Tiempos de Nigromante

Arturo Rueda

Jajomar, six feet under

El misterio quedará ahí, hasta el final de los tiempos: descubrir la paternidad política (o quizá maternidad) del hoy difunto proyecto de instalar más de 9 mil parquímetros en la ciudad. La cronología del nacimiento del proyecto poco nos dice frente a las lógicas políticas que dieron origen a él, y que también han provocado su muerte. La bufonada tuvo dos actores en escena, Enrique Doger y Blanca Alcalá, pero otro protagonista escondido en el proscenio: el gobernador Marín. Al final, el exhorto del Cabildo municipal al Congreso del Estado para solicitarle no aprobar la concesión por 15 años en beneficio de los hermanos Martínez es la estocada de una historia que se terminó en el momento en que los costos políticos superaron a los posibles beneficios financieros.

Atendiendo la cronología temporal, en apariencia Doger tendría que cargar con el muerto de los parquímetros. A su administración correspondió la licitación que ganó Jajomar en 2007, así como determinar el número de parquímetros a instalar, el costo de la tarifa -8 pesos- y la duración de la concesión por 15 años. Sin embargo, ante el repudio empresarial y la inminencia de las elecciones intermedias, suspendió el trámite de enviarlo al Congreso local para su aprobación, y terminó congelando el procedimiento para que la próxima administración decidiera si debía continuar o no.

Aquí comienzan a surgir las primeras dudas. Si el negocio era de Enrique Doger, es evidente que el entonces alcalde no tenía el poder para hacerlo pasar por el Congreso local, máxime que sus relaciones con el marinismo ya estaba profundamente deterioradas. Para ésos días, Marín y su gabinete ya se habían ausentado del II informe de gobierno. ¿Tenía Doger la suficiente ingenuidad para pensar que el marinismo le iba a aprobar un negocio multimillonario? Claro que no. ¿Y si ya se había embarcado, por qué suspendió el procedimiento abruptamente, poniendo en riesgo el trato que tenía con Jajomar? Es muy claro, entonces, que el único que podía ordenar a los diputados priístas la aprobación de la concesión era Mario Marín.

Vayamos con el segundo actor, o mejor dicho actriz de la obra. En campaña, Blanca Alcalá se manifestó en contra de los parquímetros, algo que podía interpretarse como una posición electorera. Llegando al poder el tema se olvidó, pero sorpresivamente, el 14 de julio, el Cabildo votó reiniciar el procedimiento y enviar la concesión al Congreso para su aprobación. Y entonces la tormenta mediática comenzó, así como la búsqueda de los culpables.

Alcalá se defendió de las críticas aduciendo que su Cabildo sólo continuaba el procedimiento iniciado por la administración dogerista, y que de no hacerlo tendría que indemnizar millonariamente a los hermanos Martínez. Incluso ponderó que logró una nueva negociación en la instalación de los 9 mil parquímetros. Sin embargo, su síndico reconoció que el Ayuntamiento no tenía que indemnizar a la empresa en caso de dar marcha atrás, lo que levantó las suspicacias. Entonces, ahora no sólo Doger participaba del negocio, sino también Alcalá, que en todo momento evitó manifestar su afirmativa o negativa por tan impopular proyecto.

La privatización de la vía pública comenzó a demorar a Blanca Alcalá en las encuestas. En dos semanas de escándalo sus números de aprobación se desplomaron y quedó muy cerca de la muerte política, hasta que surgieron nuevas evidencia para identificar al padre original de la propuesta: la sociedad de los hermanos Martínez con la trasnacional OHL –recientemente beneficiada por la administración estatal la concesión millonaria del Libramiento Norte- en el Centro Comercial de San Francisco, en el que incumplieron sus compromisos a la hora de desarrollar y sin embargo, nunca fueron sancionados.

La comedia terminó cuando la sociedad responsabilizó a los priístas de lastimar más sus bolsillos. Y entonces, desde Casa Aguayo, se determinó darle pa´tras al proyecto. En rueda de prensa, Bailleres anunció que el asunto se enviaba al tercer periodo, y días después Armenta fue a anunciarle que el PRI rechazaba la concesión. Tres meses después, Blanca Alcalá y su cabildo le echaron la última paletada de tierra a Jajomar.

¿Por qué murieron los parquímetros? Así lo explicamos:

“El marinismo ha regresado a la senda de la racionalidad política en su toma de decisiones. Frente a la inmensa soberbia de la que han hecho gala en sus últimas decisiones, ahora dieron un paso hacia atrás tomando en cuenta el cálculo de costos y beneficios. Frente a la ganancia privada de unos empresarios y su comisión al algún funcionarios de primer nivel, el marinismo privilegió la figura de Blanca Alcalá –que asumiría el costo político directo por la medida- y eventualmente el que podría pagar el PRI en las elecciones federales del 2009.

“El segundo hecho pasa, quizá antes, del primero. No digo que a Marín no le interese blindar la imagen de Blanca Alcalá: probablemente, para su proyecto transexenal, sea mejor que los números de la alcadesa comiencen a bajar. Lo que realmente le interesa al gobernador es julio de 2009 y que el PRI mantenga la ventaja de 12 puntos en la intención de votos que señalan tantos las encuestas del gobierno estatal como las del federal. Y es que las elecciones federales es la última oportunidad que tiene el gobernador poblano de mostrarse ante la clase política nacional como un operador de primer nivel, en aras de –en sus sueños guajiros- integrarse al equipo de Manlio Fabio Beltrones en la disputa de la candidatura presidencial priísta del 2012.

“Los parquímetros ponen en peligro la ventaja priísta en la capital poblana. El PAN se dio cuenta a tiempo y comenzó una campaña activa repartiendo volantes en el primer cuadro de la ciudad para capitalizar el costo político. Hacía tiempo que los blanquiazules no hacían algo así”.

Y ahora vendrá la batalla jurídica porque los hermanos Martínez reclamarán una indemnización millonaria.