Prueba de lo anterior, lo evidencía El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 (DNSP), el cual, es el instrumento que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resultado de llevar a cabo la observancia del respeto a los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario del país, bajo la perspectiva establecida en la normatividad nacional e internacional, que le confiere a las autoridades la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en reclusión.
El DNSP se ha ubicado como el referente más importante respecto de la situación que guarda el Sistema Penitenciario Nacional, cuya aplicación tiene el objetivo de contribuir al respeto de los derechos humanos y que las autoridades penitenciarias, lo consideren en la conformación de políticas públicas en la materia,
Por lo que, al observar los resultados emitidos por el DNSP 2015, deja al descubierto la alarmante situación que guarda nuestro estado en cuanto a este rubro, ya que la calificación estatal de los Ceresos en Puebla, ha ido decreciendo cada vez más, ubicándonos en el undécimo lugar a nivel nacional con una calificación de 6.74, lejos, del 7.82 alcanzado en 2009.
Dicho documento, nos muestra las practicas que al interior de los CERESOS estatales fomentan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por ejemplo, condiciones de autogobierno, es decir los internos llevan a cabo labores que les pertenecen únicamente a las autoridades penitenciarias o sobrepoblación de internos que rebasa en un 58.9% la capacidad original de estas cárceles.
Para muestra, el último informe de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que coloca a Puebla en el séptimo lugar con mayor sobrepoblación en penales, por debajo de del estado de México, con 144.4 por ciento; Nayarit, con el 140,2 por ciento; Hidalgo, con 108.1 por ciento; Morelos y Jalisco con el 81 y 80. 5 por ciento, respectivamente; y el Distrito Federal, con el 75.3 por ciento.
Lo anterior, gracias a que el Centro de Reinserción Social de Tepeaca fue el más sobrepoblado a nivel nacional en 2014, mientras que los de Atlixco y San Pedro Cholula se ubicaron en el octavo y en el onceavo peldaño, respectivamente.
En el informe de la CNS se explicó que la capacidad de la cárcel distrital de Tepeaca es de 46 internos, sin embargo conviven actualmente 276 reos, lo que arrojó un excedente del 500 por ciento, equivalente a 230 reclusos más.
Aunado a las anteriores, existen otras prácticas que coadyuvan a incrementar la crisis de los Ceresos en Puebla como lo son: que no existe clasificación entre procesados y sentenciados en dormitorios y en áreas comunes; personal de seguridad y custodia insuficiente, para traslados, cubrir las ausencias, vacaciones e incapacidades y gran deficiencia en cuanto al suministro del equipamiento; insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo; condiciones deficientes, materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos, como dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor, etc.
Pero sobre todo no existen procedimientos para la remisión de quejas, de violación a los derechos humanos, por parte de los internos ante la instancia competente, en caso de que sean presentadas.
Por lo anterior, podemos entender el porqué de las 225 quejas presentadas ante el organismo local encargado de la protección de los derechos humanos relacionadas con el sistema penitenciario poblano, solo se haya emitido una recomendación en el 2015, según evidencía el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del mismo año.
Con tal crisis del sistema penitenciario, no podemos siquiera pensar en la existencia de un sistema de reinserción social optimo, que permita al sujeto activo de una conducta delictiva, reintegrarse a la sociedad con todas sus capacidades en plenitud, ya que con lo padecido dentro de un Cereso poblano, a lo único que puede aspirar es a obtener el título de delincuente profesional emitido por la Universidad del Delito, el sistema penitenciario.
