Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
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23/02/2011


Ni asonada, ni chantaje, ni marinismo, ni nada

 

Con el mismo impulso de la fuerza de gravedad, cayeron por su propio peso las imputaciones al grupo de medios y periodistas que firmaron un desplegado y después asistieron al Congreso local para solicitar modificaciones a la regulación del daño moral. Que si éramos un grupo de choque dedicado a vulnerar al nuevo régimen. Que si se trataba de un holding para presionar por convenios. Que si éramos un grupo de periodistas manipulados por el exgobernador Mario Marín. Que si buscábamos reflectores para denunciar el despotismo ilustrado del morenovallismo. Por último, que cualquiera que fuera el resultado del proceso legislativo, detonaríamos una guerra contra el gobierno estatal para evidenciarlos como represores. En suma, no hubo conspiración. Lo único fue la unión de periodistas y empresas de comunicación con intereses diversos pero con un objetivo: defender las condiciones del trabajo periodístico y salvaguardar nuestra libertad de expresión. Luego de que el Congreso aprobara las modificaciones al dictamen, cada uno se fue a su casa y desde las redes sociales se reconoció la cancelación absoluta de la ley mordaza gracias la prudencia de diputados y morenovallistas. Todos ganaron y nadie perdió.


El final feliz no borra, sin embargo, las horas de crispación que se vivieron alrededor de la relación prensa-gobierno. Crispación provocada por los prejuicios de ambas partes. Del lado del gobierno, que la prensa es fundamentalmente enemiga desde la campaña, y que se puede gobernar al margen de ella manteniendo unos pocos aliados impresos y muchos electrónicos. Del lado de la prensa, que en su mayoría la quieren exterminar por sus pecados de campaña, asfixiarlos económicamente y limitar el ejercicio profesional a través de una legislación abusiva como la que se pretendía aprobar. En resumen, en ambos bandos los prejuicios están dictados porque las heridas de guerra, la cobertura informativa de la campaña electoral, no han cerrado. Los largos siete meses de transición no fueron un bálsamo, sino que la crispación creció por la negativa del gobierno a tender puentes de comunicación. Y para la prensa poblana las viejas recetas no surten efecto: ni la lisonja gratuita ni la crítica oportunista.


Por supuesto, en ambos bandos hay excesos. Y muchos. Comienzo del lado de la prensa. Uno, la situación de bonanza que vivió la prensa y los periodistas que decidieron aliarse al régimen no continuará. No podría. Mario Marín hizo millonarios a muchos de ellos y provocó una explosión de medios impresos y digitales. Un simple ejemplo: en 2004, a principios de sexenio, únicamente existían ocho diario impresos. Para 2010, en el final del gobierno, se pudieron contar 17 cabezales. Sospechoso boom de la prensa escrita justo en tiempos de crisis mundial. Además, debe contarse la multiplicidad de portales digitales surgidos al vapor. Y todos, todos, obtuvieron jugosos convenios. Y no sólo eso: obra pública. Comisiones. Prebendas. Todo. Humildes reporteros se convirtieron en barones con sueños de grandeza. Por supuesto, para recibir tales beneficios había un solo requisito: no tocar, “ni con el pétalo de una rosa”, al gobernador y su familia. Y a Javier López Zavala. Y a todopoderosos secretarios como Javier García Ramírez. La adulación gratuita era bien recibida.


Medios aduladores e inofensivos para el poder, desprovistos de crítica y raiting, sostenidos no por su impacto o influencia, sino por la cercanía y las bacanales, fueron desvinculados de la sociedad. El convenio no pagaba publicidad, sino sumisión.


Cuando llegó el momento de renovar la gubernatura, con la vista puesta en otro paraíso sexenal que aseguraría la existencia hasta de su quinta generación, los medios apostaron por quienes los habían enriquecido. En su mayoría eligieron bando, lo cual es natural en cualquier sociedad democrática. Ocurre en Europa y en Estados Unidos que una empresa de comunicación se la juega con tal o cual candidato. El problema fueron los excesos. La ruptura de equilibrios. La difamación dolosa. Las mentiras de las encuestas. La intromisión en la recámara. No pueden sorprenderse que después de tantos excesos ahora se establezcan ciertos límites. El tope a la indemnización de daño moral es eficiente por ello: 3 mil días de salario no matan a una empresa, pero es bien cierto que duelen. La borrachera de los medios se acabó y ahora inicia la cruda. Quienes no participamos de ella también pagaremos justos por pecadores.


Del lado del gobierno morenovallista, es tiempo de cerrar heridas de guerra. Reordenar el universo de los medios poblanos con criterios objetivos. Tender puentes de comunicación con un equipo que no está contaminado por los hechos de la campaña electoral. El gobierno necesita a la prensa y la prensa al gobierno, una relación simbiótica que nadie ha podido romper desde los tiempos de la Revolución Francesa. Por supuesto, tienen derecho a elegir a sus aliados. Pero de ahí a creer en conspiraciones imaginarias, ánimos golpistas supuestos y juegos de vencidas, hay mucha distancia. La única coordenada lógica es que la sociedad merece información para tomar decisiones, no lisonjas ni adulaciones pagadas.


**** Para evitar chismes. Acerca de las versiones dolosas sobre el porqué El Columnista no circula desde hace un par de días, nuestras fuentes relatan una revuelta de un grupo de reporteros con demandas absurdas, como dotación de iPads, aumento inmediato de salarios, la compra de un botiquín médico para la redacción, así como un radio AM/FM. Ante el irrazonable pliego petitorio y la suspicacia de una mano negra, Mario Alberto Mejía habría decidido renunciar al cargo de director editorial. Sumado a la beligerancia de los amotinados, más el hecho de que la gerencia no encuentra un sustituto de garantías, parece inminente el cierre del periódico.

 



 
 

 

 
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