceder genéricamente el daño moral contra el gobierno. Y es que aunque varias veces se sugirió en las reuniones de gabinete, la verdad es que ningún funcionario de primer nivel quiere asumir el costo de ser el primer morenovallista en enfrentar a la prensa. No por miedo a lo que pueda ocurrir en los tribunales, sino por la inevitable solidaridad gremial que se traducirá en acoso mediático al funcionario en cuestión. Si los miembros del gabinete tienen miedo de demandar en lo personal, ¿pueden existir demandas presentadas por el gobierno?


La pregunta es: ¿puede el Estado sufrir daño moral? Las posturas son variadas, pero los juristas del gobierno llegaron a una conclusión: como persona moral, claro que el Estado puede sufrir daño al prestigio y credibilidad como organización. Se trata de seguir el ejemplo de las grandes corporaciones y empresas, que ante difamaciones pueden demandar como persona moral y no únicamente sus directivos. ¿Y cómo se puede probar el daño al Estado? De formas variadas, por ejemplo, la caída en la calificación ciudadana o evaluación a la gestión gubernamental.


Una vez definido que el gobierno estatal sí puede ser objeto de daño moral, el siguiente punto era determinar la personalidad jurídica del demandante. Técnicamente, el representante de la administración es el procurador General de Justicia, pero también podría desempeñar esa función el titular de Servicios Legales. En la duda de uno u otro, el gobernador Moreno Valle definió que su Torquemada será, precisamente, el director de Comunicación Social y por ello modificó el decreto de creación del área para dotarlo de la personalidad necesaria. A partir de la publicación de la modificación en el Periódico Oficial del Estado, el 25 de julio pasado, todo el material periodístico referido al gobierno morenovallista o sus funcionarios podrá ser objetado en tribunales. La duda mata: ¿ya habrá padrino que bautice a la Rafamordaza?


En el decreto de modificación destacan dos fracciones que no dejan lugar a equívocos. En la fracción XIV del artículo 2 se faculta al director a: “Ejercer los derechos a los que se refieren los artículos 1958, 1958 bis y demás del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, respecto de las acciones del gobierno, sus dependencias o entidades, el gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública, así como las acciones legales necesarias para hacerlos efectivos; sin que ello excluya las acciones que pudiera ejercer directamente al afectado”. En la fracción X del artículo sexto del mismo decreto se le faculta a Sergio Ramírez: “Realizar las aclaraciones y ejercer las acciones que considere pertinentes respecto de las afectaciones al honor o reputación, los señalamientos, declaraciones o publicaciones que se refieran al gobierno, sus dependencias o entidades, al gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública”. ¿Así o más claro?


La temporada de caza está abierta y Torquemada Ramírez tiene varios mecanismos para poner en cintura a los periodistas. Desde la solicitud de rectificación de la información “en buen plan”, la ofensiva tuiteriana, pasando por la publicación de cartas aclaratorias. En los casos más graves podrá utilizar las armas jurisdiccionales de la Rafamordaza: solicitar ante un juez el derecho de réplica, o presentar la demanda por daño moral. Pero ojo: la demanda puede solicitar la reparación del daño de los 3 mil días de salario mínimo, o únicamente la rectificación en el propio medio de comunicación.

 

Suerte, pues, a los medios en su trato con Torquemada. Para los medios, palo. No hay pan.

 



 
 

 

 
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