Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
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27/06/2011


La purga del Tribunal Superior de Justicia (las hadas vengadoras)


Previo al desastre del 4 de julio de 2010, un grupo de magistrados se reunió con Javier López Zavala para comprometer en su favor el voto de la estructura del Poder Judicial para ayudarlo a ganar la gubernatura. Cófrades, defendían que el estatus de abogado del candidato priista lo ayudaría a entender mejor los restos del Tribunal Superior de Justicia. En la comilona maridada con los mejores vinos, Zavala les soltó una propuesta que no podían rechazar. Tras elogiar su encomiable trabajo y su compromiso con la entidad, les planteó la posibilidad de retirarse, sin importar su edad y sin importar los años de trabajo, con sueldo y prestaciones completas. Además, quienes voluntariamente completaran su proceso de jubilación, se harían acreedores a un bono especial para reconocer sus años de trabajo. Cinco millones de pesos para cada uno. Jubilación dorada con bono de marcha. Mejor, imposible. Doce magistrados aceptaron el pacto con el Diablo e iniciaron sus trámites de jubilación ante el ISSSTEP y la Secretaría de Finanzas y Administración. Se frotaban las manos pensando en el excelente futuro que les esperaba con Javier López Zavala como gobernador, quien tenía visto a su fiel guardaespaldas Hugo Isaac Arzola como el próximo Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Un mundo feliz.


Y entonces, el barco se desfondó la noche del 4 de julio, y entre los muchos sueños que se derrumbaron estaban las jubilaciones doradas de esos doce magistrados. Adiós al bono de los 5 millones de pesos y las prestaciones completas pese a no cumplir con los años de servicio. Todo se derrumbó. Los líderes del movimiento, y naturalmente los más inteligentes del grupo, Alfredo Mendoza y Alfredo Villar Borja, convocaron a un cónclave de los magistrados que integran la mafia del nepotismo en el TSJ. Las conclusiones parecen evidentes: buscar un acercamiento a toda costa con el gobernador electo Rafael Moreno Valle en defensa de sus prebendas. La coyuntura de la venta de dos terrenos en la Reserva Atlixcáyotl les dio la oportunidad de mostrar su obediencia al nuevo gobernador a costa de traicionar al anterior. Incluso pudieron negociar la designación de David López Muñoz al frente del Poder Judicial y ganar tiempo. Un año les dieron de plazo para mejorar los indicadores de la terrible justicia en Puebla. Y si no, en el inicio del segundo año, un magistrado afín al nuevo gobierno llegaría a tomar las riendas.


Y en esas estábamos cuando el miércoles pasado, sin previo aviso de por medio, la Secretaría de Administración reportó que cuatro expedientes de los doce magistrados que habían iniciado los trámites de jubilación estaban autorizados. ¿Por qué sólo en cuatro de los doce casos se dispuso del dinero suficiente para la liquidación? ¿Por qué solamente a Gerardo Villar Borja, Elba Rojas Bruschetta, Leonardo Tecuapetla y Fernando García Rosas? ¿Por qué esos cuatro, y no los otro ocho que también pactaron con Javier López Zavala? ¿Por qué la mezcla de ira y estupefacción después del Pleno del jueves pasado, cuando a los cuatro les notificaron que sus servicios ya no era requeridos? ¿Por qué las palabras de ira de Villar Borja mientras recolectaba sus efectos personales en una caja de huevo tras tantos años de beneficiarse del Poder Judicial poblano? ¿Qué tienen en común estos cuatro magistrados, además de su zavalismo?


Muy sencillo: Alfredo Villar Borja, Elba Rojas Bruschetta, Leonardo Tecuapetla y Fernando García Rosas se encuentran identificados como el principal foco de resistencia a la creación del Consejo de la Judicatura junto con el magistrado Alfredo Mendoza, el gran titiritero del Poder Judicial. La resistencia no proviene a la iniciativa presentada por el gobernador Moreno Valle en los primeros días del sexenio, y que hasta el momento no ha podido ser aprobado. Su negativa proviene desde el gobierno de Manuel Bartlett Díaz, cuando en 1997 se iniciaron sendas negociaciones conducidas en por el secretario de Gobernación de la época, Carlos Meza Viveros, y este grupo de magistrados. El entonces presidente del TSJ, Fernando García Rosas, jugó un papel doble: por un lado defendía al gobernador que presionaba para la creación del Consejo, pero por el otro era un miembro más de la mafia.


El maestro Pacheco Pulido evitó pelearse con la mafia, y en lugar de presionar por la creación del Consejo de la Judicatura, se contentaron con un Comité de Administración que precisamente manejaba el magistrado Alfredo Mendoza. Y el León Perezoso ni en sueños tenía la fuerza para presionar. Pero desde el primer día de su sexenio, el gobernador Moreno Valle se jugó su resto: para cambiar al Tribunal Superior de Justicia hay que crear el Consejo de la Judicatura.


Pero las resistencias están ahí. De todas las iniciativas presentadas en el arranque del sexenio, la única que yace en el fondo del baúl es la creación del Consejo de la Judicatura. Y cómo no, si Gerardo Villar Borja tiene metida a su parentela: hijos, nueras, sobrinos. Y cómo no, si Elba Rojas Bruschetta manejaba la fantasmal carrera judicial y decidía, ella solita, a los nuevos jueces. Y cómo no, si aunque Fernando García Rosas es prácticamente un discapacitado desde hace varios años, sigue supuestamente fallando tocas de segunda instancia.

 

Al Poder Judicial le urgía una purga que comenzó el jueves pasado. Ahora sí, lo mejor está por venir para el Tribunal Superior de Justicia. Y si debemos creer en la carta aclaratoria que envía el Titular de Comunicación Social del Gobierno Estatal, todo ello sucede sin intervención del gobernador Moreno Valle. ¡Qué vivan las hadas vengadoras!

 



 
 

 

 
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