Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda


Óleo de una mujer salvada por un tecnicismo


El misterio en la designación del nuevo integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública se resolvió recurriendo a un tecnicismo jurídico: la locutora Blanca Lilia Ibarra Cadena tomará protesta hoy ante el pleno del Congreso local gracias una interpretación jurídica más que polémica acerca de la prohibición consignada en el artículo 27 fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública, que precisamente hacía inelegible a Ibarra Cadena, así como de la Ley Orgánica Municipal. El fondo de tal interpretación es que la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento capitalino fue creada por un decreto del Cabildo y no se encuentra contenida en la Ley Orgánica; en dicho decreto, se le dio el carácter de organismo auxiliar, por tanto, la locutora no fue titular de una dependencia municipal y sí es elegible para el cargo.

 

Transcribo un párrafo del estudio realizado por la fracción priísta: “La comisión no es una secretaría pues: se le otorga en su decreto de creación el carácter de auxiliar del ayuntamiento, sin que expresamente se le integre con el carácter de dependencia a la administración centralizada; tiene una competencia específica, propia de la función administrativa; goza de autonomía de gestión, lo que es más característico de los órganos auxiliares que de las dependencia que se encuentran subordinadas a la presidencia municipal, lo que no ocurre con la comisión; al no existir una dependencia a la que se atribuyan las funciones de la Presidencia, lo que puede concluirse es que es un órgano auxiliar de la presidencia municipal, pero no una dependencia de la administración pública; en su órgano colegiado participan las dependencias, lo que no ocurre en una secretaría cuya relación con otras dependencias es la coordinación, pero no se integra por estas”. Fin de la cita.

 

La interpretación jurídica que hace elegible a Blanca Lilia Ibarra es, cuando menos, debatible. El derecho administrativo reconoce tres tipos  de organismos: dependencia, entidades y órganos autónomos. Dependencia, precisamente, significa que “depende” de la personalidad jurídica y patrimonio del gobierno federal, estatal o municipal. Los organismos autónomos, al estilo del Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poseen personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que incluso sus recursos son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, o en el caso estatal, por el Organismo Superior de Fiscalización.

 

¿La Comisión de Transparencia municipal es un órgano autónomo? No, porque no tiene ni patrimonio ni personalidad propia: sus recursos no los audita el Orfise. Por exclusión, se trata de una dependencia, es decir, depende de la figura del Ayuntamiento capitalino. Por tanto, Ibarra Cadena es inelegible pues viola el 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Punto.

 

Pero, vale. No nos extraña que los diputados priístas recurran a interpretaciones sospechosas de la ley para imponer a una comisionada sospechosa que, en el fondo, es suavecita y afín a los intereses de la administración estatal. Ahora no habrá un espurio –Juárez Acevedo-, sino dos.

 

La designación que el pleno del Congreso local realizará hoy, debido a la dudosa interpretación, podría combatirse en los tribunales. Y sin embargo, parece no se impugnará. O no por lo menos por el panismo, que nuevamente ha caído en el juego de las contradicciones. Aunque ayer Lalo Rivera condenó de palabra la designación de Blanca Lilia, en los hechos él mismo y Gustavo Guevara se abstuvieron al interior de la Comisión de Transparencia y no votaron en contra.

 

¿Por qué? A lo largo del día, en las intrigas palaciegas, se rumoró una negociación con el PAN: avalar la llegada de Ibarra Cadena a cambio de la cabeza de Juárez Acevedo en fecha muy próxima, y su sustitución por Josefina Buxadé por un periodo de sólo dos años.

 

¿Ganancia política u oposición blandita? El lector tiene la mejor opinión. Pero además, ¿les cumplirán?

 



 
 

 

 
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