La moda que se dio entre los candidatos a puestos de elección popular, como presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y jefes delegacionales de firmar sus compromisos de campaña, que no su programa de trabajo, ante la fe de un notario público, surgió según se ha documentado, aproximadamente hace unos quince años en varios Estados y se fue extendiendo, como una forma de tratar de convencer a los electores, que las promesas hechas públicas en los actos proselitistas eran serias y que no se quedarían en el aire, saliendo al paso a los graves cuestionamientos de los electores de que “todos los candidatos, sin importar los colores, en campaña, lo único seguro es que no cumplirán con sus promesas a los ciudadanos”.

De ahí que alguien propusiera que precisamente la firma de éstas, ante un fedatario público, convencería a los votantes, quienes pensarían que la firma traía consigo la obligación de “cumplirlas” a cabalidad, en el caso de que obtuviera el triunfo en las urnas y llegara a ocupar el cargo para el que estaba contendiendo, se llegó a creer incluso que dicho documento podría hacer que cualquier ciudadano lo hiciera exigible, en caso de incumplimiento del funcionario público o legislador; sin embargo, resulta conveniente aclarar,que a la fecha, tampoco se tiene noticia de que algún ciudadano haya presentado una demanda formal ante las autoridades judiciales en contra del otrora candidato y después funcionario, que habiendo firmado sus compromisos de campaña, después los haya dejado en el olvido por razones que sólo él conoce y que incluso los ciudadanos carecen del derecho a pedirle que transparente sus decisiones al respecto, es decir, nadie sabe a cabalidad qué beneficios le reporta al ciudadano que el candidato le firme que va a atender sus demandas y necesidades ante notario o cuáles son los efectos jurídicos de la firma de los compromisos de gobierno, en caso de incumplimiento de los mismos.

Sabemos que legalmente, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Puebla, una vez que haya tomado protesta del cargo, en el caso del presidente de la República, de los gobernadores de los Estados y presidentes municipales, están obligados a presentar un Plan de Desarrollo, que se da en los tres niveles (federal, estatal y municipal) y que debe ser aprobado por el Congreso de la Unión, Congresos Locales y Cabildos.

De tal suerte que es ahí, en dicho documento, donde realmente el funcionario asume la obligación de cumplir con los objetivos del Plan, sin importar si antes firmó compromisos ante notario en su campaña o si bien, el Plan de Desarrollo, no tiene nada que ver con lo que prometió a los electores en su campaña política para llegar al cargo, porque finalmente eso quedó en el pasado y ya a nadie va a interesarle, si lo que firmó lo cumplió o no, porque finalmente el documento que signó puede violentarlo en cualquier momento, sin que por ello sea sujeto a responsabilidad alguna de cualquier índole, quizás la única sanción que reciba sea la condena pública o repudio social de quienes votaron por él, pero de ahí no pasará si el funcionario lleva a cabo un buen control de daños, por lo que la famosa firma ante notario público de los compromisos de gobierno, en el proceso electoral, no pasa de ser un acto mediático que lo único que pretende es evitar que sus propuestas sean descalificadas por sus adversarios políticos y que los ingenuos ciudadanos que piensan de buena fe, le den su voto, pensando que por dicha firma el candidato si les cumplirá lo prometido, en caso de ganar las elecciones, lo que está muy alejado de la realidad, ya que artimañas y pretextos, le sobran a los miembros de la clase política para vernos la cara con este tipo de actos.

Ejemplos hay muchos y en Puebla ya los hemos sufrido con los candidatos “chapulines”, que sólo están a la espera de una mejor posición política para defraudar la confianza que los electores les dieron con su voto.