Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
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17/03/2011


La operación morenovallista en el Congreso local

 

El Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso local es otro ejemplo de eficacia del morenovallismo. Y es que los diputados de la alternancia atendieron todas las peticiones que envió el Ejecutivo y postergaron, en perjuicio propio, las reformas inherentes al propio Poder Legislativo. No se trata, por supuesto, de señalar el lugar común que califica al gobernador en turno como un “gran legislador”, tal y como ocurría en la praxis de los mandatarios priistas. Y es que Moreno Valle entendió a la perfección que los grandes atascos de la alternancia a nivel nacional con Vicente Fox y Felipe Calderón se han dado precisamente en el Congreso, y ha sido ahí también en donde el tricolor ha apertrechado su posición de partido bisagra: bloquear o apoyar según las negociaciones le convengan. Bajo el lema que guía a la nueva administración, “no nos dejaremos chantajear por nadie”, el Primer Periodo Ordinario de Sesiones resultaba vital para sacar todos sus asuntos urgentes; aquellos que la contaminación de la sucesión presidencial del 2012 podrían afectar en el segundo o tercer periodo. Los actores fundamentales para conseguir esos objetivos, además de la conducción de Fernando Manzanilla, han sido los diputados Mario Riestra Piña, José Luis Márquez y Enrique Doger, frente a la desestabilización generada por la rebelión de José Juan Espinosa.


Rafael Moreno Valle obtuvo casi todo lo que pidió en el primer periodo ordinario de sesiones. Todos ellos objetivos trascendentales. Primero, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública con el objetivo de conformar la estrategia de gobierno fusionando dependencias y/o funciones dispersas como ocurrió en el caso de Infraestructura, Economía o Servicios Legales; creando el Consejo Estatal de Cultura y la Secretaría de Administración, así como dotar de mayores facultades a Gobernación. Luego, el Congreso local le permitió sellar su alianza con Televisa al aprobar el financiamiento, así como la donación del terreno para el CRIT. También le dotó de nuevas herramientas para combatir al crimen organizado con la Ley de Extinción de Dominio. Por último, también le dio nuevas herramientas administrativas para construir obra pública con los Proyectos Especiales de Servicios, que permitirán la inversión de la Iniciativa Privada. Por último, selló el acuerdo de gobernabilidad con el pasado marinista al aprobar el último mes de cuenta pública del exgobernador, dando lustre así a la palabra empeñada en los meses de la transición.


El gobierno morenovallista no podía esperar ninguna de estas reformas vitales o dejarlas a la coyuntura electoral. Y tampoco dejar pasar la oportunidad de sellar las alianzas políticas con Televisa, o en su caso, pagar la factura por servicios prestados al marinismo.


No pasa desapercibido que las principales resistencias a la aprobación de las iniciativas de Rafael Moreno Valle provienen no del PRI, sino de un exaliado como José Juan Espinosa. El diputado convergente disintió desde la instalación del Congreso, lo que le costó la eliminación de su partido como fracción parlamentaria y una inclusión testimonial en la Gran Comisión. Lejos de amainar, la disidencia de Espinosa ha ido in crescendo hasta convertirse, en términos del régimen, en declararlo como enemigo absoluto. Nadie acierta a descubrir el porqué de su actitud luego de que fuera uno de los principales puntales en contra del marinismo. Desde el poder se ha filtrado que intentó chantajear, y otros que se trata de un pleito nacional de Convergencia en contra de Moreno Valle. Pero lo cierto es que José Juan Espinosa se ha convertido en una auténtica piedra en el zapato, y el régimen ya prepara un castigo ejemplar. ¿Pero de qué puede tratarse si no pueden despojarlo de su diputación?


El Congreso local únicamente modificó un tema y le negó otro. Me refiero a la iniciativa para derogar los delitos de honor que dejaban sin parámetro las sanciones pecuniarias por daño moral. La presión de varios medios y algunos diputados provocó que Rafael Moreno Valle suavizara su posición para poner un límite de 3 mil días de salario mínimo. Lo único que han negado es la autorización de un crédito por 3 mil millones por culpa del secretario de Finanzas, Roberto Moya, quien envió un funcionario menor a explicar a la Comisión de Hacienda el contenido de la solicitud, y jamás pudo explicar qué significaba el 25 por ciento de las participaciones. El periodo se terminó sin que el titular de Finanzas tuviera tiempo para aclarar en persona la confusión a los diputados.

 

Una parte sustancial del éxito en la gestión de las iniciativas morenovallistas se lo lleva Mario Riestra Piña, quien mantiene unida a la fracción panista pese a fuertes diferendos como en el caso de la aprobación de la cuenta marinista. La otra se lo lleva José Luis Márquez, pues el PRI ha jugado a la oposición leal y prácticamente se ha sumado a todas las iniciativas. ¿Y Guillermo Aréchiga? Bien, gracias.

 



 
 

 

 
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