Tiempos de Nigromante

Arturo Rueda
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08/03/2012

El paquete financiero más riesgoso del sexenio

Se entiende el prejuicio. Apenas se toca el tema de peticiones de “deuda pública” al Congreso la reacción es, cuando menos, de sospecha por la opacidad con la que se manejan créditos y recursos. En la última década, los gobernadores hampones como Humberto Moreira, Leonel Godoy y Mario Marín se despacharon con la cuchara grande y comprometieron el futuro de las finanzas públicas estatales para mantener a su partido en el poder. Y a veces ni eso. Ejemplo paradigmático es el góber precioso, quien unos días después de que el PRI perdió la gubernatura en 2010, tuvo tiempo suficiente para ejercer un crédito de 2 mil 500 millones de pesos para pagar los gastos de campaña de Javier López Zavala. En un sexenio, Marín le sumó 6 mil millones de pesos a la deuda directa para dejar un saldo total de 9 mil millones. ¿En qué se gastaron? Solamente el exgobernador y sus compinches lo saben.

A Mario Marín no le bastó el crecimiento exponencial del presupuesto gracias a las negociaciones en San Lázaro. En su primer año recibió 32 mil millones de pesos. En la última la cifra alcanzó 52 mil millones. En esa lógica puede calcularse el despilfarro, la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el que incurrieron Alfredo Arango, Javier García Ramírez y Gerardo Pérez Salazar, todos ellos en la picota por sus abusos. En la vorágine financiera y las aprobaciones fast track a las solicitudes de deuda pocos alzamos la voz. El resto disfrutó de la pachanga sexenal.

Con tal antecedente causa preocupación el paquete financiero enviado por el gobierno morenovallista para la aprobación de una cobertura por más de 7 mil millones de pesos, con el objetivo de blindar la construcción de obra pública. Aunque los fines son loables y el gobierno legítimo, se trata de una cantidad demencial de dinero que debe ser bien estudiada por los diputados. Pero como en los viejos tiempos, en un procedimiento fast track aprobaron en la Comisión de Hacienda las cinco medidas solicitadas y a más tardar el viernes próximo el pleno hará lo propio.

A Roberto Moya lo avala, además de su impecable expediente en la administración pública, su austero ejercicio financiero en 2011. El gobierno estatal, pese a contar con una línea de crédito por 2 mil 500 millones, no hizo uso de ella en medio de la compleja situación provocada por la reducción de las participaciones federales. Pese al apretón ejercido desde Hacienda, Moreno Valle pudo sostener el ritmo de inversión pública que alcanzó un máximo de 7 mil millones de pesos, una cifra nunca antes invertida en obras.

El secretario de Finanzas fue enfático en señalar que el paquete financiero enviado al Congreso no significa contratar deuda inmediata, sino que se trata de una cobertura. Es decir, líneas abiertas para utilizarse en caso de que ocurra una contingencia financiera o las condiciones del mercado la hagan asequible. Y en este punto a Moya lo avala su palabra, puesto que puso de ejemplo la línea de 2 mil 500 millones aprobada en 2010 pero que no hubo necesidad de utilizar.

En el caso del programa Bono Cupón Cero de Banobras, que consumirá un máximo de mil 500 millones de pesos, se trata de un gran oportunidad porque el organismo federal absorberá el capital y el gobierno del estado sólo los intereses que se prevé en 20 años alcancen los 300 millones de pesos.

La modificación del esquema financiero heredado por el marinismo no implicará erogaciones mayores, sino un cambio en los esquemas de pago y las tasas, así como crear un periodo de exención para suspender los pagos del capital.

Respecto del 25 por ciento del adelanto del FAFEF por 750 millones de pesos, se considera un esquema conveniente ya que será liquidado en el mismo sexenio y no generará cargas por considerarse recursos del gobierno estatal.

Quizá los puntos más polémicos y que requerirían mayores estudios de factibilidad se trata de las bursatilizaciones del ISN y de los Derechos del Instituto Registral y Catastral. Se trata de dinero fresco a que la larga puede salir caro, especialmente en el Instituto Registral que elevó sus tarifas en 700 por ciento para presentar ingresos competitivos.

Los abusos en materia de deuda pública son resultado de una débil fiscalización de las instituciones y de la opinión pública. Ya vimos que nuestros diputados levantadedos se empinan lo mismo con Marín que con Moreno Valle. Los ciudadanos no debemos cometer el mismo error y vigilar el uso correcto de la cobertura solicitada por 7 mil 250 millones de pesos.