Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
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27/09/2010


La pantomima detrás del paro del transporte (la mano que mece la cuna)


El aumento a la tarifa del transporte público es un tema cíclico que ocurre tras la renovación sexenal del poder: cambian los actores, se mantienen las lógicas de control corporativo. Los concesionarios del transporte son beneficiarios directos, cuando no prestanombres de priístas prominentes. Tales títulos los ganan con su apoyo al PRI durante las elecciones, y terminadas éstas, sin procesos electorales a la vista, el PRI paga su factura y autoriza el incremento a la tarifa. Una relación de ida y vuelta que desprecia a los usuarios y a la sociedad, pese a tratarse de un tema potencial generador de conflictos. En este sentido, no hay hilo negro en la trama. El componente nuevo, precisamente, radica en la transición democrática: el PRI perdió, y con él también lo hicieron los concesionarios del transporte público que en campaña negaron espacios a la publicidad de Moreno Valle y se prestaron a trasladar a los acarreados tricolores a todos los eventos de campaña de Javier López Zavala y Mario Montero. La relación simbiótica, pues, se terminó. Ahora, la relación deberá ser redefinida en los términos de la derrota tricolor y la emergencia del morenovallismo. La redefinición es un término eufemístico para denominar así a la “modernización”. No es un secreto que en el escritorio del gobernador electo descansa el proyecto de una reingeniería absoluta del transporte público en Puebla a través de un esquema prácticamente calcado del Metrobús en el Distrito Federal. Tal esquema, por supuesto, lastimará intereses. En ese contexto debe analizarse el paro que se prevé para el día de hoy, y del que posiblemente salgan afectados algunos miles de poblanos.


El transporte público es uno de esos arreglos fundamentales de la “república priísta”, y probablemente uno de los temas más espinosos que deberá enfrentar Moreno Valle: un monstruo de mil cabezas que nadie, ni siquiera Manuel Bartlett, pudo matar pese a los evidentes esfuerzos. La relación del nuevo gobernador con los concesionarios no puede medirse en los términos de un cambio de administración, sino de transición. Me refiero a que todo podría solucionarse muy fácil: los concesionarios se rinden al nuevo mandatario, se avienen a una paz para sus intereses electorales, el nuevo gobierno concede la nueva tarifa y todos tan contentos. Es decir, el transporte continúa como hasta ahora: dominado por una mafia de priístas, y siendo caro y malo. Aceptar este arreglo corporativo, ortodoxia de la “república priísta”, implicaría enviar a la sociedad un mensaje de gatopardismo: aunque Moreno Valle ofreció algo diferente, en realidad terminará siendo más de lo mismo pese a su investidura aliancista. La misma historia del fracaso de la transición democrática encabezada por Vicente Fox, quien dejó pervivir todos los mecanismos de control corporativo construidos por el PRI a lo largo de 70 años en el poder.
La visión modernizadora de los políticos neoliberales como Moreno Valle, Manzanilla y compañía implica altos costos sociales que no sabemos si estén dispuestos a pagar. Cada proyecto modernizador, por ejemplo el Metrobús, implica tocar intereses poderosos. En este caso, cancelar concesiones o, sin hacerlo, un nuevo mecanismo de transporte haría que los usuarios dejaran de utilizar las destartaladas combis y microbuses, con la consecuente afectación de ingresos a permisionarios. Tocar tales intereses se traduciría en paros, manifestaciones, boicots. Los poblanos sufrirían retrasos y tráfico para llegar a sus trabajos, escuelas y hogares, del que culparían al gobierno en esa visión miope que solemos tener. En pocas palabras, un caos social.


Por ello nadie se ha atrevido a modificar el status quo del transporte público. Manuel Bartlett trató de poner un alto a los concesionarios con la creación de una red troncal que aspiraba a convertirse en un sistema metropolitano del transporte, pero el proyecto fracasó porque Melquiades Morales apostó por mantener el trato corporativo: los concesionarios apoyan al PRI, y el gobierno apoya a los concesionarios. Sin embargo, el equilibrio se alteró: si Moreno Valle modifica la relación e impulsa su propio proyecto modernizador, los concesionarios reaccionarán. Si no lo hace, la sociedad verá más de lo mismo, y a larga pagará un costo semejante al de Vicente Fox.


En esa lógica de simbiosis concesionarios-PRI debe entenderse el paro convocado para el día de hoy y el inminente aumento de la tarifa. Antes, en la vieja “república priísta”, el gobernador saliente asumía el costo para que el entrante llegara limpio. Era un pacto implícito, pero en las actuales condiciones Mario Marín no tiene incentivos para asumir el costo de la impopularidad del aumento a la tarifa. De hecho, le da lo mismo. O incluso sería mejor heredarle el problema a Moreno Valle. Así que cabe preguntarse el porqué de la generosidad del mandatario saliente. No existe razón aparente. A menos, por supuesto, que se trate de una razón oscura: conceder el aumento a la tarifa para garantizar el apoyo de los concesionarios del transporte, quienes ven en el futuro una guerra inminente con la administración morenovallista.


En este sentido, lo mejor que puede hacer Mario Marín es apoyar a los transportistas con un fuerte incremento que los haga soportar una eventual guerra contra el próximo gobierno si quieren lanzar el Metrobús y lastimar sus intereses. Por ello, el paro de hoy es una pantomima: una medida legitimadora a los ojos de la sociedad para que la tarifa llegue a los 7 pesos. O incluso a los 8. La clásica estrategia echeverrista: organizar conflictos y resolverlos él mismo.

 

Total, una maraña, y eso que el transporte público es apenas uno de los temas que deberá redefinir el nuevo gobierno, mientras Mario Marín acecha en la oscuridad para ponerles minas ocultas. Vaya que para eso es un experto.

 



 
 

 

 
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