Desde antes del inicio de las campañas electorales para la minigubernatura y de acuerdo con los últimos acontecimientos en los que se han visto inmersos los actores de la contienda, así como la serie de quejas, juicios, denuncias por delitos electorales y la serie de anomalías que se han estado documentando en el proceso que ha convertido a Puebla en el foco de atención de los integrantes del INE y de la Fepade, así como la constante intervención de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral para corregir las ilegales resoluciones del Consejo General del IEE, todo apunta a que la decisión final sobre quién obtendrá el triunfo en las elecciones no se resolverá ante la autoridades locales electorales IEE y Tribunal Electoral del Estado, sino en las instancias superiores, debido a que todas las irregularidades que se han presentado van trazando el camino a la judicialización de la elección y empieza a hacerse sentir la presión de las autoridades del Gobierno federal, que hasta hace algunos meses cuando alguno de los partidos opositores acusaban que en Puebla se estaba fraguando una elección de estado, actuaron en forma indiferente, quizás pensando que se exageraban las acusaciones o bien, que al final se corregirían las cosas y que la autoridad local respetaría las prohibiciones que le marca la ley para desarrollar un proceso equitativo, limpio y transparente.
Los hechos les demostraron lo contrario, es decir, la injerencia directa de los funcionarios, el uso de los programas y recursos para apoyar al candidato oficial, se han hecho sentir en su máxima expresión a la vista de todos los ciudadanos, quienes sólo tienen dos caminos a elegir. El comprometer su voto y obtener los beneficios que les ofrecen en dinero o en especie, o negarse a entrar en ese juego y sufrir las represalias de acuerdo al caso, ya que para estas fechas las credenciales para votar, se vuelven moneda de cambio y algunos que se han pasado de listos, están dispuestos a sacar provecho de ambos lados, situación que el 5 de junio hará que dichas credenciales entren a la ley de la oferta y la demanda de los Partidos y sus promotores, para ver quién paga más o da más. En todo eso se está convirtiendo nuestra incipiente democracia, con la complicidad de los órganos electorales que se han visto rebasados por los trucos y artimañas de los Partidos y Coaliciones apostándole a un triunfo en las urnas, que aunque sea cuestionado, defenderán a toda costa, dependiendo de la diferencia de votos final entre el primero y segundo lugar. Dudo mucho, que tanto el IEE, INE y la Fepade, cuenten con el personal y herramientas necesarias para salvar la elección y sancionar con todo el peso de la ley, a quienes la están infringiendo, a dos semanas de la elección, es tiempo para que den una muestra de lo que puede sucederle a quienes violenten las normas electorales, ya que después de la elección, será aún más difícil modificar el resultado y en el caso de que por todas las anomalías del proceso se decidiera ANULAR LA ELECCIÓN, el costo para el Estado sería muy alto, lo que implicaría quizás pasar al último lugar del país en cuanto al desarrollo democrático. Las cosas se agudizaron aún más, a partir de la publicación de las grabaciones obtenidas mediante espionaje de conversaciones de personajes de la vida política local y nacional, que trajeron como consecuencia la presentación de denuncias ante la PGR por la comisión de diversos delitos, pero quizás lo más preocupante para dichos personajes, es la importancia de la información obtenida y que puede significar una serie de problemas y escándalos, que pongan en riesgo, no sólo su vida privada, sino también su futuro político, por ello la presión para detener la posibilidad de que todas esas conversaciones salgan a la luz pública irá creciendo en los próximos meses y porque no pensarlo, hasta podrían ser materia de una negociación política que se reflejara en el triunfo o derrota de los candidatos punteros, total las concertacesiones ya forman parte de la tragicomedia política mexicana.
