Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
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05/01/2011


El TSJ en los tiempos del morenovallismo


En una noche nebulosa llena de alcohol y drogas, el entonces subdirector de Vialidad Estatal asesinó arteramente a un joven valet parking con su arma de cargo al salir del antro de moda, el famoso Viktor Hotel. El crimen horrorizó a la sociedad poblana por las condiciones de ventaja que tuvo Alan Ibarra Meza sobre un padre de familia que sólo desempeñaba su trabajo. Los exámenes toxicológicos confirmaron la intoxicación del funcionario público y el agente del Ministerio Público lo consignó por homicidio calificado, por lo que mínimo le esperaban 20 años de cárcel. Sin embargo, Ibarra Meza, mejor conocido como “El Matavalets”, ya camina libre por las calles cuando apenas han transcurrido cuatro años del homicidio. Una buena cadena de acontecimientos ayudaron a su liberación. Primero, conseguir como abogado a Florentino Téllez, “El Mago”, el mejor abogado penalista de Puebla. Dos, que cuatro años después el Ministerio Público se retractara de su consignación y adoptara como propias las conclusiones de la defensa. Es decir, el homicidio en el que intervino un arma de fuego no fue calificado, sino producto de una riña. Tres, la excelente casualidad de que la jueza Rosa Elena Zárate se encontrara de permiso para asistir a un curso de juicios orales, y su suplente, de forma diligente, se aprestara a resolver un caso espinoso del que tenía como conocimiento. Y cuatro, que el MP al final impugnara la sentencia, pero de forma extemporánea. En un país sospechosista, tantas casualidades huelen a corrupción.


El caso de “El Matavalets” evidencia lo que sabemos desde hace por lo menos dos décadas: la justicia poblana es una cloaca sin fondo. Y por justicia, entiendo el sistema de procuración y administración. Es una larga cadena: policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, secretarios, jueces, procurador y magistrados. No hay para dónde voltear: ningún eslabón está suelto y unos conectan con otros. No en balde tenemos el peor sistema de justicia del país según la evaluación del Tecnológico de Monterrey y la Asociación de Bancos. Y tampoco en balde el tema de la administración de justicia fue uno de los puntos centrales de campaña de Rafael Moreno Valle, pues prometió que si Puebla iba a cambiar, parte del cambio sería la anquilosada estructura de justicia. Se olvidó de otros dos calificativos: nepotista y corrupta.


A menos de un mes de la toma de protesta, todavía no hay claridad sobre lo que ocurrirá en el Tribunal Superior de Justicia. De acuerdo con la ortodoxia, el gobernador en turno designa a su magistrado favorito como cabeza del poder Judicial local. Si ya tiene nombramiento, más fácil. Si no, un procedimiento fast track en el Congreso local le construye un traje a modo. ¿Continuará Moreno Valle la tradición de imponer a su magistrado presidente? Muchos piensan que sí y que se abren dos caminos: uno, recurrir a un viejo conocido que traicionó al PRI en las pasadas elecciones, Carlos Alberto Julián y Nácer, quien incluso despacha en la Comisión de Transición con oficina propia y es el encargado junto a Juan Pablo Piña de los temas jurídicos; otra, aprovechar la reforma a la Ley Orgánica del poder Judicial que eliminó la poblanidad y la residencia de dos años para poder ocupar una magistratura para importar a un personaje de talla nacional. Algunos despistados vieron en el viejo maestro Raúl Carrancá al sujeto idóneo, pese a sus casi 80 años. Por supuesto, fue un borregazo, ya que un Carrancá sí viene a Puebla pero se llama Víctor y es una posición para el sol azteca en el gabinete morenovallista, donde despachará como procurador general de Justicia.


Cuentan los enterados que ni una ni otra. Ni Carlos Julián ingresará al Tribunal Superior de Justicia ni Moreno Valle importará a un personaje nacional para convertirlo en su magistrado presidente a modo. Los tiros, afirman, van por otro lado. Y es que al parecer los actuales magistrados tendrán, por primera vez en su historia, que elegir libremente entre ellos a quien los encabezará. Así como lo lee: pese a los funestos presagios, Moreno Valle les dará juego libre a los responsables de convertir en una cloaca la procuración y la administración de justicia. Del Pleno, sin ser un morenovallista puro, saldrá la próximo cabeza del TSJ.


Por supuesto que en tal planteamiento existe una lógica política surgida de un pacto entre los magistrados y Rafael Moreno Valle. De acuerdo con tal pacto, luego de que los magistrados se rebelaron contra Mario Marín en la guerra por los terrenos del Fideicomiso Angelópolis, obtuvieron un salvoconducto de un año. Sí, un año en el que ellos mismos se comprometieron a reformar el poder Judicial de la podredumbre en la que lo sumieron. ¿Irónico? Por supuesto: que los destructores de la justicia poblana ahora tengan que arreglar su propio desaguisado.


De acuerdo con el pacto, los magistrados deberán cumplir una serie de compromisos e indicadores que serán verificados por… ¡lotería!, adivinó, Carlos Alberto Julián, quien fungirá como un simple asesor ese primer año de la administración, monitoreando la actuación de los togados. Una especie de capataz en la clandestinidad, esperando su momento. Y es que, por supuesto, si Alfredo Mendoza y compañía no cumplen, a Moreno Valle le restan cinco años para ponerlos en cintura y, ahora sí, obligarlos a destruir sus parcelas de poder y nepotismo. Así serán los tiempos del TSJ en el morenovallismo.

 



 
 

 

 
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