Blanca Alcalá parece atrapada en los juegos de Marín y Doger, y sólo ella asumirá el costo político de la decisión impopular, pues los parquímetros serán instalados durante su gestión y los poblanos afectados la acusarán a ella.


Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda


Fuenteovejuna de los parquímetros

 

El gobierno de Blanca Alcalá enfrenta su primera gran crisis. Después de meses de gozar de la expectativa generada por su triunfo, la decisión de reimpulsar la concesión de 9 mil parquímetros a la empresa Jajomar ha colocado a la alcaldesa en el ojo del clamor popular por tan draconiana medida. Y es que su argumento para deslindarse por reiniciar el trámite fue derrumbado por su propia administración: el síndico municipal ya aceptó que la concesión podía cancelarse sin que el Ayuntamiento debiera asumir una indemnización millonaria a los hermanos Martínez. En cualquier caso, de haber llegado a los tribunales, pudo haberse negociado una compensación por los gastos ya realizados, ya que el propio título de concesión establece que ésta no será considerada existente hasta que el Cabildo y el Congreso del Estado la aprueben. De esta forma, Alcalá pudo deshacer lo que ya había hecho Doger, y no quiso. ¿Por qué?

 

Nadie, salvo aquellos que sean beneficiarios del negocio, quieren a los parquímetros: se trata de una economía fundamental, porque lo que hoy no cuesta –estacionarse en la vía pública- costará ocho pesos la hora. ¿Y quiénes son los beneficiarios del negocio? No quedan más que Enrique Doger o Mario Marín. El ex alcalde por haber impulsado la licitación en beneficio de Jajomar, pero el misterio radica en que abruptamente suspendió el procedimiento antes de las elecciones de noviembre, y después un acuerdo de Cabildo envió a la próxima administración de Blanca Alcalá. ¿Por qué si era él el beneficiario, de pronto suspendió todo?

 

Las sospechas contra Marín surgen a partir de la identidad de las empresas OHL y Jajomar, ambas beneficiarias del régimen a partir de la tolerancia al incumplimiento de los compromisos en el Paseo de San Francisco. Los hermanos Martínez pidieron prórrogas al Fideicomiso, pero vencidas éstas nunca hubo sanciones. La empresa española, además, recibió una prebenda a gran escala: la concesión, sin licitación, del Libramiento Norte. Los parquímetros de Jajomar requieren la aprobación del Congreso local. ¿Quién más que Mario Marín tiene el poder de someter a sus empleados diputados? La contra es que fue Jacobo Martínez quien hundió a Marín en la primera semana del escándalo Cacho: presumiendo su relación con su primo Bernardo Gómez, le ofreció al gobernador y a Valentín Meneses entrevistas blandas con López Dóriga y Loret de Mola. El resultado todavía se recuerda. ¿Y aún así va a premiar a uno de los dueños de Jajomar?

 

Blanca Alcalá parece atrapada en los juegos de Marín y Doger, y sólo ella asumirá el costo político de la decisión impopular, pues los parquímetros serán instalados durante su gestión y los poblanos afectados la acusarán a ella y solo a ella. La buena imagen que generó entre la ciudadanía, lejos de la corrupción marinista, se derrumbará. Y Alcalá carece de los instrumentos para levantarla de nueva cuenta: la administración se encuentra ahogada financieramente, la deuda ya no aguanta y carece de recursos para hacer una obra pública impactante, sumado al hecho de que la campaña le dejó una carga onerosa de aviadores en la nómina.

 

La única salida para Blanca Alcalá sería que el Congreso local rechazara la concesión de los parquímetros. O que se hallara al verdadero padre de la medida. Es imposible que Marín la asuma, y casi imposible también que Enrique Doger acuse a los marinistas de haberle pedido el favorcito de empujar el negocio. Hacerlo provocaría una nueva tormenta mediática contra ambos personajes, aunque ya hay algunos dogeristas que tratan de deslindarse de los parquímetros. El más ridículo fue Enrique Chávez Estudillo, que como secretario de Administración falló a favor de Jajomar pero ahora como regidor votó en contra de la concesión. Y es que según él, apenas vino a darse de las muchas irregularidades que rodean a la concesión. ¿Algunas? Pues que los agentes de seguridad vial estarán al servicio de la empresa y se encargarán de quitar y retirar los inmovilizadores; que las multas no están cuantificadas y mucho menos a las arcas de quién llegarán.

 

Nuevas contradicciones: Mario Montero, secretario de Gobernación, hace apenas una semana se manifestó a favor, y ahora, desmemoriado, afirma que se trata de un asunto del Ayuntamiento. Y sin embargo, de acuerdo con la demostración que el empresario le hizo a la cúpula de la iniciativa privada, los parquímetros llevarán el logotipo del gobierno del estado, y no del ayuntamiento. ¿No que el gobernador no tenía nada que ver?

 

La ruleta gira en torno de los nombres de Mario Marín, Blanca Alcalá y Enrique Doger. ¿Quién es el culpable? Como diría Fuenteovejuna: parece que todos a una. ¿Y qué tienen en común los tres personajes? Que son priístas. Así que el tricolor lleva mano ante la ciudadanía para asumir el costo en julio del 2009.

 



 
 

 

 
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