Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
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08/10/2012


Prida ya no podrá recurrir al acoso judicial vs periodistas


Armando Prida Huerta no es el primero ni el único que encuentra en la libertad de expresión una veta de negocios. Con más y mejor suerte otros antes que él lo lograron. Ciudadano Kane de Tercer Mundo, el propietario del diario Síntesis ha hecho del acoso judicial su marca propia para deshacerse de funcionarios públicos, socios y periodistas que lo incomodan, así como para evitar rendir cuentas de su extraordinario enriquecimiento en las dos últimas décadas. Procesos penales y civiles han sido su instrumento para impedir que revelaciones periodísticas sobre la construcción de su emporio salgan a la luz pública.


Su imperio del terror se terminó gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, el miércoles pasado rechazó un amparo en revisión solicitado por el también propietario de Litografía Magnograf y exhibió como incompetentes a los magistrados del Poder Judicial local que me habían condenado ilegalmente por daño moral. La libertad de expresión triunfó en la Primera Sala de la SCJN tras un largo juicio que arrancó en 2009. Ningún otro periodista podrá ser amordazado por Prida o amenazado con un juicio por daño moral.


El resolutivo de la Primera Sala de la Suprema Corte, sin embargo, va más allá de Armando Prida y de Arturo Rueda. De hecho, abarca a todos los periodistas y medios de comunicación en Puebla, ya que por primera vez un Tribunal Colegiado aplicó el criterio emanado del caso La Jornada vs Letras Libres: el enfrentamiento de dos medios de comunicación en un contexto democrático es la base sobre la que se sostiene el mercado de las ideas. Por tanto, ni es punible ni sancionable por la vía penal y/o civil, una vez que se aprueba el criterio de relevancia pública, ya sea por el personaje en cuestión o por el contexto del tema.


El caso Prida vs Rueda, o CAMBIO vs Síntesis, no escapa a esa lógica: la demanda de daño moral que el impresor interpuso en mi contra tuvo como origen la denuncia de dos hechos periodísticos. Uno, los beneficios que obtuvo por millonarios contratos asignados de forma directa en la Conaliteg pese a sus antecedentes de inhabilitación del 2000 al 2006. Dos, el uso abusivo del nombre de las hermanas Verónica y Ángeles Mastretta pese a que expresamente habían renunciado a pertenecer a la Fundación para la Libertad de Expresión, el membrete bajo el que Prida pretende aparecer como un adalid del periodismo, personalidad que nadie le ha comprado en el ámbito nacional.


Otros periodistas, de forma directa e indirecta hicieron eco de esas y otras irregularidades del Ciudadano Prida a los que también sometió al acoso judicial: Carlos Ramírez, Mario Alberto Mejía y Enrique Núñez. El legendario autor de “Indicador político” fue exonerado por el Poder Judicial del Distrito Federal. En los casos de los directores del portal Sexenio y de Intolerancia Diario, está documentada la escandalosa intervención del Poder Judicial local, con línea dictada por los magistrados Alfredo Mendoza y David López Muñoz para hacerlos pasar por culpables.


En los tres casos: Mejía, Núñez, y su servidor, fuimos condenados en primera instancia por jueces dóciles que nunca analizaron a profundidad el caso, dejaron de evaluar pruebas a nuestro favor e incluso las extraviaron. Las sentencias fueron confirmadas por magistrados, en el mejor caso incompetentes, bajo severas irregularidades como el acoso mediático en contra de Margarita Palomino, que incluso fue difamada en una revista nacional bajo la falsa acusación de no poseer título de licenciada en Derecho.


Contra las sentencias absurdas del Poder Judicial local se alzó un fallo histórico del Segundo Tribunal Colegiado que exhibió a los magistrados locales y los obligó a realizar una sentencia exoneradora que desató la furia de Armando Prida Huerta y su abogado postulante Carlos Meza Viveros.


El fallo de la Suprema Corte también pone en su lugar precisamente a Meza Viveros, otro de los que han hecho del acoso judicial contra reporteros y medios de comunicación su arma favorita para detener informaciones en su contra. Notario que litiga con la extraña complacencia de la Secretaría General de Gobierno, bajo el pretexto de tener licencia a la fe pública que, sin embargo, administra su esposa Hilda como si uno y otro no fuera lo mismo.


Pese a las oscuras maniobras, el planteamiento de mi defensa encabezada brillantemente por el abogado Jesús Ernesto Salgado Marín, del despacho Iura, resultó acertado: el impresor Prida, pese a ostentarse como un adalid de la libertad de expresión, precisamente lo que buscaba era silenciarme con una demanda. El pleito debía dirimirse como un conflicto por la libertad de expresión y no por el supuesto honor del propietario de Síntesis.


A partir del fallo de la Corte se abre en Puebla una nueva etapa para libertad de expresión que beneficia a periodistas, reporteros y empresas de la comunicación: el debate entre nosotros puede ser tan abierto como queramos, sin el miedo a demandas. La prueba de la relevancia pública beneficia también tratándose de funcionarios de los tres niveles de gobierno que no podrán amordazar a periodistas con la amenaza de hacerlos perder su patrimonio.

 

Mañana, los argumentos de la Suprema Corte y del Tribunal Colegiado.

 

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