En conferencia de prensa, el funcionario detalló que en total recibieron 594 millones de pesos, pero que 573 ya estaban comprometidos para su entrega inmediata a los municipios
Además, informó que la administración anterior dispuso en su totalidad de los 6 mil millones de pesos contratados antes de su partida. “La totalidad de los recursos del crédito que se contrató de 6 mil millones de pesos (…) fueron dispuestos en la administración anterior”, dijo.
Fuentes Vélez comentó también que el estado financiero de Chihuahua es peor que el de Veracruz. “Cuando nos vamos a ver la deuda de los estados en relación al Producto Interno Bruto estatal, la de Chihuahua es la más alta en todo el país: un 8.3%; en contraste, la de Veracruz es de 4.7% del PIB estatal”, dijo.
Y prosiguió:
“Y el otro dato importante es la deuda pública por habitante, donde la nuestra duplica la deuda de Veracruz. La nuestra está en 11 mil 308 pesos por habitante (…) mientras que cada veracruzano o veracruzana debe cinco mil 621 pesos”.
Por si fuera poco, la deuda pública asciende a más de 55 mil millones de pesos; 48 mil 213 millones registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otros 7 mil encontrados en otras facturas pendientes de pago.
Eso, insistió, Fuentes, al 28 de octubre, debido a que, conforme aumenten las revisiones de lo encontrado en cada dependencia, prevé, los pasivos pueden aumentar hasta 200 millones de pesos sólo en una semana.
Ante la falta de liquidez, la nueva administración reportó también enfrentar problemas diversos, desde el abastecimiento de medicamentos en los hospitales responsabilidad del estado, hasta el parque vehicular de todas las dependencias, como las encargadas de la seguridad pública.
“¿Qué efectos tiene una deuda de esta magnitud? Pues claro que el primero, y algunos de éstos son los que hemos estado reportando, el desabasto de medicinas en hospitales públicos y, obviamente, los adeudos que se tienen también en el tema de medicamentos y hospitales”, dijo Fuentes Vélez.
“La suspensión de apoyos en programas estatales o de obras en proceso; la limitada capacidad de la operación del gobierno y las restricciones en el mantenimiento en la operación de vehículos de seguridad pública, y no sólo de seguridad pública, sino de todas las dependencias en general”, agregó.
En la conferencia, las autoridades dieron a conocer también que exmandatario utilizó “sin justificación” en al menos 50 ocasiones en los últimos dos años para acudir a sus propiedades en el sur del estado de Chihuahua.
También, se informó, que dispuso de 127 millones de pesos para adquirir una nueva aeronave a través de una adjudicación directa y sin esperar a la resolución de la compañía aseguradora a la que se le reclama todavía el pago de la que fue siniestrada en agosto de 2015, con el exmandatario y su esposa a bordo.