Fue un fin de semana negro para todos lo que creen que todavía puede hacerse algo por este país. Que vale la pena luchar y enfrentar al poder para limitarlo.

Tiempos de Nigromante

Arturo Rueda

Indignación e impotencia

Recorro las páginas de la prensa nacional. Platico con poblanos de todas edades y condición social. Amigos de todo el país se comunican conmigo para comentar el fallo exoneratorio de la Suprema Corte de Justicia.

En todos lados encuentro los mismos sentimientos: indignación e impotencia.

Es el aplastamiento de las instituciones. El costo político para los ministros es altísimo en términos de credibilidad para unas instituciones que ya de por sí están bastante faltas de. ¿Quién, ahora, puede defendernos? ¿Cómo impedir que cualquiera de nosotros sufra el mismo destino de Lydia Cacho? ¿Cómo vivir tranquilos cuando sabemos que el aparato de justicia puede ser alquilado para hacer favores privados? ¿Quién sigue?

Fue un fin de semana negro para todos lo que creen que todavía puede hacerse algo por este país. Que vale la pena luchar y enfrentar al poder para limitarlo. Que la crítica y la opinión pública son capaces de influir y moldear la realidad. Indignación e impotencia que se traducen en desolación. ¿Estamos solos e indefensos ante el poder? ¿Quién sigue? ¿Quién será el próximo en sufrir un secuestro legal? ¿Qué otros favores de pagarán alquilando el aparato de justicia?

No mienten los escritores que en la FIL le dieron su apoyo a Cacho. Esto es un verdadero envilecimiento. Los únicos alegres, por supuesto, son el gobernador y sus cortesanos abyectos, así como los periodistas poblanos que festinaron “el viento a Juárez”. Bañarse con el jabón del perro agradecido ha terminado por ensuciarlos. No hace mucho, cuando los leía sin formar parte del mundo periodístico poblano, admiré su valor y su prosa. No queda nada. Todo se lo ha llevado el marinismo. Son los días más oscuros.

Frente a la complacencia del periodismo poblano, la crítica nacional ha sido inclemente y demoledora. Afortunadamente. Reivindican el ejercicio del periodismo. La calidad de ciudadanos. La indignación y la cólera de un oficio rudo por naturaleza, como lo llamaría Julio Scherer. Vale la pena repasar algunas de las líneas que se han escrito y han hecho pagar a la Suprema Corte un costo político como no pasaba desde hace 10 años con el fallo del anatocismo.

Siempre brillante y heroico, Miguel Ángel Granados Chapa escribió ayer en su Plaza Pública. “Propongo desde ahora que en febrero de 2011, cuando concluya su sexenio, el abogado Mario Plutarco Marín Torres sea designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su canto al Estado de derecho, su decisión de apegarse a la resolución de ese tribunal (llamado alto por un convencionalismo rutinario) emitida el jueves pasado es conmovedora, máxime que no es postura de última hora sino que durante 19 meses el góber precioso mantuvo su "plena confianza y respeto a las determinaciones de nuestro máximo tribunal", en el que reconoce a un "garante del control constitucional y promotor de la vigencia del estado de derecho".

”Es imaginable que, con aviso telefónico o sin él, el rey de la mezclilla Kamel Nacif haya enviado a la Casa Puebla o a la Casa Aguayo botellas de coñac para que su amigo brindara el jueves por la noche, tras emitir el comunicado cuyas frases cito ahora, por su triunfo contra la calumnia que los enemigos de la vigencia de la ley pretendieron asestarle, pero contra la cual contó con el invaluable escudo de seis ministros de la Corte, que le obsequiaron un certificado de impunidad, y que lo recibirían gozosos como uno de los suyos, al que estuvieron a punto de pedir disculpas por el maltrato con que se le molestó desde que en abril de 2005 las dos Cámaras del Congreso de la Unión solicitaron a la Corte ejercer la facultad indagatoria del artículo 97 constitucional, facultad que estorba o perturba a los miembros de ese tribunal, tanto que en su libro blanco sobre la reforma judicial demandan que el Congreso lo regule o de plano lo elimine”. Valerosa columna.

Otro gran periodista, René Delgado, escribió el sábado en Reforma: “La decisión de esos seis ministros es lamentable de todo punto de vista. Es lamentable en lo concreto y en lo abstracto.

“En lo concreto porque deja en el desamparo las garantías fundamentales de una persona -en este caso, la periodista Lydia Cacho- y abre la puerta a un absurdo: en la violación de las garantías consagradas en la Constitución hay grados, a veces puede ser grave y a veces no. Si no es grave, la violación no cuenta. ¿Cuándo es grave y cuándo no? ¡Ah!, eso es materia de debate. Y es lamentable también porque, con la decisión de hacer un lado el problema de la explotación y el abuso sexual de menores, subyacente en el asunto manifiesto, el desinterés de la máxima autoridad judicial quedó manifiesto.

”En lo abstracto, la decisión de esos ministros es lamentable porque reitera la conducta de los magistrados del anterior Tribunal Electoral, en relación con la calificación de la elección presidencial: la ley se puede violar pero si no se viola mucho no hay por qué proceder. Ahora, aquellos ciudadanos agraviados por alguna autoridad deberán calcular muy bien si, en verdad, vale la pena acudir al tribunal, porque la justicia se administra sobre la base de una variable no muy claramente establecida.

”Pero, en el fondo, lo más lamentable de esa decisión es que en vez de fortalecer la certidumbre jurídica, la vulnera. Y la vulnera en un momento crítico, aquel donde el país flota -por no decir naufraga- en la mar de la incertidumbre política, económica, social... y, ahora, jurídica. Flaco favor le hacen lo ministros a la democracia y al Estado de derecho. Ratifican con su decisión que el país vive -por no decir padece- una democracia defectuosa y un Estado de derecho intermitente y, a veces, simulado.

”Una democracia y un Estado de derecho sujetos a las negociaciones y pendientes de las coyunturas. Cuestión que, desde luego, el gobernador Mario Marín les agradece cumplidamente a esos seis ministros.”. Fin la de cita.

Julio Hernández, en La Jornada, escribió “El pacto de impunidad que Felipe Calderón selló con Mario Marín a cambio de ayuda electoral en 2006 fue refrendado ayer por seis de diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un escandaloso episodio de suciedad legalista que confirma a los ojos de los ciudadanos sin fuero ni privilegios (ni votos adulterados que canjear) que el máximo aparato institucional de impartición de justicia está controlado por una pandilla filopanista capaz de las peores aberraciones.

La parte coñaquera de la Corte está acelerando el desprestigio de una institución que va en caída desde que el entonces presidente, Mariano Azuela, asistió a una reunión dominical en Los Pinos para dictaminar (a domicilio, como las pizzas) sobre el proceso de desafuero del jefe del gobierno capitalino.

El sucesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ha solapado las varias irregularidades punibles que cometió Azuela y de las que aquí se han dado pruebas en anteriores columnas (aunque, ¿pruebas? Ja, ¿pruebas para qué, si la realidad se puede acomodar mediante votación arreglada en un pleno judicial?).

Salvo excepciones notables, como la muy destacada de don Genaro Góngora Pimentel, y de José Ramón Cossío, la mayoría de los ministros (y ministras, diría el clásico) de la Corte son personajes cargados de compromisos políticos, que ejercen el privilegio de juzgar desde una lujosa burbuja (el derroche presupuestal es generalizado y los “favores” a contratistas agradecidos son frecuentes e impunes), atentos y seguros servidores de los guiños del poder, muy sabios y solemnes ejecutantes de los deseos e intereses de quienes mandan”. Hasta ahí el Astillero del viernes pasado.

Ya para terminar, y sólo se trata de un pequeño mapeo del alud de críticas contra la Suprema Corte Justicia, el editorial de El Universal bajo el título “impunidad de los demonios”. “El atropello de los derechos individuales es muy serio, pero hay un agravante más si la violación tiene por objeto proteger a una banda de pederastas al servicio de personas de influencia social, económica y política, y en salvaje ofensa de niños y niñas mexicanos, según la versión de Cacho.

Este hecho no puede separarse del otro, porque fue su causa principal. No se dieron ambos sucesos aisladamente, sino al contrario, y si la periodista fue víctima en uno, en el otro las víctimas, menores se edad, son más, de acuerdo con los datos publicados.

Esa denuncia merece investigarse seriamente, con dictámenes periciales por medio de una entidad menos influible por el poder, en teoría, como la SCJN.

También hay evidencias de grabaciones telefónicas, ilegalmente realizadas, en las que queda claro que hubo una acción coordinada entre el gobernador poblano y el fabricante textil Kamel Nacif para dar un escarmiento ejemplar a la escritora.

No importó a los más altos integrantes del Poder Judicial que el propio presidente Felipe Calderón haya señalado esta misma semana que en México más de 30 millones de mexicanas sufrieron alguna forma de violencia el año pasado.

Pesaron más los tecnicismos y argumentos legaloides para salir del paso y desconocer la gravedad de las denuncias involucradas: primero en el caso de las abusadas sexualmente y después en los excesos en la impartición de justicia personalmente asumidos por el gobernador de Puebla, Mario Marín.

Nos encontramos ante un nuevo reto del Poder Judicial de la Federación, que ha retrocedido en el anhelo social de una administración de justicia independiente a los intereses de los poderosos. Algo hay que hacer para revertir esta serie de decisiones”.

Como siempre, los medios nacionales sacan la cara por el periodismo panfletario que se hace en Puebla. Allá quien quiera seguirse bañando con el jabón del perro agradecido. Yo, simplemente no.

*** Revista 12.80. Otra vez, Jesús Ramos nos invita a su programa. Va a arder Troya. Frecuencia 12.80 de AM, ABC Radio, a las ocho de la mañana. No se lo pierda.