Othón Bailleres, Pablo Fernández del Campo y Jorge Ruiz Romero sufren las presiones de los medios interesados en el tema, de los académicos universitarios que presentaron su propio iniciativa, y no dudo que hasta de su conciencia.

Tiempos de Nigromante

Arturo Rueda

Los peones de la opacidad marinista

Seis días para morir podría llamarse esta película. Al margen de la corrupción coyuntural del régimen, la aprobación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información marcará el paso y el control a los gobiernos en la era post-Marín. No sabemos quién será el próximo gobernador: si Rafael Moreno Valle, Enrique Doger, Javier López Zavala, Blanca Alcalá o el resto de los aspirantes. Lo que sí sabemos es que con una CAIP digna y una ley que regule la información sin zonas grises que amparen la opacidad de los funcionarios, podremos ejercer un mayor control sobre sus acciones e impedir que en lo futuro vuelvan a surgir otros Javier García Ramírez y Gerardo Pérez Salazar. Por ello, la batalla por una Ley digna que cumpla con los requisitos del artículo sexto constitucional marcará la modernización de la Puebla futura. En esa tónica, no es extraño que el PRI sea el principal enemigo de la transparencia, y por ende de la modernización de la entidad.

Ausentes del debate público sobre la ley se encuentran los comisionados de la CAIP. Las valiosas aportaciones de Josefina Buxadé han sido vetadas de la arena pública, así como su persona, al haber sido estigmatizada como “enemiga del régimen”. El problema, para el marinismo, es que los otros dos comisionados no les sirven para apoyar la iniciativa priísta por carecer de un mínimo de credibilidad y dignidad. Samuel Rangel, el más reciente de ellos, es prácticamente un cero a la izquierda. O como el ombligo: ni para arriba ni para abajo. Su papel, sin embargo, resulta fundamental a la era de mantener el control de la Comisión: un voto de tres para impedir una resolución contraria a los intereses del gobierno marinista, y además, para impedir que Buxadé pudiera asumir la presidencia de la CAIP.

El caso más patético es el de Antonio Juárez Acevedo, decidido a asumir su nombre en la indignidad para los años venideros. Se trata, para el caso, de un zombi: un muerto viviente que camina por las calles provocando repulsión unánime. Él, quien debería representar personalmente la transparencia y la honorabilidad, se ha convertido en el antónimo por excelencia. No solo por proteger los intereses marinistas y recurrir a los argumentos más inverosímiles a la hora de fallar controversias, como ocurrió en el caso de los gastos en la imagen del gobernador. Lo es porque mintió para poder llegar al cargo. Es decir, fue designado ilegalmente para el puesto por el Congreso del Estado. Los medios de comunicación-CAMBIO e e-consulta- descubrieron su sucia treta y desde ahí empezó su vía crucis personal de desprestigio. Sin un gramo de dignidad en el cuerpo, se niega a abandonar el cargo.

Hasta hace unos días el PRI debatía la conveniencia de mantenerlo ahí o sacarlo de la CAIP. Y es que unos y otros, tanto en el gobierno estatal como el propio Juárez Acevedo, saben que el presidente de la CAIP, literalmente, tiene una deadline. Y es plazo fatal llegará en cuanto Alfredo Figueroa Fernández ocupe su asiento en el Consejo General del IFE. Para quienes no lo saben, el recientemente elegido consejero es uno de los mejores amigos de Felipe Aro, el esposo de Josefina Buxadé. Y es que si hasta ahora el PRI y el propio Juárez Acevedo se han parapetado en el hecho de que el IFE no ha entregado el expediente completo de la conformación de “Plataforma Cuatro”, es seguro que Figueroa se encargará de buscarlo hasta por debajo de las piedras para que sea entregado oficialmente al Congreso del Estado.

Sin que sus dos consejeros de la CAIP tengan credibilidad para entrar en el debate y por ello se comporten como “perdidos en acción”, y carentes además del apoyo de organizaciones ciudadanas o académicos de renombre, la fracción priísta en el Congreso local ha asumido el desprestigio de defender la iniciativa proveniente del gobierno marinista. Othón Bailleres, Pablo Fernández del Campo y Jorge Ruiz Romero sufren las presiones de los medios interesados en el tema, de los académicos universitarios que presentaron su propio iniciativa, y no dudo que hasta de su conciencia por el negro papel que jugarán en caso de aprobar una ley oscura.

Después de que se presentó la propuesta ciudadana de CIMTRA, una crisis de conciencia llevó a quince diputados priístas a avalarla. Pero las órdenes de Mario Montero desde Gobernación fueron inflexibles: ni un paso atrás ante la oposición ni los ciudadanos. Obligados por el sistema, hasta Jorge Ruiz, un dogerista ignorado olímpicamente el Congreso, debió salir a la defensa de la iniciativa priísta, lo que provocó un bloque del PAN y la chiquillada pro marinista en oposición a la propuesta.

Quedan cinco días para cumplir con la Constitución, y las negociaciones entre el priísmo y la oposición tienen nulos avances porque el tricolor se niega a poner sobre la mesa lo realmente importante: la independencia de la CAIP del Ejecutivo estatal, así como la ampliación de los sujetos obligados, así como las violaciones flagrantes al sexto constitucional contenidas en la propuesta.

Othón Bailleres, Pablo Fernández y Jorge Ruiz llevarán en el futuro de su carrera política el hecho de aprobar una ley regresiva de Transparencia Pública que nos convertirá al oscurantismo medieval. No sean peones.