Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
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07/03/2011


Los caminos jurídicos para recuperar Valle Fantástico, cerrados

 

La embestida del gobierno morenovallista en contra del empresario Ricardo Henaine subirá de tono una vez más, si es que eso es posible tras los misiles de Televisa, cuando el Congreso local apruebe este día un punto de acuerdo para exhortar a la Federación Mexicana de Futbol a no autorizar ningún cambio de sede o propietario del club de futbol Puebla FC en tanto su propietario no aclare los adeudos que mantiene supuestamente con el grupo conocido como la “chiquillada” —quienes presumen haberle ganado un juicio por 20 millones de pesos— ni el desvío del patrocinio de Volkswagen por 23 millones, que al parecer habrían terminado en manos de Paco Bernat. Los barones del futbol, manejados ya se sabe por Azcárraga Jean y Salinas Pliego, deberán atender la súplica de los diputados poblanos que mostrarán su intención de apretar por todos lados a Henaine, pues restan 66 días para que el predio de Valle Fantástico sea restituido al patrimonio estatal según prometió el gobernador Moreno Valle en su toma de protesta. Todos los misiles han sido lanzados: televisión nacional, futbol, y múltiples amenazas sobre otros negocios como el aeropuerto y El Heraldo. En términos llanos, se ha echado toda la carne al asador. Es una guerra en la que se ha apretado desde todos los frentes, excepto uno: el jurídico. 34 días del anuncio espectacular, los secretarios de Gobernación y Servicios Legales, instruidos para iniciar INMEDIATAMENTE las acciones de recuperación del predio, siguen sin explicar las vías jurídicas para hacerlo. Hay una sola pregunta: ¿pueden o no, en un juicio, obligar a que Henaine entregue las casi 20 hectáreas?


Supongo que los cerebros contratados por Piña Kurczyn en la Secretaría de Servicios Legales han discurrido uno y mil caminos jurídicos diferentes, y han elaborado sesudas tarjetas informativas para Manzanilla y Moreno Valle —que dicho sea de paso, no son abogados—. Supongo, sin embargo, que todas sus geniales ideas chocan en un mismo punto: fue el gobierno estatal y no los amigos de Henaine quienes en 2006 lo liberaron de las cargas asumidas en la donación onerosa y le entregaron la completa propiedad. ¿A qué me refiero? A que si como establece Kelsen el problema de la personalidad del estado es un problema esencialmente de imputación, quienes liberaron las cargas fueron la personificación del orden jurídico estatal, es decir, los secretarios de Gobernación, Finanzas y Administración, Obras Públicas, Contraloría y Medio Ambiente. Que en esas posiciones del orden jurídico despacharan López Zavala, Pérez Salazar, García Ramírez, Sánchez Ruiz y Francisco Montemayor, es un dato irrelevante para el Derecho. Lo relevante es que firmaron cinco secretarios de Estado, todos ellos de acuerdo con las facultades que les confiere el orden jurídico poblano.


Así que este es el verdadero fondo del asunto: el primer paso para demostrar el supuesto fraude que denunciaron Televisa y Juan Pablo Piña —tipo penal ni siquiera aplicable al caso— sería proceder en contra de los funcionarios que liberaron el cumplimiento de los cargos de la donación onerosa. La Contraloría de Patricia Leal tendría que interponer denuncias penales e instaurar procedimientos administrativos en contra de Javier López Zavala, Gerardo Pérez Salazar, Javier García Ramírez, Víctor Manuel Sánchez Ruiz y Francisco Castillo Montemayor. Demostrar que dilapidaron el patrimonio estatal y probar cómo excedieron sus atribuciones legales. Dictar sendas inhabilitaciones para trabajar en el servicio público. Y entonces, sí, proceder a un juicio civil de reversión de la propiedad.


Este camino es en absoluto en improbable. Primero, porque proceder contra tales exsecretarios dinamitaría los acuerdos de impunidad-gobernabilidad signados entre Moreno Valle y Mario Marín. Dos, Zavala y compañía utilizarían todos sus recursos para defenderse. Y tres, los resultados probablemente se obtendrían cuando Moreno Valle abandonara el poder, pues ya sabemos cómo se las gasta el sistema judicial mexicano.


El segundo camino debería ser la expropiación, lo cual establece una interesante controversia jurídica: ¿puede expropiarse un predio ya expropiado por causa de utilidad pública? ¿Conviene que Juan Pablo Piña se meta al tema, cuando fue su padre quien expropió precisamente todas esas hectáreas y provocó un escandalazo por el que Manuel Bartlett estuvo a punto de enviar a la cárcel a varios funcionarios de Mariano Piña Olaya? Y suponiendo que se recorran esos caminos, por la vía de la expropiación se deberían pagar 200 millones de pesos de acuerdo a la valoración catastral. Pero ojo, si Henaine contrata a un buen abogado internacionalista, puede interponer la cláusula del Tratado de Libre Comercio que establece que debe pagarse a precio comercial, lo cual elevaría la recuperación del predio a MIL MILLONES DE PESOS. ¡Madre mía!


Aprovechando las inconsistencias de las salidas planteadas por Juan Pablo Piña, se sabe que varios brillantes abogados poblanos ya han buscado al gobernador Moreno Valle para ofrecer su asesoría. No vaya siendo que uno de esos lo convenza y el titular de Servicios Legales se convierta en la segunda baja del gabinete. Ah, y ya veremos que tiene que decir Henaine en su rueda de prensa de mañana.

 

**** Nuevos juzgados de Distrito para Puebla. En reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, el gobernador Moreno Valle le habría pedido considerar de extrema urgencia la instalación de dos nuevos juzgados de Distrito en Puebla. Uno en Tehuacán y otro en Teziutlán, dadas las inconveniencias que da a los habitantes de esas regiones trasladarse a Puebla capital para sustanciar sus litigios federales.

 

 



 
 

 

 
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