Continuar el juicio político es el pretexto perfecto para hacer pagar al priísmo el costo de defender a Marín, con el objetivo de frenar su avance electoral y su propuesta de modernización.


Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda


¡Al diablo con las instituciones!

 

El clima de indignación nacional por el carpetazo al escándalo Marín-Cacho sigue creciendo, en una reacción potente e insospechada para los ministros, el Presidente Calderón y el mismo gobernador poblano. Habrá quien defienda que se trata de un vendaval que amainará más tarde que temprano, apostado por la eterna desmemoria de los mexicanos que avanzan el día a día de escándalo en escándalo.

 

Puede ser, en efecto, que se trate de los estertores, o de las patadas de ahogado, como afirman orgullosamente el círculo indigno de periodistas marinistas. Pero sería estúpido desestimar el amenazador comunicado del Ejército Popular Revolucionario en contra de la Suprema Corte de Justicia, una vez que el grupo guerrillero hace meses, con el ataque a los ductos de Pemex, demostró su capacidad y recursos para cometer verdaderos actos terroristas.

 

El marinismo tampoco debería desdeñar la presión mediática a Felipe Calderón y la crítica a sus pactos mafiosos con el tricolor. Ayer, en una conferencia de prensa prevista para hablar de su primer año de gobierno, los reporteros nacionales prácticamente arrinconaron al Presidente, quien debió reconocer su desacuerdo velado con el carpetazo de los ministros y su incapacidad para hacerlo abiertamente para no alterar los “equilibrios institucionales”.

 

El clima de de desánimo nacional, por supuesto, afecta al Presidente precisamente cuando sus peores días no han llegado, previstos para el mes de enero cuando se haga efectivo el aumento a la gasolina y los combustibles. ¿Qué hará Calderón para distraer la atención de la sociedad? ¿Montar un paredón para un gran villano nacional?

 

Como no debe desestimarse la presión a Felipe Calderón, tampoco puede menospreciarse un pacto entre PAN y PRD para insistir en el juicio político en San Lázaro. ¿Qué de todos modos no pasará nada? Pues no, pero el escándalo entonces estará lejos de terminar en caso de que derecha e izquierda se pongan de acuerdo. El interés de ambos partidos, es claro que no sólo se circunscribe a su preocupación por la libertad de expresión o la lucha contra la pederastia. Continuar el juicio político es el pretexto perfecto para hacer pagar al priísmo el costo de defender a Marín, con el objetivo de frenar su avance electoral y su propuesta de modernización, al ligar al gobernador poblano con el pasado de impunidad y corrupción.

 

Lo que parece inevitable, ya, es que Mario Marín se convierta en blanco eterno del círculo rojo de la prensa nacional, es decir, a casi toda la inteligentsia del país no se cansará de perseguirlo hasta que se acabe su mandato. La afrenta al ejercicio periodístico, contrario a lo que sucede en Puebla, no se lavará con maletines y sacos de dinero. No ha sido así, por lo menos, en las grandes plumas nacional que cada día arrecian la intensidad y acidez de sus comentarios.

 

 

Para destacar, especialmente, la incisiva y brillante crítica de Jesús Silva Herzog-Márquez en Reforma, bajo el título Los festejos de la impunidad, escribió:

 

“La impunidad sonríe. Festeja jactanciosa. Se pavonea con el aval del último tribunal de la nación. El gobernador de Puebla, el gobernante que puso todo el poder público a servicio de la venganza, recibió la exoneración definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Ahora el gobernador nos regala perlas de compromiso institucional, consejos de buenos modales y cantos de lealtad a la República. No imagino ninguna democracia que hubiera permitido la sobrevivencia política de un gobernante tras el escándalo de las conversaciones telefónicas que escuchamos. Más allá de su procacidad, las conversaciones daban cuenta de la más perversa utilización del poder político.

 

No es cosa menor que el servicio se haya prestado para proteger a delincuentes vinculados con el abuso sexual de menores. La gravedad y crueldad del crimen sólo se equiparan a la monstruosidad de la protección. Pero el barullo desatado queda en revuelo mediático, en ridiculizaciones, en chistes y reproches de saliva o garabato. Allá, en el lejano universo de la política, el escándalo es apenas un leve fastidio, un rumor breve y pasajero. La complicidad resulta más poderosa que la legalidad. Invulnerable en su estado por una sólida coraza local, el gobernador recibió el incondicional socorro de su partido. No llegó por eso la sanción política fulminante que merecía el sátrapa.

 

“(…) Más allá del caso concreto que se debatió, la Suprema Corte de Justicia polemizaba sobre su papel en la construcción de un Estado democrático. La postura conservadora que se impuso llevó a la Suprema Corte de Justicia a olvidar su sitio en el juego de la legalidad democrática.

 

Los argumentos que se esgrimieron la semana pasada alrededor del caso del gobernador poblano desarrollan, en efecto, una controversia sobre la naturaleza de nuestro tribunal supremo. Mientras unos defienden una Corte que actúa simplemente como un peldaño más de la legalidad ordinaria; otros impulsan un auténtico órgano constitucional que ocupe su lugar como garante de los derechos fundamentales, las autonomías y los contrapoderes.

 

“Como atestiguamos ahora, la polémica no es inocua.

 

El conservadurismo jurídico de quienes respaldaron al gobernador de Puebla construye un tribunal para el poder: entrega o ratifica el imperio abusivo que padecemos. Bajo la idea de que el último tribunal es simplemente una instancia jurídica adicional, esta postura pretende que la Corte trate el abuso del político como si se tratase del conflicto entre un arrendatario y su casero.

 

Naturalmente, este acercamiento a las tareas de la Corte significa otorgar autorización plena a los abusos que se cometen desde el poder. En la defensa de la causa del gobernador poblano se percibe una irritación ante la insolencia de un particular que encara a un Ejecutivo local.

 

 

El ministro Aguirre Anguiano declaraba enfáticamente: "Si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?" Con sus palabras, el ministro desliza su indiferencia por la tortura y su convicción de que el castigo a esa práctica es una "distracción" de las elevadas funciones del tribunal.

 

Lo que hace diferente este caso no es la "señora," según la despectiva expresión del juez, sino la conformación de una red de complicidades que, desde la máxima autoridad gubernativa de un estado, interviene en la actuación del Poder Judicial, en la conducta del órgano de derechos humanos para aplicar una venganza a pedido.

 

“Eso es precisamente lo que se demuestra en el dictamen de la comisión investigadora. El caso de la periodista Lydia Cacho no representa un abuso espontáneo por parte de algún silvestre cuerpo policiaco. Su secuestro y su tortura forman parte de una cadena de hechos entrelazados desde la cúspide del gobierno local.

 

Ahí se recibió la petición de escarmentar a la periodista que exhibió la red política de la pederastia en Cancún; ahí se decidió formar un expediente judicial, ahí se ordenó su captura, ahí se determinó el encubrimiento del abuso. El dictamen del ministro Silva Meza mostró un "concierto" de autoridades, una coordinación de órganos federales y locales, de instancias judiciales y administrativas, de instituciones pretendidamente autónomas para vulnerar los derechos de un ciudadano.

 

Ese concierto es la más grave vulneración del régimen constitucional mexicano, basado como cualquier orden liberal, en el imperio de las separaciones y los contrapesos. Precisamente ese principio de disociaciones como garantía vital fue roto en la operación de la venganza coordinada por el gobernador de Puebla.

 

“Frente a las resoluciones del último órgano del Estado mexicano, no hay más defensa que la crítica. Ésta debe empezar reconociendo que la votación fue dividida. Incluso en la postura que aquí critico, deben hacerse distingos.

 

Hubo ministros que, desde su visión política y jurídica, rechazaron desde un inicio la actuación de la Corte en este asunto. Pero hubo quien, saludando la intervención e incluso respaldando el dictamen, votó en contra de él. Inadmisible en el máximo órgano del régimen constitucional mexicano”.

 

Nadie podría haberlo escrito mejor. Bravo por la dignidad y la valentía que escasean en Puebla.

Nunca pensé en coincidir con López Obrador. Pero tenía razón: ¡al diablo con las instituciones!

 

 




 
 

 

 
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