Tiempos de Nigromante


Arturo Rueda


La Bestia Negra ha muerto

El peor error de la inteligencia es negar la realidad. El fallo exoneratorio de la Suprema Corte de Justicia, como ciudadano, me indigna; como abogado me convence dada la debilidad de la concatenación probatoria del proyecto elaborado por Juan Silva Meza; y como analista político me sorprende por la alta eficiencia del marinismo para aprovecharse de la necesidad de Felipe Calderón de cohabitar con el PRI para medio gobernar el país. La palabra se honra y los acuerdos se cumplen.

 

La habilidad política de Marín para nadar en las cañerías del sistema político le permitió, también, aprovechar la descomposición interna del máximo tribunal del país y que se evidenció la votación dividida de los ministros que alimentará a quienes creen en la acción concertada de las autoridades poblanas en contra de Lydia Cacho. Cualquiera que sea la interpretación y los costos de la decisión, el hecho es uno solo: la Bestia Negra ha muerto.

 

La actuación del máximo tribunal del país es, sencillamente, vergonzosa. No solo por la inversión de tiempo y esfuerzo que dedicó la Comisión Investigadora en casi año y medio de intervención en Puebla, sino porque hemos visto a unos ministros más pendientes de los criterios políticos que jurídicos. Todos, todos, cometieron el mismo error. Los seis que votaron a favor de Marín y los cuatro que sufragaron en contra. Bandos que atendieron siempre intereses inconfesables. Los grandes villanos sí, son los evidentes Mariano Azuela, Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia, que en cada sesión se dejaron el pellejo en la defensa del gobernador poblano. Pero no es menos inocente el ministro autor del proyecto inculpatorio Juan Silva Meza, que puso el hígado por delante en lugar de la lógica jurídica.

 

Me pesa como ciudadano pero lo creo firmemente como abogado: desde que tuve las mil doscientas cuartillas del dictamen consideré que era un bodrio indigno de un ministro de la Corte. Así lo escribí y lo sigo sosteniendo. Fundar la responsabilidad colectiva de las autoridades poblana en el cruce de las llamadas telefónicas entre funcionarios de segundo y tercer nivel, en los momentos claves del caso, era simplemente absurdo. ¿Qué el particular de Pacheco Pulido y el de Marín hablaron el 16 de diciembre, día de la detención de Cacho? Es cierto. ¿Qué trataron el tema de la periodista? Tan puede que sí como puede que no. A lo mejor hablaron para poner de acuerdo las agendas o probablemente para darle indicaciones sobre cómo debía actuar Rosa Celia Pérez Guzmán. El problema es que no tenemos cómo saberlo. El cruce de llamadas no ofrece ninguna certeza. Y sin certeza, no hay pruebas.

 

Silva Meza falló al hacer personal el caso Marín-Cacho y apasionarse en la causa de la periodista. El mismo error cometió Genaro Góngora Pimentel, quien hizo más de porrista que de ministro. Mejor la dupla se hubiera concentrado en hallar una prueba directa en contra del gobernador poblano, y no tratar de violentar el Estado de Derecho al atribuir calidad probatoria a la famosa conversación Marín-Kamel, prohibidísima por el artículo 16 constitucional. Es cierto: si las autoridades poblanas cometieron el pecado de tráfico de influencias, nunca iban a dejar pruebas escritas o documentales. Pero de ahí a tratar de probar la responsabilidad de Marín fundándose en un desplegado publicado por Nacif en El Universal, o una documental privada del cruce de llamadas, era algo demasiado aventurado. Pagaron el costo de su inocencia. Por eso Salvador Aguirre y Mariano Azuela se solazaron en su desgracia.

 

Tampoco es menos culpable la ingenuidad de Lydia Cacho que se dejó engañar por su abogado Xavier Olea, a quien algunos cercanos al entorno de la periodista acusan de prevaricato. Vaya, se vendió a la causa de las autoridades poblanas. A propios y extraños sorprendió que en el día más importante de su caso, nadie, nadie de su equipo se presentara en la Suprema Corte para intimidar a los minisotros o por lo menos hacerle más difícil la tarea sucia. El equipo jurídico de los Olea deslizó que se trató de una estrategia, para nadie supo si era en beneficio de su defendida o de sus contrarios. Con la plaza vacía, Alonso Aguilar Zínser, Fabián Aguinaco Bravo y Ricardo Velázquez se apropiaron del terreno y facilitaron las cochinadas de la piara encabezada por Aguirre Anguiano.

 

El marinismo, por último, asestó la puñalada final de forma apoteósica. Como estrategas, mi más alto reconocimiento. Nunca nadie imaginó que sería una mujer precisamente la que hundiera a Lydia Cacho. La asesina tiene nombre y apellido: Olga Sánchez Cordero. La ministro había votado en todas y en cada una de las sesiones en las que se trató el caso en contra de los intereses del gobernador poblano. Siempre había alineado en el equipo de los progresistas

 




 
 

 

 
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