Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda
[email protected]
[email protected]


20/04/2010


Por tercera medición, el Peor Poder Judicial del país


Conozco jueces y magistrados que son dedicados, estudiosos y honorables. También los hay extorsionadores, ignorantes y viles. Pero el problema del Poder Judicial Poblano para permanecer en el sótano del ranking nacional por tercera medición consecutiva de estudio realizado por el ITAM y la Asociación de Bancos de México, no es de hombres, sino de estructura. Desde el 2003 han pasado por ahí hombres con visión de futuro como Guillermo Pacheco Pulido, hasta magistrados perezosos y pusilánimes como León Dumit. Magistrados acuciosos como Margarita Palomino Ovando han sido encargados de bajar la metodología del estudio a juzgados y salas. Nada da resultado porque se pasa por alto el problema de fondo: en Puebla existe una teórica división de poderes, pero en realidad el Poder Judicial es un apéndice del Ejecutivo estatal. Depende en todo del gobernador, pero más depende de materia financiera: las previsiones presupuestales, junto con los salarios, provienen de la Secretaría de Finanzas y Administración. Es el gobernador Marín quien decide cuánto y cómo gastará el Tribunal Superior de Justicia. En ese orden jerárquico, jueces y magistrados son simples peones.

 

Es un lugar común afirmar que la justifica federal es mucho mejor que la poblana, dado que existe un Consejo de la Judicatura encargado de administrar y vigilar los recursos. Falso: si los jueces y magistrados federales tienden menos a la corrupción y dedican más tiempo al estudio, se debe a la enorme disparidad salarial entre unos y otros. Los jueces poblanos con trabajos llegan a los 40 mil pesos mensuales; los de distrito superan los 100 mil, más prestaciones. Un magistrado federal ronda los 130 mil pesos de salario; uno local, 70 mil. Además, en el Poder Judicial Federal existen mecanismos objetivos de promoción y ascenso, así como incentivos. Aquí, para que un juez llegue a magistrado necesariamente debe contar con el favor político del gobernador Marín para que sea designado por el Congreso que el mismo Ejecutivo controla. Por ello ningún juez es capaz de decirle “no” al mandamás de turno, como quedó demostrado en el escándalo Cacho. A un modelo político feudal, corresponde también una justicia feudal.

 

Un Consejo de la Judicatura tiene sentido si existen recursos para administrar. Pero el Tribunal Superior de Justicia no los tiene. La situación es tan vergonzosa que, por ejemplo, el sueldo nominal para los jueces es de 3 mil pesos, y el resto llega en forma de una compensación con cheque de Finanzas. Tan pobre es la situación del TSJ que la administración no cuenta con presupuesto para la limpieza de oficinas y la Ciudad Judicial, por lo que cada juez debe pagar de su bolsillo el aseo de las áreas de trabajo.

 

A partir de los errores estructurales se desarrollan los vicios personales personificados en un grupúsculo de magistrados que amparándose en su cualidad de “inamovibles” —es decir, no pueden ser despedidos bajo ninguna circunstancia hasta llegar a un retiro dorado a los 75 años—, han creado una mafia de secretarios y jueces a los que mueven a su antojo. Tal grupúsculo, encabezado por los magistrados Villar Borja y Alfredo Mendoza, hicieron del Poder Judicial un “orgullo de su nepotismo”, pues incorporaron a hijos, esposos, yernos y nueras a vivir de la ubre pública.

 

Estos magistrados Villar Borja y Alfredo Mendoza fueron los principales obstáculos para la llegada de Ricardo Velázquez al TSJ, quien lucha para derrotar a la mafia, pero sin el apoyo de Dumit Espinal, quien se dedica a vegetar junto a Fernando Rosales Bretón, un hombre que ya ni siquiera puede sostenerse en pie pero gracias a su condición de inamovible, carga sus enfermedades al erario. El colmo es que el Poder Judicial local no tiene una metodología definida para la designación de jueces de primera instancia, y cada vez que deben ser nombrados, los magistrados se inventan los más variopintos procedimientos en vez de establecer un concurso público al estilo del Poder Judicial Federal y por ello han instaurado la presentación de un ensayo escolar “sobre algún tema de derecho” para poder calificar su aptitud como jueces. Increíble por lo absurdo.

 

Los aspectos que determinan si alguien es buen juez o no, según Elba Rojas Bruschetta, son: “Ortografía y acentuación, buena redacción, uso adecuado de recursos de redacción, bibliografía básica, estructura completa de capítulos (introducción, desarrollo y conclusión), precisión de ideas, selección de manejo de un tema de análisis de interés disciplinario, manejo de lenguaje claro, fundamento de fuentes de información, delimitación del tema y originalidad del tema.

 

Será porque no tenemos un Consejo de la Judicatura, al que los magistrados poblanos se han opuesto férreamente desde el sexenio bartlista. Será porque al Tribunal Superior de Justicia le conviene la opacidad para poder seguir promoviendo el nepotismo judicial. Pero lo cierto es que con León Dumit ha habido un cambio de nombres en la administración del Poder Judicial local, pero no un cambio de estilo. La mafia sigue dominando al TSJ y una vez más han evidenciado su poder. Los hombres pasan y la situación permanece: tenemos el peor Poder Judicial del país. Así como el peor sistema de salud, el lugar tres en pobreza y varias linduras más.

 

*** Sobre la riña del Clássico. El subsecretario Adolfo Karam se comunicó con el tecleador para reconocer el parentesco con Omar Forcelledo, el golpeador que la madrugada del domingo mandó a dos chicos al hospital. Sin embargo, negó enfáticamente intervenir con la Policía de San Andrés para lograr su liberación ilegal. La versión fue confirmada desde el Ayuntamiento referido. Valga la aclaración pertinente.

 



 
 

 

 
Todos los Columnistas