Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
@Nigromanterueda
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13/01/2012


Los marinistas se van a África (y no bailan waka-waka)


Ayer Puebla vivió un día de alegría. Bajo el lema de que se puede esconder la mano que roba pero no la mano que gasta, Rafael Moreno Valle encontró la forma de torcer a los astutos marinistas que saquearon la entidad pero encontraron los mecanismos jurídicos para eludir a la Contraloría. El delito de enriquecimiento ilícito voltea la carga de la prueba para el acusado, pues es él quien debe aclarar el origen de sus bienes y cuentas bancarias. A Alfredo Arango, que no es uno de los más pillos pero sí de los más cínicos, le descubrieron “solamente” 54 millones de pesos atesorados en apenas seis años de servicio público en los que fungió como director general del ISSSTEP y secretario de Salud. La cifra parece baja conforme a las proyecciones de las licitaciones que dispuso y sobre todo, al quebranto del Fondo de Pensiones, pero es suficiente para mantenerlo en la sombra un buen tiempo. Además, para darle un mensaje claro a los esbirros de Mario Marín que ya se sentían con confianza para salir de sus madrigueras y exhibirse en público: desde el jefe de la banda, pasando por prestanombres, periodistas y constructores, hasta exfuncionarios de cualquier nivel: hay muchos expedientes integrados listos para consignarse ante un juez. Y todos por el mismo delito.


Siempre he pensado que el principal mal heredado por el régimen marinista fue el envilecimiento de la vida pública de Puebla, especialmente de la elite local. El mal ejemplo que Marín le dio a su gabinete, la impunidad, se extendió como un cáncer y todos entendieron que podían hacer todo sin rendirle cuentas a nadie. Que podían corromper, robar, falsificar, ser negligentes e irresponsables. Y que nadie, ninguna autoridad, se los iba a reclamar. El único contrapeso posible, la prensa, también fue corrompido a niveles nunca vistos y se volvió una parte orgánica del régimen.


Impunidad y patrimonialismo fueron un coctel que produjo el régimen más corrupto en la historia de la entidad. Y por tanto, un reclamo de justicia que se expresó en las urnas e hizo ganar a Moreno Valle. Los excesos debían ser castigados. En su toma de protesta recogió ese anhelo y prometió que “no habría persecución pero tampoco impunidad”. Pero a diferencia de lo que hicieron Mario López Velarde y Gabino Cué, quienes armaron juicios mediáticos y endebles causas penales, Moreno Valle postergó el ajuste de cuentas con el pasado. Permitió que la burbuja marinista se relajara, exhibiera su impúdica riqueza y sus anhelos por aparecer en las revistas de sociales como señores respetables. Mientras tanto, el morenovallismo se dedicó a integrar los expedientes patrimoniales de todos ellos. Encontrar sus bienes y documentarlos.


En el acuario marinista Arango no es el pez más gordo. Pero su detención sacia la sed de sangre de la sociedad poblana. Ayer no hubo uno solo, uno, que defendiera al extitular de Salud. En la burbuja marinista se despertó el ánimo de darse a la fuga, y en los beneficiarios colaterales del régimen guardaron un silencio ominoso, cuando tres años antes lo calificaban como un superfuncionario en columnas que están bien archivadas para que sus autores no las olviden. Pero el pueblo pide más, no se conforme con uno de los compadritos preferidos del “góber precioso”. La lista de beneficiarios es interminable, y ninguno de ellos podría comprobar ante un juez la construcción honorable de su patrimonio.


Dos nombres más esperan en la congeladora. Eduardo Macip, quien ya se encuentra prófugo de la justicia poblana. Y uno más: Arturo Hernández Davy, director del DIF en el último tramo de la administración y sobre el que pesa un asunto oscuro relacionado con la entrega de despensas. El diario Reforma adelantaba ayer la posibilidad de que también fueran incluidos en el paquete Gerardo Pérez Salazar y David Villa Issa. Parece difícil encuadrarlos en el tipo penal de enriquecimiento ya que ambos sí gozaban de un patrimonio amplio antes de ingresar al gobierno. Se dice, sin embargo, que el robo de 37 millones en la Secretaría de Finanzas permanece abierto.


La genialidad del delito de enriquecimiento ilícito es que conlleva un veneno oculto: la defraudación fiscal. En el remoto caso de que Alfredo Arango pudiera demostrar la legalidad de los 54 millones de pesos que conforman su patrimonio, inmediatamente se requerirían las declaraciones fiscales de los años 2005 a 2011. Y en caso de no hacer enterado los impuestos correspondientes, el delito se volvería defraudación fiscal, de corte federal.

 

Marín tuvo la culpa. Primero les dijo a sus compinches que no se preocuparan de nada, que el pacto de impunidad los protegía. Más tarde le pidió que asistieran a todos los requerimientos que les hiciera la Procuraduría morenovallista, que se trataba de simples formalidades. Y por último, tuvo una reaparición pública con Peña Nieto que constituyó un reto al gobernador Moreno Valle. Arango paga los platos rotos. Ansiamos ver a más marinistas en la cárcel. Puebla merece regenerarse del envilecimiento marinista.

 



 
 

 

 
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