Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


¿Podemos defender nuestro derecho a estar informados?


La salida de Carmen Aristegui de W Radio es una pésima noticia para todos los mexicanos; pues constituye la cancelación del único espacio de radio abierta en el que la gente podía realmente informarse.

 

El 4 de enero, en su último programa, Aristegui explicó que este año no le renovaron el contrato –como se había hecho de manera prácticamente automática- porque “el modelo editorial de la empresa no es compatible con el modelo del noticiario”.

 

De acuerdo con una nota publicada ayer en La Jornada, el director de Televisa Radio Javier Mérida, y el director de contenidos, Daniel Moreno, sostuvieron este lunes una reunión con personal de Radiópolis –la división radio de Televisa-, en la que insistieron que la salida de Aristegui de la W se debió al rediseño de la estación, y no a motivos de censura. El rediseño incluye eliminar el “starsystem”, cambio al que según ellos Aristegui no pudo adaptarse.

 

Quienes conocen personalmente a Aristegui saben que de “estrella” o “diva” no tiene nada. Es una mujer muy inteligente, preparada, y, como todos los grandes, sencilla. No es la protagonista del noticiario, como sí lo son otros muchos conductores tanto de radio como de televisión, igual de Televisa que de TVAzteca.

 

El pecado de Carmen es ser demasiado íntegra, demasiado profesional, demasiado buena comunicadora. Carmen puso en la agenda algunos temas que otros medios no se atrevieron a ventilar; le dio seguimiento a asuntos que los demás dejaron.

 

Mérida y Moreno negaron la injerencia de Juan Ignacio Zavala –cuñado de Calderón y asesor de Prisa desde finales de 2006- en los contenidos editoriales de la estación, aunque se dice que fue precisamente Zavala quien llevó a Daniel Moreno a la dirección de contenidos de la W; y quien provocó la salida de Carlos Loret de Mola de la estación, y de Salvador García Soto de “El Weso”. Sin embargo, el propio Zavala, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva publicada ayer en Milenio, aclaró que su cargo en el Grupo Prisa es gerente de la edición global de El País y asegura que no tuvo nada que ver con la salida de Aristegui.

 

El tema de la no renovación del contrato es complicado, como lo reconoce Ramón Beltrán en su “Sube y baja” de ayer; porque la empresa (Televisa/Prisa) tiene derecho a no renovar el contrato de una empleada que la criticó cada vez que tuvo oportunidad. En términos contractuales tiene razón. En términos informativos, no.

 

Parece haber una contradicción entre “propietario” y “de un medio de información”. El propietario puede hacer lo que se le dé la gana con su empresa. El medio de información tiene la obligación de informar.
Si lo que informa el noticiario contraviene los intereses del propietario, éste puede decidir entre ser un mercader o informar.

 

Pero hay otro asunto muy importante. El propietario, el dueño, es dueño de la empresa, claro; pero no es dueño de la frecuencia, sino concesionario. El uso de una frecuencia radiofónica (o televisiva) es una concesión que otorga el gobierno a particulares para su explotación. El aire, la frecuencia, no es propiedad de la empresa, sino del país; por eso no se puede vender, se da en concesión; y por tal razón, el Estado debería vigilar el uso que de ella se hace, y los concesionarios atender el interés público que representa un medio informativo que transmite haciendo uso del espacio propiedad de la nación. Los ciudadanos también deberíamos contar con algún mecanismo sobre los contenidos de las estaciones que se transmiten en las frecuencias que son de nuestra propiedad como nación. Es nuestro espacio.

 

Además tenemos derecho a la información. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

 

Las personas tenemos derecho a estar informados. Los medios de comunicación deberían informarnos. Si la información no es rentable, ¿qué hacer? Saturar las estaciones de música grupera o de cualquier música. Siempre quedará la prensa; los periódicos y las revistas, e internet, afortunadamente; pero los medios electrónicos, que tienen en concesión nuestro espacio deberían informarnos también.

 

Al final, está el irresoluble problema de la relación entre medios y poder. El poder no aguanta la crítica. En nuestro México hay un afán terriblemente dictatorial por controlar la información; y el sistema de medios electrónicos que tenemos se encuentra supeditado a sus propios intereses económicos, y replegado a los intereses del poder.

 

La democracia exige debates plurales y la eliminación de voces críticas es una pésima señal.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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